Redacción.- Madrid (España), miércoles 4 de enero de 2023. A la Mesa del Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes, del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre sobre la crisis institucional provocada por las acciones e iniciativas del Gobierno en relación con los órganos constitucionales, la estructura territorial del estado y las reformas penales para rebajar la gravedad de determinados delitos.
Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los españoles no deberíamos resignarnos al empeoramiento de la calidad de las instituciones democráticas desde que Pedro Sánchez Pérez Castejón llegó a la Moncloa. Nunca se ha vivido en España, desde la culminación de la transición, una situación de riesgo para nuestra democracia liberal tan grave como la que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas, con los intentos por controlar el Tribunal Constitucional y con él, el sistema político articulado en torno a la Constitución de 1978.
No estamos exagerando cuando alertamos de que ya ha iniciado el cumplimiento de un plan de desmantelamiento del actual modelo del Estado social y democrático de derecho, con el auxilio de los separatistas. Sánchez ha asumido el procés como ideología propia y en parte de su nuevo programa electoral, frente a aquel que blandía en 2019 en lo referente al Estado de Derecho. Ahora tenemos un nuevo proceso, más rápido y más dañino para todos los que somos constitucionalistas, porque viene del propio Gobierno de España.
Estamos ante el primer Ejecutivo de la historia constitucional que reduce las penas por corrupción. Lo hace para cumplir sus promesas con ERC, para lo que el Ejecutivo y los independentistas llaman «desjudicializar» el Procés y sus consecuencias.
El otro bloque de reformas de las que hemos sido testigos en este trámite se refiere a la obligación del Consejo General dle Poder Judicial (CGPJ) de designar dos magistrados del Tribunal Constitucional, CON el Ejecutivo cambiando las reglas para esa elección, evidentemente a través de enmiendas que nada tienen que ver con la proposición sobre la reforma del delito de sedición.
A través de estas enmiendas, se establecen plazos para esa designación del CGPJ, con advertencia de responsabilidad penal si no se hace. Se rebajan al mínimo las mayorías necesarias y se eliminan las garantías como la intervención del TC para certificar la idoneidad de los candidatos.
Así, Sánchez conseguirá su objetivo de incorporar al TC a sus dos candidatos: el ex ministro de Justicia Juan Carlos y el ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. La conclusión es que de esta forma se garantiza el control de la institución. Ya antes, Sánchez usó procedimientos similares para reducir las funciones del CGPJ sin renovar y luego para permitirle nombrar magistrados del TC.
Y antes quiso rebajar la mayoría para renovar el CGPJ, pero Bruselas se lo impidió. En resumidas cuentas, lo que están buscando desde Moncloa es controlar la institución que ha de funcionar como garante del cumplimiento de la Constitución, llenándola de magistrados afectos al Gobierno y que resulte más cómoda para el examen de leyes controvertidas, como la propia restricción de competencias al CGPJ.
Además, para evitar cualquier obstáculo de la oposición, la proposición se está tramitando mediante el procedimiento de urgencia en Congreso y Senado. No se pueden cambiar leyes orgánicas por el procedimiento de urgencia porque estamos hablando de los pilares clave de nuestro sistema constitucional.
Para formar opinión un parlamentario necesita saber el contenido de lo que está hablando. Documentos, informes, jurisprudencia y sin poder cambiar el contenido de la noche a la mañana, porque eso afecta al derecho del parlamentario de ejercer el cargo público representativo con todos los atributos que conlleva. Entre otros, y fundamentalmente, estudiar las cuestiones y conocerlas.
Se ha hurtado a los grupos parlamentarios, en consecuencia, el debate informado y contradictorio propio del régimen parlamentario y que exigen nuestra Constitución y nuestras leyes. Nadie cuestionará jamás que la mayoría legislativa tenga el derecho a tramitar una modificación, sin embargo, lo que no es aceptable, es que la misma se ejercite bajo un manifiesto abuso de ese derecho y desoyendo los derechos propios de la oposición parlamentaria.
Ante esta situación el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de amparo presentado contra la reforma impulsada por PSOE y Podemos -que afecta a las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional- mediante la que los partidos del Gobierno pretenden garantizar la renovación del tribunal de garantías. Celebramos que el órgano garante de nuestra Carta Magna, que demuestra que en nuestro país no hay poderes absolutos, sino que el Gobierno tiene límites.
Sin embargo, mostramos nuestra preocupación por las declaraciones del Ejecutivo ante esta decisión, un discurso incendiario que salieron a defender al Gobierno por encima de los derechos de todos los parlamentarios.
A todo ello se une la profunda vergüenza que los demócratas sentimos por las manifestaciones tanto del Presidente realizadas en Bruselas, tras participar en la sesión de trabajo del Consejo Europeo, como las del representante socialista en la sesión plenaria de la semana pasada con sus descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, afirmaciones carentes de todo fundamento y que tienen como único fin transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía.
Representantes de los partidos del Gobierno de la nación han relacionado un recurso de amparo y la defensa del procedimiento legislativo con un golpe de estado, acusando, por supuesto, a jueces, periodistas, políticos y todo aquel que discrepara de ellos.
