Lasvocesdelpueblo y EFE – El presidente catalán, Artur Mas Gavarró, la consejera de Enseñanza Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega han pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplace las testificales y no acuerde más diligencias en la causa del golpe separatista catalán del pasado 9 de noviembre 2014 (9N) hasta que les hayan tomado declaración a ellos como querellados. <Fotografía: Artur Mas Gavarró (i), la ex-cepresidenta del gobierno catalán de UDC, Joana Ortega (c), y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (d). foto/Efe>.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, los abogados del presidente autonómico, Artur Mas, de la titular de Enseñanza, Irene Rigau, y de la exvicepresidenta Joana Ortega solicitan que se suspenda la declaración como testigo, prevista para el próximo lunes 21 de septiembre, en plena campaña electoral, de la directora de un instituto que denunció presiones por negarse a abrir las puertas del centro para la consulta alternativa del 9N.
Mas, Ortega y Rigau reclaman además que el TSJC posponga la práctica de cualquier otra diligencia, entre ellas otras cuatro testificales solicitadas por la Fiscalía, hasta que previamente se les haya tomado declaración a ellos como querellados, ya que entienden que, si no, se incurriría en una «alteración del orden legal de la práctica de la prueba».
En el escrito, los letrados de Mas, Ortega y Rigau recuerdan que la querella presentada por la Fiscalía, que dio origen a la apertura de la investigación en el alto tribunal catalán, interesaba la práctica de varias diligencias y que, de todas ellas, la primera era «lógicamente, ya que están plenamente identificados», la declaración de los querellados.
Por este motivo, se remiten a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y remarcan que, para aclarar los hechos, «parece lógico determinar que el orden natural de la práctica de las diligencias de instrucción sea el de iniciar las actuaciones con la toma de declaración de los querellados, ya que es el medio para hacer valer el derecho de defensa y el de un procedimiento con todas las garantías, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española».
«No tiene sentido que la investigación para descubrir determinados hechos, perfectamente documentados, avance por vías secundarias, tomando declaración a testigos de referencia y a personas que sólo pueden aportar su percepción o valoración subjetiva de unos hechos que pueden ser perfectamente acreditados documentalmente», remarca el escrito.
En el curso de la instrucción se ha celebrado hasta ahora la declaración como testigo -el pasado 13 de julio- de la directora territorial de Barcelona de la conselleria de Enseñanza, Montse Llobet, que reconoció que se celebraron dos reuniones, el 16 y el 22 de octubre, con directores de instituto para informarles sobre el papel de los centros en la consulta alternativa del 9N, aunque negó que les diera instrucciones sobre cómo tenían que proceder.
Ante el juez también declararon el 13 de julio pasado dos inspectores de Enseñanza, uno de los cuales aseguró que algunos directores de instituto le informaron que la directora territorial les pidió que permitieran la apertura de los centros y que, si no se querían implicar en el proceso, buscaran a voluntarios para que lo hicieran.
En la causa por el 9N se han efectuado otras dos testificales, ambas el pasado 30 de julio, la del Inspector Jefe del departamento de Enseñanza, Francesc Güell, y la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), que abrió las puertas el 9N, que negaron que hubiera presiones para que los directores entregaran las llaves.
El día 30 de julio también tenía que testificar la directora del IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Dolores Agenjo, si bien la comparecencia se pospuso a petición de la defensa, que pidió más tiempo para estudiar unos correos electrónicos en apoyo de su testimonio.
En su escrito, los abogados de Mas, Ortega y Rigau advierten ahora que Agenjo figura en el número 23 de la lista de Ciudadanos (C’s) en las elecciones del próximo 27S, por lo que piden que se posponga de nuevo la comparecencia para evitar que su declaración ante el TSJC, fijada a sólo seis días de las elecciones, pueda interceder en la contienda electoral.
«Teniendo en cuenta que la presente querella tiene un indudable trasfondo político y observando asimismo (circunstancia hasta ahora ignorada) que la persona a la que se quiere tomar declaración (Dolores Agenjo) se presenta como diputada al Parlament por Barcelona en el número 23 de la lista de C’s, parece razonable solicitar que no se haga esta diligencia, para evitar que un proceso judicial penal pueda interceder -de la forma que sea- en unas elecciones democráticas», remarca el escrito.
Los abogados de Mas, Ortega y Rigau van más allá y solicitan al TSJC que tampoco acuerde por el momento las otras cuatro testificales que le ha solicitado la fiscalía, y de las que aseguran que se han enterado por la prensa, para que se produzcan «en todo caso, una vez que hayan declarado los querellados, con carácter previo al acuerdo de cualquier otra diligencia».
Las cuatro testificales solicitadas por la Fiscalía son las de Elisabeth Cañada, directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción, el órgano dependiente de la Generalitat que encargó la confección de urnas y papeletas a presos de la cárcel de Lleida; el asesor en materia de opinión pública de Gobernación, Joan Cañada; el técnico del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) que se encargó de la seguridad informática del 9N y el responsable de la compañía Focus, que montó el centro de prensa de la consulta alternativa.
