Los peritos opinan sobre la malversación en el «Procés»

Lasvocesdelpueblo
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), TRIBUNAL DEL PROCÉS, 23.05.2019. Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo. Vista general de la sala del Tribunal Supremo, durante la cuadragésimo sexta sesión del juicio del "procés" con los informes de los peritos. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – No sin resentimiento, la Fiscalía ha renunciado a un testimonio que estaba transcurriendo con multitud de intervenciones de las defensas y con ciertas dudas del tribunal cuando se adentraba en un terreno de análisis que excedía la figura de “testigo experto” y no perito por la que había sido citado. Madrid (España), viernes 24 de mayo de 2019. 

Cuatro expertos han protagonizado un careo pericial sobre si se puede valorar económicamente la cesión de los colegios el 1-O: mientras los de las acusaciones consideran que sí y lo cifran en 900.000 euros, los de las defensas contraponen que no al ser inmuebles fuera del mercado inmobiliario.

El tribunal ha escuchado la pericial de las acusaciones “sobre la valoración de los locales empleados como centros de votación”, que se ha realizado de manera simultánea con la contrapericial propuesta por la exconsellera Dolors Bassa “sobre el posible valor de uso por arrendamiento”.

Se trata de una prueba clave para las acusaciones porque el valor de uso de estos inmuebles forma parte de, en su opinión, los fondos supuestamente malversados por la Generalitat.

Las periciales de los locales ha discurrido como un careo entre los expertos de acusaciones y defensas que han dejado claro de inicio sus divergencias en la forma y fondo del análisis.

La discrepancia está en si se puede valorar económicamente los locales públicos habilitados como centros de votación, porque los de las acusaciones dicen que tienen “un valor potencial de uso” que según los técnicos de las defensas es cero, ya que son edificios fuera del mercado inmobiliario y no existe la posibilidad de alquiler ni lucro cesante.

Y aunque los de las acusaciones han admitido que los colegios son bienes excluidos del mercado inmobiliario, han precisado casos como los recintos portuarios que se usan de manera privada de forma especial y cuyo canon se calcula comparando esos inmuebles con el mercado privado pero empleando “tasa razonable de mercado”.

Pero las defensas han argumentado que al tratarse de inmuebles fuera del mercado “no dan lugar a una contraprestación” de manera que “el servicio que se hizo el día de autos no está sujeto a tasas o precios públicos”.

Tanto es así que han calificado la pericial de “mero ejercicio teórico para llegar a un valor” y de “ejercicio académico” al ser imposible tener un valor de mercado de estos edificios.

Al margen del fondo del asunto, los peritos de las defensas han discrepado abierta y constantemente sobre la metodología del análisis de los otros expertos al reprocharles que han valorado la superficie total de los inmuebles y no la parte destinada a la votación, lo que da lugar a “errores de apreciación” porque “es imposible que se destine todo a un uso electoral” al hacer referencia a una escuela de 73.000 metros cuadrados en la que solo se usaron 500.

Y también porque el informe menciona el uso de los colegios durante 24 horas cuando “ningún proceso electoral dura” tanto.

Por otra parte, una de las declaraciones más esperadas, la del análisis de la documentación intervenida en los despachos de Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, y del exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluis Salvadó, finalmente ha quedado en nada.

Primero porque uno de los agentes de la Guardia Civil, el jefe del registro el 20-S, ya había declarado como testigo, lo que ha obligado al tribunal a renunciar a él, y después porque el otro ha terminado explicando documentos que, según las defensas, no constaban en la causa.

No sin resentimiento, la Fiscalía ha renunciado a un testimonio que estaba transcurriendo con multitud de intervenciones de las defensas y con ciertas dudas del tribunal cuando se adentraba en un terreno de análisis que excedía la figura de “testigo experto” y no perito por la que había sido citado.

Sí se han celebrado el resto de periciales, como la de los dos médicos a propuesta de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han concluido que de los 101 agentes heridos el 1-O, solo 60 tienen parte médico y de éstos, 33 refirieron agresiones. El resto hablaron de contusiones o erosiones, si bien no han podido definir la etiología de las lesiones al no haber sido testigos de los hechos.

O la de la presidenta de la comisión de gramática del Centro de Estudios Catalanes para dar cuenta de manera muy técnica de un error que detectó en la traducción de un informe de los Mossos.

La filóloga ha argumentado que la frase en catalán “L’1 d’octubre de 2017 s’ha de celebrar el referèndum” debe traducirse por “el 1-O se va a celebrar el referéndum” y no por “el 1-O se ha de celebrar el referéndum”, como se hizo.

También dos peritos informáticos solicitados por Dolors Bassa han validado la autenticidad de 13 correos en los que desde el departamento de Trabajo se daba a “más de un centenar” de responsables de centros la “recomendación” de cumplir con las indicaciones de la autoridad judicial, mientras otros indicaban la limitación horaria de las actividades lúdicas organizadas en colegios hasta las 6 de la mañana del 1-O.

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