Madrid (España), miércoles 20 de mayo de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La secretaria de del imputado José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias en la organización criminal, según el juez instructor de la causa.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ordenó que se interviniera el móvil y los dispositivos electrónicos a la secretaria del expresidente del Gobierno de España y exsecretario general del Partido Socialista (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, y autorizó que se le practicase incluso un registro corporal para evitar que estos se pudieran perder, alterar o destruir.
El juez José Luis Calama, que investiga el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en los 53 millones de euros que recibió del Estado la aerolínea Plus Ultra en 2020, explicaba en el auto conocido ayer martes que existen indicios relevantes de que María Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, «desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias».
Añade que es la usuaria principal de la cuenta de presidentezapatero@presidentezapatero.com, y «pieza clave de la coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera de la red» en cuya cúspide sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
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Esa «centralidad operativa» de Alcázar permite deducir, según el juez, que los dispositivos electrónicos de los que es usuaria habitual, «en particular su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, pueden contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos».
Por eso, en el marco del registro de la oficina del expresidente en la calle Ferraz que ordenó el martes, Calama pidió a los agentes que interviniesen y asegurasen esos dispositivos.
En ese contexto y amparándose en la ley de seguridad ciudadana, el magistrado autoriza «efectuar un registro corporal externo» a Alcázar para «intervenir su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo de información que porte en ese momento por ser necesarios para la práctica de diligencias de investigación y evitar la pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes».