Agencias – Más de 250 personas han participado en el juicio popular por el Proyecto Castor que ha impulsado el Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG) para reflexionar en torno a este caso y incidir en el justicia ordinaria para revertir la actual situación de pago de «deuda ilegítima y exigir responsabilidades sobre el desastre». Lérida (España), sábado 17 de junio de 2017. Fotografía: Lérida (España), 14 de mayo de 2017. (El Confidencial)-. Proyecto Castor, Castellón Gas natural. Un proyecto «innecesario y faraónico» que los más suspicaces califican de regalo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al empresario Florentino Pérez. Una instalación que antes de ser aprobada en 2008 ya empleaba técnicas obsoletas. Muchas son las incógnitas, sospechas e indignaciones que levanta el caso Castor, el quinto y más grande depósito de gas natural de España, hoy paralizado por la alarma social que originaron los 500 terremotos de 2012 y 2013. Estas son las claves de un fracaso técnico y político cuyas consecuencias, si la Justicia no lo remedia, pagaremos todos los españoles durante los próximos 30 años en nuestra factura del gas. Imagen de una de las manifestaciones de vecinos afectados por los seísmos en la costa de Castellón. (Efe)
Así lo han explicado los organizadores de la sesión, que ha tenido lugar en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.
También ha servido para denunciar que el juicio ordinario de este caso lleva desde 2014 parado y que «no se están atendiendo las demandas de justicia de la ciudadanía».
Entre los participantes en la jornada de este sábado han destacado el ex diputado y periodista David Fernández o varios miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras de la Sènia.
A pesar de que hace diez años que se inició el conflicto en torno al proyecto Castor, las heridas siguen muy abiertas y el
proceso judicial no se ha resuelto.
Así lo ha asegurado Blanca Vallès, miembro del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG), que indicó que el juicio popular de este sábado se enmarca en una estrategia global de la sociedad civil que quiere hacer reflexionar sobre esta polémica .
«No habrá una vinculación directa entre el veredicto de esta sesión y la justicia ordinaria pero si podremos abrir un periodo de reflexión para poder ir a los organismos competentes y evitar que puedan volver a tener tratos como el que se produjo en ese caso» , afirma Vallès.
Indemnización con 1.700 millones de euros a la constructora de Florentino Pérez (Real Madrid)
En este sentido indica que el objetivo es «poder incidir para que este tipo de casos corruptos no se vuelvan a reproducir y para evitar que las constructoras como ACS de Florentino Pérez puedan reproducir este mismo modelo», comenta.
La portavoz de la entidad añade que este tipo de modelos no tienen garantías y generan un impacto social y económico que no es bueno para la sociedad.
En esta línea asegura que seguirán trabajando para revertir la situación de «deuda ilícito» que todos los ciudadanos del Estado están pagando por indemnizar con 1.700 millones de euros a la constructora de Florentino Pérez.
ODG ha calculado que la ciudadanía habrá pagado más de 3.420 millones de euros en 30 años si se suman los intereses
«Se ha ido alargando y se ha caracterizado de complejo, lo que aún ha dilatado más el proceso»
Asimismo, Vallès lamenta que el juicio ordinario para este caso esté parado desde el año 2014 y reclama celeridad.
«Se ha ido alargando y se ha caracterizado de complejo, lo que aún ha dilatado más el proceso», explicó la miembro de ODG que ha dicho que no se está dando respuesta a la demanda de justicia que reclama la ciudadanía.
Reclaman indemnizaciones Por su parte, Joan Ferrando portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras de la Sènia, indicó que aunque el gobierno del Estado haya decidido que el proyecto del depósito de gas de la instalación Castor «no entrará en funcionamiento después de los más de 500 terremotos», el colectivo quiere que se desmantele la plataforma y que se indemnicen las personas que han sufrido este desastre.
«Hay muchas fincas que están afectadas por servidumbres y que ahora que ya no operará el gasoducto no tienen porque seguir en esta situación», comenta Ferrando que añade que muchos ciudadanos arrastran «daños emocionales».
Por todo ello el portavoz de la Plataforma ha anunciado que próximamente presentarán una demanda para exigir indemnizaciones económicas.
Aunque no ha querido concretar de qué cifra estaría hablando si que ha avanzado que hasta que no se resuelva el juicio penal pendiente no podrá ser efectiva esta demanda que debe resolverse por la vía civil.
El tribunal del Caso Castor
El Tribunal Popular del juicio que se ha celebrado este sábado, 17 de junio de 2017, ha sido formado por Miren Etxezarreta Zubizarreta, presidenta del Tribunal y profesora emérita de la UAB; David Fernández Ramos, periodista y ex diputado; Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona y presidente del Observatorio DESC;
También: Mónica Vargas (investigadora del Transnational Institute y David Bondia Garcia, profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la UB y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.
El apartado de testigos ha contado con miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, el geólogo Llorenç Planagumà Guardia, el periodista de la agencia catalana de noticias ACN y autor del libro ‘Castor, la burbuja sísmica’, Jordi Marsal; el especialista internacional en los impactos generados por grandes infraestructuras energéticas, Elena Gerebizza; y representantes del ODG.
