«Plan de País» de Ciudadanos Cs: “Protección y bajada de impuestos a familias españolas, ERC y Bildu son incompatibles” con España, “despolitización del Poder Judicial y ley de financiación autonómica”

.ERC y Bildu son incompatibles unos Presupuestos buenos para el conjunto de los españoles
.Bajada de impuestos a las familias, autónomos y pymes para ayudarles a superar esta crisis, y una reforma laboral que acabe con la precariedad y el paro juvenil
.Ley de financiación autonómica que garantice un reparto justo, transparente y que respete la igualdad entre españoles; previsión macroeconómica y reparto independiente de los fondos europeos
.Despolitización del Consejo General del Poder Judicial
.Protección a las familias españolas: Mesa por la Energía, Conciliación, Educación y Salud mental

FOTOGRAFÍA. JEREZ DE LA FRONTERA (ANDALUCÍA) ESPAÑA, 19.08.2021. La presidente de Ciutadans Partit de la Ciutadanía-Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas García, junto al coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente del Gobierno de coalición de Gobierno de coalición del PP con Cs, apoyado en VOX en la Junta de Andalucía, Juan Antonio Marín, valora la actualidad política, la crisis inmigratoria estallada por la llegada en el poder del Emirato Islámico de Afganistán en el poder en el país y la devolución de los MENAS marroquíes a sus padres desde Ceuta. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), miércoles 22 de septiembre de 2021. «”Plan de País” de Ciutadans Partit de la Ciutadanía Ciudadanos (Cs). La ley de Presupuestos constituye una de las normas fundamentales en cada período de sesiones, pues es la que estima los ingresos disponibles del Estado y autoriza los gastos de todo en un año para:

1.- En primer lugar, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a través del reparto de fondos dedicados a los servicios públicos y asistenciales, así como a las inversiones que cada ministerio puede realizar para repercutir en el bienestar e interés general de todos los ciudadanos.

2.- Facilitar el impulso de las reformas necesarias para la modernización del país en el medio y largo plazo, a través de una asignación presupuestaria eficiente y responsable.

3.- Servir como referencia para la fijación del déficit público del conjunto de administraciones, cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria, así como con la legislación de la Unión Europea.

En ese sentido, desde Ciudadanos, como partido de Estado y responsable, somos conscientes de la importancia y la relevancia que tiene para el devenir de un país la elaboración sensata, realista y rigurosa de unos Presupuestos Generales del Estado.

Una norma que, por su naturaleza, adquiere un rango de orientación política para el país, tanto por lo que respecta a las prioridades que se reflejan en los mismos (sin ir más lejos, Cs imprimió el sello liberal en los ejercicios presupuestarios de 2017 y 2018, incluyendo bajadas de impuestos que gracias a una minuciosa labor se conciliaron con el fin de los recortes y con un aumento en partidas relacionadas con la innovación por primera vez en años), como por lo que respecta a las inversiones destinadas a partidas presupuestarias que permitan abordar reformas necesarias que constituyen auténticas asignaturas pendientes en España, como la modernización de la administración, la inversión en I+D+i o la transición ecológica.

Por si fuera poco, la dinámica de las últimas décadas en España ha convertido al Presupuesto en una herramienta más de mercadeo entre el Gobierno y los grupos nacionalistas, que siempre han aprovechado la debilidad parlamentaria de los gobiernos de turno para introducir en las negociaciones demandas que nada tienen que ver con el interés general.

Es por ello que, en Cs somos conscientes que un Presupuesto no refleja solamente una hoja de ruta en las reformas -acometidas o abandonadas- de un Gobierno, sino una declaración del rumbo político escogido, así como de las alianzas para determinarlo.

Con motivo de la pandemia mundial provocada por la COVID-19, que ha propiciado la llegada de los Fondos Europeos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales de 2022, todo lo anteriormente expuesto adquiere una relevancia adicional. El Gobierno de España tiene la responsabilidad y el reto de elaborar unos Presupuestos que serán decisivos para los próximos años en España.

