Los padres de Nadia, niña con una enfermedad rara, estafaron más de “300 mil euros”

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Imagen tomada de vídeo de la comisaría de los Mozos de Escuadra en La Seo de Urgel (Lérida), donde se encuentra detenido Fernando Blanco, el padre de Nadia, la niña de 11 años afectada de una enfermedad rara, acusado de un delito de estafa, a la espera de pasar a disposición judicial. Archivo Efe.

Agencias – Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Marga Grau, están siendo investigados por un delito de estafa al solicitar dinero a través de las redes sociales y de medios de comunicación para supuestos tratamientos de su hija, que sufre una enfermedad rara, y cuyo destino está en tela de juicio. Barcelona (España), viernes 9 de diciembre de 2016. Fotografía: Imagen tomada de vídeo de la comisaría de los Mozos de Escuadra en La Seo de Urgel (Lérida), donde se encuentra detenido Fernando Blanco, el padre de Nadia, la niña de 11 años afectada de una enfermedad rara, acusado de un delito de estafa, a la espera de pasar a disposición judicial. Archivo Efe.

Ambos niegan haber estafado con las donaciones, que según algunos medios ascenderían a unos 300.000 euros desde 2009, aunque sí han admitido haber exagerado partes de su relato.

Vídeo en facebook: ASOCIACION NADIA NEREA PARA LA TRICOTIODISTROFIA Y E.R.

El titular del juzgado de instrucción 1 de la Seo de Urgel –un municipio español en la provincia de Lérida, situada en los Pirineos catalanes, capital de la comarca del Alto Urgel, cabeza del partido judicial, sede del Obispado de Urgel– lleva el caso de estos padres, que residen en Fígols i Alinyà (Lleida), y que anoche fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra.

El padre sigue en la comisaría de La Seo, y no está previsto que hoy pase a disposición judicial, y la madre fue puesta en libertad de madrugada; durante esas horas de la noche, la niña ha estado a cargo de unas personas de confianza de la familia.

Mientras los padres eran detenidos por la policía autonómica, el juez ordenó un registro de la vivienda familiar en el cual él estuvo presente.

El Fiscal Jefe de Lérida, Juan Boné, justificó la detención de los padres de la niña porque, en las últimas 48 horas, se desconocía el paradero de Fernando Blanco y públicamente había dado diferentes versiones sobre dónde se encontraba.

Cabe recordar que el padre se comprometió a ofrecer una rueda de prensa ayer, pero finalmente no la convocó.

También se había comprometido a participar en el programa de Antena 3 “Espejo Público” y tampoco se presentó, aunque su mujer, Marga Garau, sí intervino por teléfono en ese mismo programa.

Ambos niegan haber estafado con las donaciones, que según algunos medios ascenderían a unos 300.000 euros desde 2009, aunque sí han admitido haber exagerado partes de su relato.

Fuentes próximas a la fiscalía consultadas por Efe han asegurado que aprecian indicios de delitos de estafa en el caso, aunque no ven riesgo inminente para la menor, por lo que no se inclinan por solicitar medidas cautelares.

En cualquier caso, la fiscalía estudiará mañana las diligencias practicadas por los Mozos de escuadra (policía autonómica española en Cataluña) y decidirá si finalmente solicita o no medidas urgentes.

El caso de Nadia ha tenido, desde el pasado mes de noviembre, repercusión en varios medios de comunicación y las redes sociales que los padres han utilizado para pedir dinero para supuestos tratamientos de su hija.

Entre otras medidas, el juez ha acordado inmovilizar las cuentas bancarias de los padres, para intentar averiguar si el dinero se ha destinado a la curación de la menor, aunque también pretende determinar exactamente cuáles son las condiciones de salud de la pequeña.

Además, el juez ha retirado el pasaporte de Nadia a sus padres, de forma que la pequeña no puede salir al extranjero sin autorización.

Además, el magistrado quiere que la fiscalía se pronuncie sobre si es oportuno o no plantear medidas civiles en relación con la tutela o el cuidado de la menor.

En concreto, las medidas civiles van desde la tutela de la menor hasta tratar aspectos sobre su manutención, residencia, comunicación, tratamientos médicos o para asegurar su educación, entre otros, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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