Efe.- Barcelona (España), martes 31 de agosto de 2021. Algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje que transcurren por Cataluña pasarán a ser gratuitos a partir de esta medianoche por el fin de las concesiones, reabriendo el debate sobre cuál debería ser el modelo de futuro del mantenimiento de estas vías rápidas.
Los cuatro tramos que se quedarán sin peaje, en las autopistas AP-2 y AP-7 -de titularidad estatal-, y C-32 Norte y C-33 -dependientes de la Generalitat-, cuentan con algunas de las barreras más antiguas y, durante décadas, han sido escenario de importantes atascos y de protestas de los movimientos antipeajes.
Todas esas imágenes quedarán atrás cuando el reloj marque la entrada del 1 de septiembre, momento en el que en Cataluña ya solo quedarán 120 kilómetros de pago, en la C-32 Sur, con los túneles del Garraf, y en la C-16, entre Sant Cugat-Terrassa-Manresa, con concesiones que no terminan hasta finales de la próxima década.
El levantamiento de algunas barreras se ha llegado a adelantar en algunos puntos unas horas y hacia las 20.00 horas los coches circulaban ya sin pagar en puntos como el peaje de La Roca, de la AP-7.
En concreto, pasarán a ser gratuitas la AP-2 en sus tramos Alfajarín (Zaragoza)-Mediterráneo y Tarragona-Barcelona, y la AP-7 entre la Jonquera y Salou (Tarragona), tramo en el que se encuentra el peaje de La Roca, uno de los más utilizado y que habitualmente concentra más colas.
El tramo que se libera de la AP-7 es el más extenso de los que serán gratuitos, lo que ha provocado el regocijo de sus principales usuarios, sobre todo de los transportistas.
Tanto la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, como el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, han elegido este peaje para pisar esta vía rápida y realizar una valoración política del fin de las concesiones.
La ministra se ha referido a una de las grandes incógnitas que se plantean: cómo se mantendrán las vías liberadas a largo plazo, y ha explicado que el Gobierno quiere aplicar un sistema basado en que paga el que usa y contamina, aunque ha dicho que éste «no tendrá nada que ver» con los peajes como los conocemos.
Sánchez ha abogado por «ser didácticos» y «asumir que si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga».
Tras calificar de «hito» el fin de los peajes que dependen del Estado en Cataluña, ha destacado que supondrá un ahorro de 752 millones de euros anuales para los conductores de Cataluña y de Aragón.
La Comisión Europea apremia, por su parte, para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y quien más contamina, y la Generalitat ha apostado históricamente por la viñeta -una suerte de tarifa plana-.
En respuesta a las ministra, Puigneró ha asegurado que las cifras de ahorro que ha dado son de «expolio» ya que responden al esfuerzo financiero realizado por los contribuyentes catalanes (662 millones al año, en su caso).
El vicepresidente del Govern ha exigido de nuevo al Gobierno el traspaso «inmediato» a la Generalitat de las autopistas de titularidad estatal y el «rescate» de los peajes que quedan en Cataluña para compensar este «expolio».
Entre los peajes que se desmantelan se encuentra el más antiguo de España, de 52 años de edad y situado en la actual C-32 Norte.
Otra de las incógnitas que plantea la nueva realidad de carreteras sin peajes es hasta que punto estas vías están preparadas para asumir el incremento de tráfico que se da por seguro que se producirá.
En el caso de la C-32 Norte, la Generalitat estima que absorberá buena parte de los vehículos que actualmente circulan por la N-II (que no es de pago): un 11 % entre El Masnou y Premià de Mar; un 2 % en Mataró; un 21 % entre Caldes d’Estrach y Arenys de Mar; y un 31 % en Santa Susanna.
Con la eliminación del peaje de la C-33 se pronostica que entre Barcelona y Mollet del Vallès esta vía ganará un 20 % de vehículos, procedentes de la C-17, y un 10 % en el tramo entre Mollet y Montmeló del Vallès.
Asimismo, el Ministerio de Transportes (Mitma) también calcula que el levantamiento de las barreras de los peajes en la AP-7 (entre Tarragona y la Jonquera) y la AP-2 (entre Zaragoza y El Vendrell) conllevará un aumento del tráfico procedente de vías cercanas.
Coincidiendo con el día del levantamiento de los peajes, la Generalitat ha adjudicado este martes el mantenimiento de la C-33 y C-32 Norte, que son de titularidad del Govern – la AP-2 y la AP-7 dependen del Estado- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia por un valor de 8,4 millones de euros.
Por su parte, Mitma licitó ya en abril siete contratos para la conservación y mantenimiento de la AP-7 y la AP-2 para cuando finalicen las concesiones, por un importe total de 137 millones de euros.
Este cambio en el mantenimiento se ha cobrado 340 puestos de trabajo de empleados de filiales de Abertis, que ya ha acordado un ERE con los sindicatos para el día después del fin de las concesiones.
El fin de los peajes reportará ahorros en los bolsillos de los usuarios, aunque conllevará pérdidas para los 132 municipios que hasta ahora recaudaban el IBI y que dejarán de ingresar 14,4 millones por este concepto, según datos de la Generalitat.