De las inversiones que estos contengan dependerá, en buena medida, la capacidad de España para acometer las reformas necesarias que consoliden una nación adaptada al siglo XXI. En ese sentido, se hace necesario recordar las condiciones que la Unión Europea ha impuesto a España respecto a las inversiones a realizar:

4.- Que al menos un 37% del total de los fondos a actividades que contribuyan a la mitigación y la adaptación al cambio climático;

2.- Que al menos el 20% de las acciones se destinen a la transición hacia una sociedad digital competitiva, abierta y accesible, en particular mediante el ofrecimiento de asistencia técnica para la digitalización del sector privado, los centros escolares y formativos, y la Administración, incluyendo la justicia;

3.- Que al menos el 20% de las acciones se destinen a la mejora de la educación y a la lucha contra el desempleo juvenil, en particular atendiendo a la formación vocacional y teniendo en cuenta los objetivos de la Agenda Europea de Competencias y la Garantía Juvenil.

Todo ello, sin mencionar otros condicionantes igualmente importantes que pueden hacer peligrar los fondos, como son los obstáculos en la independencia judicial, o la aprobación de una Ley de Mercado Abierto que acabe con las trabas burocráticas existentes entre las Comunidades Autónomas (CCAA) hoy en día, que no sólo constituyen una barrera a la libertad y al progreso de las empresas y pymes, sino una anomalía que responde exclusivamente a los intereses partidistas y territoriales.

En definitiva, el Gobierno de España se encuentra ante un reto de cuyo resultado depende el futuro inmediato y, también a medio plazo, de 47 millones de españoles.

Lamentablemente, el interés general de los ciudadanos es el gran desplazado de este Gobierno, firmemente asentado en la senda de las cesiones a quienes trabajan activamente para conseguir siempre lo peor para España, a saber: los partidos separatistas en cuyos votos descansa la estabilidad del Gobierno por la propia elección del presidente Pedro Sánchez, que eligió ante todos los españoles la vía de ERC y Bildu hace un año.

Desde entonces, la concesión de los indultos, el acercamiento a presos de ETA, la permisividad ante los homenajes a etarras y la recientemente celebrada -y mal llamada- Mesa de Diálogo con ERC, no han hecho sino abundar en esa senda absolutamente incompatible con unos Presupuestos de Estado que son, a juicio de Cs, los que España necesitaba hace un año y sigue necesitando hoy.

Es por ello que, en Cs no podemos sino lamentar que España afronte este momento decisivo con un Ejecutivo tan alejado de lo que sería conveniente. Como partido reformista y liberal, a diferencia del Gobierno, Cs sí tiene un plan de país que, sin perjuicio de las muchas reformas que como país podríamos acometer, deberían reunir unos Presupuestos Generales del Estado para 47 millones de españoles.

1. ERC y Bildu son incompatibles unos Presupuestos buenos para el conjunto de los españoles

Si algo han dejado claro a lo largo de décadas los partidos separatistas, es que sus intereses son meridianamente contrarios a los del común de los españoles.

Donde nuestra democracia tiene la oportunidad de avanzar para consolidarse como un Estado moderno del siglo XXI, con políticas de empleo, Educación o una agenda verde homologables a las de otras naciones europeas, el separatismo sólo ve ocasión para seguir debilitando el Estado constitucional, sustituyendo las urgencias de millones de españoles por privilegios territoriales que redundan en la erosión y la laminación de nuestro Estado de Derecho.

Así, es impensable que unos Presupuestos Generales del Estado puedan acordarse con quienes trabajan activamente para la desintegración del Estado.

2. Bajada de impuestos a las familias, autónomos y pymes para ayudarles a superar esta crisis, y una reforma laboral que acabe con la precariedad y el paro juvenil.

Los estragos causados por la pandemia en el bolsillo de familias, autónomos y pymes de nuestro país todavía perduran, a pesar de los mecanismos y reformas excepcionales habilitados en los últimos meses.

Otros países de nuestro entorno como Alemania o Italia, han anunciado ya planes de relajación fiscal y bajadas de impuestos a los ciudadanos. Concretamente, Mario Draghi ha anunciado una reducción en la presión fiscal sobre la renta.

Lamentablemente, los signos que está emitiendo el Gobierno de España van nuevamente en sentido contrario al “Modelo Draghi” (Presidente de Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi), y no se ha descartado una subida de impuestos, petición, por lo demás, recurrente en una de las partes integrantes del Gobierno de coalición, así como de los socios del mismo.

