Los niños que llegan a Cataluña durante el curso en la casi totalidad son inmigrantes

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FOTOGRAFÍA. CATALUÑA (ESPAÑA), SEPTIEMBRE DE 2019. La plataforma 'Escuelas contra la Segregación' ha exigido al departamento de Educación de la Generalitat que mientras no entre en vigor el nuevo decreto de admisión, los alumnos que lleguen a Cataluña cuando ya ha comenzado el curso no vayan a los Centros de Máxima Complejidad (CMC) y los asuman el resto de escuelas públicas y concertadas. Efe

Efe – La plataforma ‘Escuelas contra la Segregación’ ha exigido al departamento de Educación de la Generalitat que mientras no entre en vigor el nuevo decreto de admisión, los alumnos que lleguen a Cataluña cuando ya ha comenzado el curso no vayan a los Centros de Máxima Complejidad (CMC) y los asuman el resto de escuelas públicas y concertadas. Barcelona (España), lunes 23 de septiembre de 2019. 

El portavoz de la plataforma, Bernat Ferrer, ha urgido en una entrevista con Efe que “para empezar a equilibrar a los alumnos” los CMC “ya no reciban más ‘matrícula viva'”, que es la de los niños que llegan a Cataluña durante el curso y que en la casi totalidad son inmigrantes.

“Hay que blindar a los CMC, que son el eslabón más débil del sistema educativo mientras no se apruebe el decreto que Educación está preparando para distribuir al alumnado de una manera más justa y equilibrada”, ha añadido Ferrer.

Está previsto que el nuevo decreto para regular la admisión de alumnos se apruebe a principios de 2020, según anunció el pasado mes de mayo el conseller de Educación, Josep Bargalló.

Fuentes del departamento de Educación han confirmado a Efe que los inspectores “han recibido orientaciones para reducir a lo máximo posible o anular la matrícula viva en los CMC, mientras el decreto de admisión que se está preparando no entre en vigor”, por lo que los CMC “pueden estar tranquilos”.

A la espera del decreto, las mismas fuentes de la consellería reconocen que no puede “dar órdenes sobre una norma que no existe”.

Desde el departamento que dirige Bargalló han insistido en que “la intención de Educación es luchar contra la segregación y proteger a los CMC”, por lo que “eliminar la matrícula viva es una de las medidas que formarán parte del nuevo decreto, se tiene que empezar a aplicar, y así lo hemos trasladado a la inspección educativa”.

La petición de la plataforma viene a raíz de las reacciones de varios inspectores de Educación en las comisiones de garantías de admisión del alumnado en las que han afirmado “no tener ninguna directiva para frenar la matrícula viva en los CMC” y que “nos han hecho saltar las alarmas”, ha alertado Ferrer.

Estas comisiones están formadas por inspectores de Educación, representantes municipales, familias y direcciones de centros educativos públicos y concertados de cada municipio para velar por la transparencia en el proceso de matriculación.

Ferrer ha insistido en que “valoramos las intenciones”, pero “recelamos de la puesta en práctica de las medidas” porque “llevamos demasiados años siendo el hermano pobre del sistema educativo” y “existe una inercia de funcionamiento difícil de revertir”.

Otro de los problemas de los CMC es “la escasa fuerza de las familias” ya que en algunas “ni existe asociación de padres”, con lo que “nos cuesta agruparnos para defender nuestros derechos” y “nuestra voz no se escucha”, ha lamentado Bernat Ferrer.

Conseguir un alumnado heterogéneo y equilibrado para todos los centros es el objetivo del Pacto Contra la Segregación Escolar, que nació el pasado mes de marzo de 2019 impulsado por el Síndic de Greuges.

Unos de los agentes firmantes del pacto son las patronales de las escuelas concertadas, que “deberán contribuir a la redistribución de alumnado y, por tanto, asumir parte de los alumnos que llegan a Cataluña durante el curso”.

Por ello, el portavoz de la plataforma ha pedido que la red concertada “se moje ya y empiece a asumir a estos alumnos que llegan a Cataluña durante este curso” y que “no sea necesario esperar a la pre-inscripción del 2020-21”.

En Cataluña, la Generalitat tiene detectadas unas 300 escuelas e institutos que se consideran de máxima complejidad por encontrarse en entornos sociales y económicos desfavorecidos.

El Pacto contra la Segregación Escolar cuenta con la adhesión de 25 entidades del ámbito educativo y la inmensa mayoría de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como sociedad, “articulamos un discurso hipócrita, aseguramos que queremos acoger, pero no escolarizamos” ha criticado Ferrer, que ha puesto “en duda” la implicación de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación ya que “se mantienen bastante al margen” y “parece que en parte firmaron el Pacto para salir la foto”.

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