Lasvocesdelpueblo y Agencias – Los colectivos de la sociedad civil en Cataluña reclaman que el inhabilitado expresidente de la generalidad de Cataluña y sus también inhabilitados ex concejero y las 2 ex consejeros devuelvan todos los gastos del golpe de estado separatista del 9N de 2014. En la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal. Barcelona (España), viernes 19 de mayo de 2017. Fotografía: Vía Layetana de Barcelona 19.03.2017. Marcha contra ‘el golpe separatista’ bajo lema «Paramos el Golpe» y «Por la Democracia, la Libertad y la Concordia. Paramos el golpe». Acto convocado por Sociedad Civil Catalana y Asociación Por El Progreso. Más de 13 mil catalanes, según cifra d ela organización, inundan las calles del centro de Barcelona del orgullo español. Archivo Lasvocesdelpueblo.
Sociedad Civil Catalana (SCC) y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el inhabilitado expresidente catalán Artur Mas y los inhabilitados exconsejeras Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para que «devuelvan» a la generalidad de Cataluña los gastos del golpe del 9N de 2014 en Cataluña.
Cinco millones de euros
Según un comunicado de SCC, una plataforma contraria a la ruptura en Cataluña, la reclamación que se hace es de exactamente cinco millones de euros.
«El archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no les exime de que no deban responder por su responsabilidad contable y presupuestaria, al haber dispuesto de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de ‘participación ciudadana’ carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria», denuncia SCC.
Según SCC, Mas y los exconsejeros «ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondos públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas».
En la denuncia no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal.
Con esta demanda, SCC busca «no sólo restaurar económicamente a la Generalidad de Cataluña por el quebranto producido por los fondos dispuestos indebidamente, sino que, además, se establecerá un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal».
En marzo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al expresidente separatista Artur Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima por desobediencia, al entender que «pervirtió» los principios de la democracia básicos para la «convivencia pacífica» cuando mantuvo la consulta del 9N.
En su sentencia, el alto tribunal catalán impuso también un año y nueve meses de inhabilitación a la exvicepresidenta Joana Ortega y año y medio a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, ambas como cooperadoras necesarias en el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), del que considera autor a Artur Mas.
Por su parte, el Tribunal Supremo condenó al exconsejero de Presidencia y diputado de Convergencia (CDC) -PDeCAT- Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014.