Ante esto queremos poner de manifiesto el respeto que la mayor parte de los representantes políticos y la ciudadanía tenemos tanto hacia el Tribunal Constitucional como hacia los tribunales ordinarios de justicia, que han contribuido decisivamente a la consolidación de la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución.
Debemos recordar además que la Comisión Europea exige que, para respetar el Estado de Derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los estados miembros deben abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad de estos órganos en su conjunto.
Es inaudita la urgencia que le ha entrado al Gobierno para contentar a sus socios, por tramitar la reforma de cuatro leyes orgánicas en una semana con unas enmiendas introducidas a una proposición de ley –procedimiento utilizado para evadir el preceptivo informe de los órganos constitucionales consultivos–, algo que no tiene precedentes en nuestra historia parlamentaria democrática. Tampoco lo tiene la modificación del Código Penal, negociando «ad personam» con los beneficiarios de la misma.
Las normas no deben reformarse al albur de la aritmética parlamentaria de un momento determinado o de los deseos personales de un presidente. Ello solo nos lleva a mayor desprotección efectiva del Estado ante los retos contra la integridad democrática.
Hoy, para desgracia de aquellos que confiamos en la democracia, el Presidente está siguiendo una trayectoria política de intereses personales, consistente en que Pedro Sánchez, para conseguir sus objetivos de seguir durmiendo en la Moncloa, se ha echado en brazos de las fuerzas políticas que amenazan con fragmentar ese mismo Estado.
Las leyes que está presentando y haciendo aprobar, en un increíble plan de demolición del Estado constitucional democrático, sólo benefician a aquellos que más han hecho por minar la democracia en España, como tantas veces desde nuestro grupo hemos advertido.
Hoy, comprobamos con desesperanza que nuestras alertas no eran desacertadas. El Gobierno actúa con una absoluta sensación de impunidad y que todo vale con tal de controlar todos los poderes del Estado con el fin de imponer su agenda política.
La degradación de las instituciones es tan evidente, tan obscena, que ni siquiera se observa la mínima cautela en actuar al amparo de las formas legales. Ante estos ataques, queremos recordar algo que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos llevamos reclamando mucho tiempo: tenemos que usar todas las herramientas democráticas que están en nuestra mano, y frenar las cuestionables conductas de ninguneo al sistema que tiene este Gobierno.
A nadie se le escapa que, tras la obcecada voluntad del Gobierno de hacerse con el control del Tribunal Constitucional incluso a costa de retorcer las normas básicas de la democracia impidiendo a la oposición ejercer sus derechos, no hay otra cosa que la necesidad del Ejecutivo de asegurarse un órgano afín que pueda avalar las prebendas que PSOE y Podemos están dispuestos a ceder al separatismo, a saber: un referéndum en Cataluña.
Todo esto es consecuencia, sin lugar a dudas, de la ambición desmedida de un presidente del Gobierno dispuesto a desproteger la democracia española con tal de protegerse a sí mismo, pero los liberales también consideramos que si se ha llegado hasta aquí ha sido porque en España, la única política que se ha ensayado con respecto a las formaciones nacionalistas ha sido la de pactar con ellas, convirtiéndoles en árbitros de la política española, siempre en detrimento de la igualdad entre españoles.
Es hora de desandar ese camino y ensayar, de una vez, una política que avance hacia la España de libres e iguales que merecen el conjunto de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente Moción:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Revertir de forma inmediata el creciente deterioro que está ocasionando sobre las instituciones democráticas y sobre el ordenamiento jurídico de nuestro país a través de su compromiso con:
A.- El cese de declaraciones públicas coaccionando o señalando a los magistrados del TC y jueces del TC, así como del cuestionamiento a la labor de los tribunales.
B.- El acatamiento firme de cualquiera de las decisiones del Tribunal Constitucional, respetando su posición de órgano garante de la Constitución.
2.- Revertir el desguace del Código Penal a medida de delincuentes condenados, a partir de reformas que garanticen:
A.- Un agravamiento de las penas en el Código Penal para que hechos como los ocurridos en 2017 sean tipificados como rebelión, a partir de la ampliación de este delito.
B.- La recuperación del tipo penal relativo a la sedición.
C.- Revertir la rebaja de penas a políticos malversadores.
3.- Recuperar la tipificación del delito por la convocatoria de referéndum ilegal para las autoridades que lo convoquen al margen de la legalidad y sin competencias para ello.
4.- Disolver la mesa del chantaje que mantiene el Gobierno de España con el gobierno separatista de Cataluña al margen de las instituciones democráticas, y comprometerse a no asumir ninguna consulta en Cataluña relativa a la organización territorial del Estado.
5.- Comprometerse a poner fin a la política de cesiones a las formaciones nacionalistas que ha imperado durante décadas en los sucesivos Gobiernos de España y ensayar, de una vez, el refuerzo de la igualdad entre españoles con reformas como la eliminación de la distinción entre ‘nacionalidades y regiones’ en el artículo 2 de la Constitución, para incluir ‘nación de libres e iguales’.
6.- Manifestar su compromiso de lucha contra la corrupción y contra aquellos delitos que ponga en cuestión la unidad de España, y abstenerse de la defensa de medidas que favorezcan un escenario más laxo para la comisión de este tipo de conductas.