Es por ello que, en Cs, consideramos que se hace imprescindible por parte del Gobierno incluir un alivio al bolsillo de los españoles mediante una rebaja del Impuesto sobre la Renta de Persona Física (IRPF) a la clase media-trabajadora, que repercuta en las familias, autónomos y pymes de nuestro país, especialmente tras los estragos provocados por la pandemia de la COVID19. Esa es una de las prioridades que cualquier plan presupuestario pensado para mejorar la vida de los españoles debería reunir.

Por otro lado, España sigue siendo líder en Europa de desempleo juvenil, puesto que un 37,1% de los jóvenes que buscan empleo no pueden encontrarlo.

Existen numerosas razones por las que nos encontramos en esta situación, desde los problemas existentes en la formación para el empleo a la desconexión entre centros educativos y el mercado laboral. Sin embargo, uno de los principales problemas, además de la escasa flexibilidad en la contratación, es que España sigue contando con una legislación laboral excesivamente rígida, que protege a quienes ya tienen un empleo estable (insiders) mientras que actúa como una barrera infranqueable para quienes buscan uno (outsiders).

Mientras nuestro país necesita una verdadera reforma integral del mercado laboral que deje atrás un modelo dicotómico, el Gobierno se ha dedicado a mercadear con este asunto con sus socios nacionalistas y populistas.

En mayo del año pasado, cuando todos los españoles se enfrentaban a una de las situaciones más complicadas de nuestra historia reciente en lo personal, lo laboral y lo económico, el Gobierno pactó con EH Bildu la derogación de la reforma laboral que, a su vez, permitía la creación de los Expediente de regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han evitado que la pandemia de COVID-19 haya provocado una destrucción del empleo aún mayor.

En lugar de destruir, desde Ciudadanos consideramos que lo necesario es seguir avanzando en reformas laborales que permitan atajar la precariedad y la temporalidad, que eliminen las barreras de entrada al mercado laboral especialmente para jóvenes.

Por ello, consideramos que los compromisos de reformas estructurales de calado que España ha asumido en el contexto los fondos europeos deberían ser la oportunidad para acometer esta necesaria reforma que permita implementar en nuestro país el contrato único indefinido y la mochila austríaca, elementos indispensables para acabar con la rigidez de la legislación actual y que permita volver a poner a quienes buscan empleo en el centro de nuestro modelo laboral.

3. Ley de financiación autonómica que garantice un reparto justo, transparente y que respete la igualdad entre españoles; previsión macroeconómica y reparto independiente de los fondos europeos

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado debería ir acompañada, sin ningún tipo de excusa, de la reforma para dotar a España de una vez de una ley de financiación autonómica rigurosa, basada en los principios de justicia, igualdad y transparencia, a fin de garantizar la cohesión territorial de España y asegurar la financiación equitativa de los importantes servicios públicos que deben garantizar las Comunidades Autónomas (CCAA).

De nuevo, desde Ciudadanos, tenemos que lamentar que, pese a las promesas del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, cualquier iniciativa destinada a garantizar el equilibrio territorial se ve frustrada por las prioridades del Gobierno, que abandona a las administraciones autonómicas que cumplen mientras se vuelca en la ‘Mesa’ con el separatismo, acercando a nuestro país, también en esta materia, a un país de privilegiados y agraviados, de Comunidades de primera y de segunda, de códigos postales que determinan la igualdad de oportunidades. Un modelo del todo incompatible con el interés general que debería perseguir la aprobación de unos presupuestos.

Por otro lado, siguiendo con el rigor que como partido liberal consideramos que deberían tener las cuentas públicas, desde Cs constatamos cómo otros países, Italia nuevamente, están incluyendo, no sólo bajadas de impuestos, sino una previsión macro-económica solvente para asegurar cómo se cuadran las cuentas: alivio fiscal a las familias y garantías de estabilidad presupuestaria a largo plazo. En definitiva, una distancia abismal respecto a lo que auguran los planes del Gobierno de coalición.

Además, desde una perspectiva liberal, que busca reducir a la mínima expresión las arbitrariedades del poder, es absolutamente inadmisible que el reparto de fondos europeos en España no cuente con la Agencia Independiente que propuso Cs para asegurar que las inversiones de esos fondos se hacen atendiendo a las necesidades objetivas del país, en lugar de atendiendo a los designios político del color del Gobierno de turno.

