Efe – Dada la envergadura del caso se ha acordado que el juicio se divida en doce piezas que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa. Álava (España), sábado 6 de enero de 2018. Fotografía: El presdente en funciones de la comunidad autónoma española del País Vasco, Íñigo Urkullu (i), y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (d), durante un acto separatista del PNv con panderas separatistas legalizadas. Archivo Efe.
Este lunes arranca en la Audiencia Provincial de Álava el macrojuicio por presunta corrupción más importante instruido en el País Vasco, el conocido como «caso de Miguel», una supuesta trama delictiva en la que están imputados exaltos dirigentes del PNV alavés.
Un total de 26 personas están procesadas en esta causa, entre ellas el que fuera número dos del PNV en Álava y diputado de Administración Local en esa provincia cuando estalló el caso, Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía reclama más de 54 años de cárcel por liderar supuestamente una trama de cobro de comisiones ilegales.
Junto a él se juzgará a otros dos exmiembros del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, a quien fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; al expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y a la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
La Fiscalía mantiene que De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.
El origen de este procedimiento fue la denuncia que en diciembre de 2009 presentó la abogada Ainhoa Alberdi contra De Miguel y Tellería cuando estos supuestamente le exigieron una comisión de 100.000 euros tras adjudicar a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
Ocho años y un mes después de esa denuncia, el lunes arranca un macrojuicio en el que la Fiscalía pide penas de cárcel que suman más de 440 años y en el que están fijadas más de 100 sesiones y citados 150 testigos y peritos. El objetivo es que el caso esté visto para sentencia el 25 de octubre.
Dada la envergadura del caso se ha acordado que el juicio se divida en doce piezas que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa.
En la causa también está personado el Gobierno Vasco, que no pide cárcel sino un resarcimiento económico a varios acusados.
La defensa de De Miguel solicita la absolución de su defendido y en su escrito ha censurado el «relato fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal imputa a De Miguel 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, y le sitúa al frente de la trama delictiva junto a los otros dos exmiembros de la ejecutiva del PNV alavés (Tellería y Ochandiano). En el grupo central también aparecen las esposas de los tres y la hermana del principal acusado.
La Fiscalía establece que esta trama pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4 %.
En el ámbito político, esta causa provocó la dimisión de De Miguel como diputado foral y también que el entonces presidente del partido y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, emplazara a los militantes imputados a que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido del caso.
Además se creó una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que en 2012 aprobó un dictamen, con el voto favorable de todos los grupos menos el PNV, en el que se atribuían responsabilidades políticas a excargos nacionalistas.
De Miguel ha reiterado siempre su inocencia y ha mantenido que no hay «ni una sola prueba» que demuestre el enriquecimiento personal ni colectivo de ninguna de las personas encausadas, ni directo ni a favor de otras personas o entidades.
