Madrid (España), viernes 25 de abril de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Los extranjeros ya constituyen una mayoría con el 55,23 % de los condenados en España en delitos graves. VOX exige la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos y denuncia un gasto de 750 millones de euros en su mantenimiento en prisiones.
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para garantizar la expulsión de los extranjeros que cometen delitos en España.
La iniciativa, presentada para su debate y votación en la Comisión de Interior, vincula el aumento agudo de la criminalidad con la inmigración masiva y el «efecto llamada» promovido por el actual Gobierno.
En su exposición de motivos, VOX destaca que, pese a representar el 14,06 % de la población, los extranjeros acumularon el 30,93 % de las penas de prisión en 2024. Esta cifra se dispara en el caso de los delitos graves, penas superiores a 5 años, donde los extranjeros ya constituyen una mayoría con el 55,23 % de los condenados.
Además, VOX denuncia que el mantenimiento de la población reclusa extranjera en España supone un coste inasumible para las arcas públicas, estimando un gasto total de casi 750 millones de euros en 2025.
VOX critica que, debido a la reforma del Código Penal de 2015 y al uso del concepto jurídico indeterminado de «arraigo», las expulsiones judiciales han caído drásticamente. En 2024, se ejecutaron apenas 1.338 condenas de expulsión frente a casi 23.000 casos susceptibles de ella, lo que representa menos de un 6 %.
El partido acusa a la administración de una «dejación crónica de funciones» con la intención de aumentar la población extranjera sin importar las consecuencias para la seguridad.
Por ello, el GP VOX insta al Gobierno a:
1. Reformar el artículo 89 del Código Penal para asegurar que cualquier extranjero condenado a pena de prisión o varias penas menores sea expulsado del territorio nacional.
2. Cumplir la legislación penal y de extranjería. En este sentido, ejecutar todas las órdenes de expulsión pendientes para garantizar la seguridad de los españoles, la integridad de las fronteras y la aplicación íntegra del ordenamiento jurídico.
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3. Incrementar el periodo de prescripción del régimen sancionador de la Ley de Extranjería para asegurar que las infracciones no queden impunes.
4. Publicar, a través del Ministerio del Interior, el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad, a fin de garantizar la transparencia y que los españoles puedan conocer las consecuencias reales de la inmigración masiva.
5. Reforzar el marco jurídico de cooperación internacional en materia de ejecución de sentencias penales, a fin de que las personas condenadas que sean nacionales de otros Estados cumplan las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen, promoviendo y suscribiendo los tratados y convenios internacionales que resulten necesarios al efecto.