Lasvocesdelpueblo y Agencias – Trece estudiantes separatistas, miembros del Sindicato de estudiantes de los Países Catalanes (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), se enfrentan a ocho años y medio de cárcel acusados de haber perpetrado actos vandálicos y destrozos en sucursales bancarias durante una manifestación en 2017 convocada en Barcelona contra la subida de las tasas universitarias. Barcelona (España), jueves 3 de junio de 2021.
El juicio ha comenzado este jueves en la Audiencia de Barcelona, donde las defensas han tratado de cuestionar la identificación de los jóvenes, imputados por desórdenes públicos y daños, que en su mayoría fueron localizados a través de las redes sociales y gracias a imágenes de protestas anteriores en las que habían participado.
Así lo han explicado los agentes de los Mozos de Escuadra que han declarado como testigos en esta primera sesión, en la que han señalado que ninguno de los procesados fue identificado in situ, sino que tuvieron que recurrir a las imágenes tomadas durante la manifestación y contrastarlas con la información que recabaron en las redes sociales.
De hecho, al inicio de la sesión, los abogados de las defensas han solicitado la impugnación de los vídeos al considerar que estos han sido «editados», un extremo que el instructor de los atestados ha rechazado de plano y que ha llevado al fiscal a denunciar esta «sospecha infundada».
Los testigos han explicado que el color de las uñas, la forma de las zapatillas o las gafas de sol que llevaban algunos de los acusados fueron clave para poder distinguirlos entre el casi millar y medio de personas que participaron en la manifestación.
Especialmente, han aseverado, porque en un momento dado de la protesta desplegaron una gran sábana con la que se taparon para cambiarse de ropa y vestirse de negro al estilo «black bloc» y poder llevar a cabo así sus acciones sin que se conociera su identidad, según los mozos.
Uno de los momentos críticos que han relatado fue cuando supuestamente quemaron un contenedor en medio de la calle, una actuación que solo logran atribuir a uno de los encausados a pesar de que, han resaltado, «todas las personas que estaban en ese grupo ayudaron de una manera u otra a que se produjeran esos hechos».
Posteriormente, los jóvenes habrían vuelto a emplear la técnica de la sábana para vestirse con la ropa que llevaban al inicio, mientras algunos «vigilaban» lo que, para la policía, implica la idea de «cierto reparto de funciones».
«Esa repartición de tareas requiere que se planifiquen previamente», ha destacado uno de los testigos.
La Fiscalía, que los acusa de «alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana» y solicita también una multa de 5.400 euros para cada uno de ellos, sostiene además que iban con material pirotécnico, aunque los mozos solo han detallado que encontraron un carrito de supermercado abandonado con extintores, martillos y una bolsa de petardos dentro, pero sin que se sepa a quién pertenecía.
Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2017, cuando el SEPC convocó, a través de las redes sociales y sin comunicarlo a las autoridades, una manifestación en la plaza de Universidad de Barcelona en contra de la subida de las tasas universitarias y para reclamar una rebaja del 30 %.
Según la Fiscalía, acudieron a dicha protesta unos 1.500 estudiantes, la mayoría en actitud pacífica, pero un grupo integrado por unas 125 personas protagonizó varios actos para «alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana».
Los alborotadores, sostiene el fiscal, iban encapuchados y provocaron desperfectos en entidades financieras y comerciales, así como en el mobiliario urbano, con lo que pusieron «en grave peligro el desarrollo cotidiano de la vida ciudadana», sobre todo al cruzar y encender un contenedor en la calle.
Los acusados también habrían lanzado botes de pintura contra sedes de empresas y contra los Mozos de Escuadra y golpearon con martillos y otros objetos contundentes los cristales de una entidad financiera de Vía Layetana y un cajero automático.
Los estudiantes han llegado a juicio arropados por decenas de compañeros, que se han concentrado ante el Palau de Justicia de Barcelona, sede de la Audiencia Provincial, donde también han acudido en apoyo vicerrectores de universidades catalanas.
La portavoz del SEPC, Anna Clua, ha denunciado que se trata de un «juicio político» que busca «desarticular la organización», ya que, ha asegurado, antes de la manifestación, «se empezaron a hacer seguimientos a los acusados por el hecho de ser miembros» del sindicato.
«No es un tema de haber cometido actos concretos, sino que el objetivo era desarticular la organización», ha resaltado.
