Mantienen la petición de 19,5 años de cárcel para Urdangarin y 8 años para su mujer Cristina

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La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, a su llegada a la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma para asistir a la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El sindicato español que seguirá hasta final con la buena acusación popular en el Caso Nóos, Manos Limpias, mantiene la solicitud de ocho años de prisión para la infanta Cristina de Borbón por su participación en la trama corrupta de su marido Iñaki Urdangarín. Cristina de Borbón y los otros 16 acusados asisten este viernes a las conclusiones. Para su marido, el jefe de la banda del Instituto Nóos, la fiscalía general del Estado mantiene 19 años y medio de cárcel. Y 16 años y medio para su ex socio en la banda, Diego Torres. Palma (España), viernes 10 de junio 2016. Fotografía: La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, a su llegada a la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma para asistir a la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos. Efe.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su ex socio, Diego Torres en el caso Nóos, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.

El representante del Ministerio Público, Pedro Horrach, según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press, ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.

Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron «una maraña de facturación ficticia» para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».

Pide ocho años de cárcel para los ex altos cargos valencianos

El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición.

En concreto, rebaja la petición de cárcel de once a cinco años para el expresidente del Govern Jaume Matas; también la rebala para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Ángel Bonet.

Horrach mantiene su petición de penas para los ex altos cargos valencianos procesados en el caso: el exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón; los exdirectores gerentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y para la exresponsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado.

Para cada uno de ellos reclama ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. El exteniente de alcalde de Valencia y expresidente de la Fundación Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, se sienta en el banquillo por la acusación del PSPV, que reclama once años de cárcel. Por último, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Manos Limpias mantiene la petición de ocho años para la infanta

Mientras, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la infanta Cristina en el caso Nóos, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, presuntamente habría cometido.

Manos Limpias, según fuentes del caso recogidas por Europa Press, considera que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena para la infanta puesto que la hermana del rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.

Para justificar su solicitud de ocho años de cárcel para la infanta, cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda cometidos presuntamente por su esposo, a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50%, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

La utilización de Aizoon como agravante

De hecho, sostiene que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

El sindicato reclama asimismo para la infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años.

La abogada mantiene intacto, de este modo, el escrito de calificación que presentó antes de que el juez José Castro abriera juicio oral contra la exduquesa y los otros 16 acusados de la causa.

«Necesaria intervención» de la infanta

La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin, que asciende a un total de 337.138 euros, «nunca hubiera podido tener lugar» sin la «necesaria intervención» de Cristina de Borbón.

«La infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma», abunda en su escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.

La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades ‘pantalla’ que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban.

En este contexto, Manos Limpias sostiene que Aizoon fue creada «con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación como entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás el Instituto Nóos», además de utilizarse para facturar los «hipotéticos servicios personalísimos» prestados por Urdangarin a diversas entidades privadas, «sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba obligado a realizar».

Conclusiones de las acusaciones

La infanta, Urdangarin y los otros 15 acusados en el caso Nóos han vuelto este viernes a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma para escuchar las conclusiones de las seis acusaciones en el juicio. La infanta y su marido han llegado a las 10:39 horas a la sede del juicio que ha comenzado a las 11:00 horas.

El proceso, que comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas, alcanza su quincuagésimo quinta sesión, en la que deben presentar las conclusiones las seis acusaciones, que formulan la calificación jurídica de los hechos que se han juzgado y definen los delitos de los que acusan a cada procesado y las penas que solicitan al tribunal que les impongan.

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, las abogacías de Baleares y la Comunidad Valenciana, el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia dan a conocer al tribunal sus conclusiones en relación con cada uno de los acusados.

Los días posteriores, a partir del 15 de junio, todas las partes expondrán sus informes, se celebrará el trámite de última palabra de los acusados y el juicio quedará visto para sentencia, en una fecha que dependerá del tiempo que se prolonguen los informes pero que en cualquier caso será antes del 30 de junio, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los acusados, que han estado exentos de asistir al juicio durante las fases testifical y pericial, deberán estar presentes en la sala los días de las conclusiones, este viernes y el martes, así como durante la última palabra, que será en fecha aún por determinar.