Madrid (España), viernes 15 de mayo de 2026 (Lasvocesdlepueblo y Agencias).- «No he cometido ningún delito». La defensa de María Cristina Álvarez Rodríguez (Cristina Álvarez), asesora de la mujer del presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), y a quien el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, propone sentar frente a un jurado popular ha remitido al magistrado un escrito de defensa en el que tilda de «disparata» las acusaciones populares, VOX, Hazte Oír, Manos Limpias, entre otras: «No ha cometido ningún delito, es una acusación exclusivamente política».
En el escrito, de 32 páginas y al que he tenido acceso Efe, remitido al juez Peinado, la defensa de María Cristina Álvarez Rodríguez insiste en el sobreseimiento de la causa después de que el magistrado rechazara el pasado 5 de mayo los recursos que pedían archivar la investigación y arremete contra el escrito de acusación formulado por las acusaciones populares.
Esta solicita ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años por un delito de malversación; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.
Auténticas barbaridades jurídicas
La defensa de María Cristina Álvarez Rodríguez considera que las acusaciones populares «retuerce» el derecho penal y comete «auténticas barbaridades jurídicas» como calificar como tráfico de influencias el nombramiento de personal eventual de confianza o acusar de apropiación indebida sobre un bien inmaterial.
Además, María Cristina Álvarez Rodríguez denuncia el «disparate» de que Manos Limpias, una de las organizaciones que integran la acusación popular unificada pida la absolución de Álvarez y lleve tiempo presentando escritos y recursos pidiendo separarse del resto de acusaciones porque considera que su cliente no ha cometido ningún delito.
«Aunque fueran ciertos, los hechos no reúnen los elementos de ninguno de los tipos para ser considerado delito», esgrime el escrito, que apunta a la «desmesura» de las penas solicitadas y el «desproporcionado» número de testigos (120) que se proponen, la mayoría sin relación con los hechos.
La «intención» continúa, es alargar al máximo la duración del juicio para obtener un mayor rédito político de su desarrollo. «La estrategia es evidente: alargar el juicio el tiempo necesario para que coincida con un proceso electoral, incluso la acusación sobre hechos que están fuera del perímetro de la causa».
El escrito lamenta que la «única» intencionalidad de las organizaciones políticas que integran la acusación popular es obtener un rédito político de un juicio «mediático», sin importarle que el juicio verse sobre hechos atípicos.
Hazte Oír se adhiere parcialmente a un recurso de Begoña Gómez
Por su parte, en un escrito presentado por Hazte Oír al que ha tenido acceso Efe, esta asociación que dirige la acusación popular pide al magistrado Juan Carlos Peinado adherirse parcialmente al recurso de la defensa de Begoña Gómez presentado el pasado miércoles por una cuestión «estrictamente procesal».
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Así, Hazte Oír coincide con la queja formulado por Antonio Camacho, letrado de Gómez, para que Peinado suspenda su decisión de pedir los escritos de acusación y defensa a las partes mientras no se haya completado la diligencia testifical cuya práctica viene acordada por la Audiencia Provincial de Madrid.
«Acogemos esta argumentación y parcialmente lo solicitado, para evitar nuevos recursos dilatorios de las defensas, y no por el pleno convencimiento procesal o material de la vulneración de derecho alguno», deja claro en su escrito Hazte Oír.