Efe – En el texto presentado ante el Tribunal Supremo, los populares piden la nulidad del Real Decreto de febrero porque consideran que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cumple los requisitos de «imparcialidad» y «reconocido prestigio» reglados para ocupar este cargo, ya que su curriculum es «ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación más allá de exponer el cumplimiento de un oficio». Además, se incurre en una «desviación de poder» por la «vinculación tan evidente como inequívoca entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal», al situar a la Fiscalía General como «mera prolongación o brazo de los dictados del Ejecutivo», según figura en la demanda. Madrid (España), lunes 10 de agosto de 2020.
El PP ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo, tal y como había anunciado en febrero, en la que pide la anulación de la designación de Dolores Delegado como fiscal general del Estado porque consideran que constituye «una desviación del poder al ser un fraude constitucional».
Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible dada su «vinculación inequívoca» con el PSOE y el Gobierno, que con su nombramiento solo persigue «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación», como la Ley Orgánica del Estado de 1967.
El PP refiere algún «error» u «omisión» en su curriculum vitae sobre su trayectoria política y destaca que fue ministra de Justicia hasta dos días antes de ser propuesta como fiscal general y entregó la cartera a sucesor el 14 de enero, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba esta propuesta.
En el texto presentado ante el Supremo, los populares piden la nulidad del Real Decreto de febrero porque consideran que Delgado no cumple los requisitos de «imparcialidad» y «reconocido prestigio» reglados para ocupar este cargo, ya que su curriculum es «ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación más allá de exponer el cumplimiento de un oficio».
En cuando a la imparcialidad, argumentan que Delgado hizo «ostentación y gala de su identificación partidaria» y que se caracteriza por «una adscripción sin fisuras y absoluta al ideario del partido y la agenda política del Gobierno, destacando por sus nada matizadas manifestaciones sobre los demás grupos políticos».
Y su nombramiento se produjo por parte de un presidente del Gobierno que «de forma pública y notoria, ha afirmado que la Fiscalía depende del Gobierno».
Además, se incurre en una «desviación de poder» por la «vinculación tan evidente como inequívoca entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal», al situar a la Fiscalía General como «mera prolongación o brazo de los dictados del Ejecutivo», según figura en la demanda.
Con su nombramiento el Gobierno ha renunciado a garantizar la independencia de la Fiscalía General, sino que ha querido establece una relación «de inequívoca dependencia».
Por eso, con esta decisión «se produce un fracaso de la Constitución», según el PP, que considera que la Carta Magna «entra en barrena en la configuración de una institución de relevancia constitucional» como la de la Fiscalía.
