Los golpistas del Procés reclaman su semilibertad hasta que el tribunal Supremo se pronuncie

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 14.10.2019. El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Asimismo, condena por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación. Captura pantalla de imágenes vídeo de rtve. Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Los golpistas del proceso separatista en Cataluña: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han pedido a la juez que, una vez ha avalado el tercer grado (semilibertad) que les concedió el Gobierno de la Comunidad autónoma de Cataluña del presidente Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, revoque su decisión de mantener suspendida cautelarmente su semilibertad hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Barcelona (España), viernes 21 de agosto de 2020.

Así lo sostienen Sànchez, Rull y Turull en tres recursos de reforma, a que ha tenido acceso Efe, que han interpuesto ante la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, que el pasado miércoles avaló el tercer grado a los siete golpistas separatistas presos en la cárcel de Els Lledoners, aunque mantiene la suspensión cautelar de su ejecución a la espera de lo que resuelva el Supremo.

La defensa de Sànchez, Rull y Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, alerta a la juez de que la suspensión cautelar de su tercer grado “carece de cobertura legal”, entre otros motivos porque la Fiscalía no ha recurrido por ahora su resolución ratificando la progresión a la semilibertad que el Gobierno de la Comunidad autónoma de Cataluña concedió de los presos del procés.

Por este motivo, entiende que, una vez la juez ha desestimado el recurso de la Fiscalía en contra de la decisión del Gobierno de la Comunidad autónoma de Cataluña la medida cautelar que a finales de julio dejó en suspenso su semilibertad —y por la que los siete presos en Lledoners no pueden salir desde entonces del centro penitenciario—, “debe alzarse sin más, pues ya no existe base legal para su mantenimiento”.

Para la defensa, sólo cuando la Fiscalía recurra en apelación ante el Supremo el aval de la juez al tercer grado, si finalmente así ocurre, habría base para poder aplicar la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para suspender cautelarmente su semilibertad hasta que se pronuncie el alto tribunal.

“Carece de todo sentido negar la ejecutividad de una resolución como es la confirmación de la progresión a tercer grado a expensas de un futurible, que no sabemos si sucederá o no”, argumentan los recursos.

En sus escritos, Pina suscribe en su integridad “los brillantes razonamientos de fondo” esgrimidos por la magistrada para ratificar el tercer grado de los presos del proceso separatista internos en Els Lledoners y remarca que, en caso de regresar a un régimen de semilibertad, no tendría que haber “temor alguno” porque la propia juez ya ha valorado la “nula peligrosidad” de huida y reiteración delictiva.

En el auto en que ratificó el tercer grado de los presos del proceso separatista, la juez de vigilancia penitenciaria afeó a la Fiscalía que pretenda dar un “castigo ejemplar” con su oposición a todas sus salidas y beneficios penitenciarios y advirtió de que es “decimonónico” plantear que se deban reconocer culpables y que su condena es merecida.

En sus escritos, Sànchez, Rull y Turull insisten en que la juez acordó la suspensión cautelar de su tercer grado sin base legal porque la LOPJ lo prevé únicamente en los casos en que la Fiscalía recurra en apelación el aval judicial a la progresión de los presos, pero no cuando impugna una resolución administrativa, como ocurrió en este caso.

Este mismo argumento es el que blandió el pasado 30 de julio el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña, que a diferencia del 5 acordó mantener el tercer grado a la expresidenta del parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell Lluís (ERC) y a la exconsejera Dolors Bassa (ERC).

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