Vitoria, viernes 23 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- Un desahucio legal ejecutado en el barrio de Sansomendi, en Vitoria, para restituir la única vivienda a su legítimo propietario —declarado oficialmente persona vulnerable desde 2021— ha degenerado en graves altercados provocados por colectivos de la extrema izquierda. La intervención policial se ha zanjado con dos detenidos, 58 personas identificadas y 19 agentes de la Ertzaintza heridos tras ser atacados por los manifestantes con botellas, petardos y bolsas con orines. El operativo responde a la finalización del contrato de alquiler de una familia inmigrante magrebí que se negaba a abandonar el inmueble, mientras el dueño se ha visto obligado a buscarse la vida durante años.
La escena se desarrolla en el exterior de un edificio de ladrillo visto donde destaca en uno de los ventanales superiores una pancarta colgada con un cartel propagandístico que reza: «PSOE, ¿DÓNDE ESTÁ LA ALTERNATIVA?»
El lanzamiento judicial se ha llevado a cabo durante la mañana de este viernes en una vivienda cuyo contrato de arrendamiento se encontraba vencido. El inmueble pertenece a un ciudadano declarado en situación de vulnerabilidad acreditada mediante informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria desde el año 2021. Pese a tratarse de su única propiedad y de requerirla indispensablemente para residir en ella, el propietario ha tenido que soportar un dilatado proceso de inquiokupación mientras los ocupantes continuaban en el domicilio alegando falta de alternativas.
La comitiva judicial acudió acompañada por efectivos de la Policía Local y la Ertzaintza, viéndose obligada a solicitar refuerzos procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa ante la violenta oposición organizada por el denominado Sindicato Socialista de Vivienda. Según el Departamento vasco de Seguridad, los radicales agredieron a las fuerzas del orden lanzando objetos contundentes, petardos y bolsas con orines, lo que motivó el uso de material antidisturbios para disolver los disturbios. Los altercados se saldaron con dos varones arrestados por atentado a la autoridad y desórdenes públicos, además de daños materiales en vehículos aparcados y contenedores volcados.
Por su parte, las organizaciones de ultraizquierda han denunciado las cargas policiales e intentan presionar a la administración local tras rechazar la oferta del consistorio de realojo en el albergue municipal. Los colectivos afirman que dicho recurso no se adecúa a las necesidades de la familia magrebí, exigiendo soluciones habitacionales prioritarias frente a la situación del propietario legítimo, quien ha permanecido desprotegido durante cinco años.
Emergencia habitacional, desahucios y presión migratoria en España
La problemática de la okupación e inquiokupación en España se enmarca en una preocupante dinámica judicial e inmobiliaria. Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el año 2023 se han registrado en los juzgados españoles más de 50.000 ejecuciones de lanzamientos. La inmensa mayoría de estos procedimientos, que rondan cerca del 75 % del total, corresponden a procesos derivados de contratos de arrendamiento e impagos, reflejando cómo la inseguridad jurídica afecta directamente a los pequeños propietarios que dependen de sus inmuebles para subsistir.
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Paralelamente, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el saldo migratorio en España ha mantenido un crecimiento sostenido, sumando entre los ejercicios 2023, 2024 y los registros más recientes de 2025 y 2026 un saldo positivo superior a 1,8 millones de personas procedentes del exterior. Este notable incremento poblacional genera una presión constante sobre los servicios de asistencia social y los recursos residenciales de los municipios, que se ven sobrepasados ante la demanda de cobertura asistencial.
En contraste con la llegada de población extranjera, el ritmo de construcción de nueva vivienda en España ha resultado insuficiente para absorber las necesidades del mercado. Los datos del sector inmobiliario revelan que entre 2023 y octubre de 2026 se han finalizado en torno a 300.000 viviendas de obra nueva en todo el territorio nacional. Esta escasez de oferta, unida a la falta de garantías legales frente a los fenómenos de okupación, perpetúa el colapso del acceso a la vivienda y consolida la indefensión de los propietarios golpeados por la inquiokupación.