No podemos si no constatar la preferencia del Gobierno, de nuevo, por un modelo de reparto a dedo, que acerca al Ejecutivo al modelo predilecto de fuerzas populistas o nacionalistas, y le aleja de los modelos de gobernanza más colaborativos adoptados por países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Portugal, con sistemas menos sujetos a la discrecionalidad del Gobierno y con mecanismos de evaluación y priorización reforzados que aseguran una correcta utilización de los recursos.

4. Despolitización del Consejo General del Poder Judicial

Los fondos europeos son la oportunidad para que España pueda crecer de forma sostenible y generar empleo de calidad en la salida de la crisis del COVID-19.

Sin embargo, debemos recordar que los fondos europeos no son un cajero automático, y que la utilización de estos 140.000 millones de euros que España tiene ahora a su disposición viene ligada al cumplimiento de varias condiciones, como la puesta en marcha de reformas estructurales o, por primera vez en la historia europea, el respeto al Estado de Derecho y la neutralidad de las instituciones.

Todos somos conscientes de las reiteradas advertencias que desde la UE se han realizado a países como Hungría o Polonia por sus obstáculos a la independencia del poder judicial.

España es, actualmente, el único país junto a Polonia que elige a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces a dedo por parte de los partidos políticos.

El Gobierno, lejos de comprometerse a esa reforma, como sería deseable, ha caminado en una senda contraria de manera reiterada.

Amenazando, hace unos meses, con rebajar aún más la mayoría política para repartirse a los jueces con sus socios de investidura y, más recientemente, afirmando que son los partidos políticos quienes deben mercadear con el poder judicial, en abierta contradicción con la Constitución española y las exigencias de las instituciones europeas, así como de las demandas de las asociaciones independientes de jueces.

Por ello, consideramos que es necesario acometer, de una vez la reforma en el sistema del CGPJ para que en España los jueces dejen de ser elegidos por los políticos, tal y como ha sido la recomendación de instituciones como la Comisión Europea o el GRECO, evitando las injerencias del poder político en el judicial.

De la misma manera, es necesario reformar las instituciones para evitar dedazos y enchufes que redundan en la desconfianza de los ciudadanos, menor eficiencia y la percepción de falta de neutralidad en organismos muy importantes para nuestro país.

5. Protección a las familias españolas: Mesa por la Energía, Conciliación, Educación y Salud mental

La escalada del precio de la electricidad ha supuesto una nueva losa para los hogares y las empresas justo cuando comenzaba la recuperación económica. Mientras el Gobierno y sus socios sólo han puesto sobre la mesa medidas populistas como la nacionalización de empresas energéticas o la expropiación de beneficios empresariales, desde Ciudadanos hemos planteado medidas para aligerar la carga impositiva de la factura de la luz o para ampliar el Bono Social Eléctrico a las familias de clase media y trabajadora, medidas que tendrían un reflejo directo en el bolsillo de las familias, las empresas y los autónomos de nuestro país.

Además, hemos propuesto la convocatoria de una Mesa de la Energía para identificar los fallos en nuestro mercado eléctrico, debatirlos con expertos académicos, de la sociedad civil y del sector privado, y poder emprender reformas de calado para actualizar nuestro sistema eléctrico y prepararlo para el siglo XXI.

Solo mediante parches y gestos no se puede atender a esta problemática. Es necesario pensar en el largo plazo, mientras paliamos los peores efectos de la subida en el presente.

De nuevo, lo que nos encontramos con este Gobierno es una agenda que prioriza mesas con el separatismo para dar privilegios a los políticos nacionalistas, en lugar de soluciones a los españoles.

Por otro lado, las familias, los estudiantes y los docentes se han enfrentado a tres cursos lectivos diferentes en condiciones muy difíciles, en los que han tenido que adoptar una transformación digital que llevaría años en apenas unos meses. Mientras tanto, en lugar de acompañar a nuestro sistema educativo y evitar que estos meses tengan un impacto irreversible a largo plazo en el aprendizaje de nuestros hijos, el Gobierno se ha centrado más en poner en marcha leyes sectarias y sin más consenso que el de sus socios separatistas.

Pese a que nuestro sistema educativo está dando claras señales de que necesita reformas acordadas en el seno de un Pacto por la Educación que dure, al menos, una generación, el Gobierno ha aprobado una contrarreforma educativa que tiene como principal objetivo legitimar la utilización que el nacionalismo ha hecho de la educación como instrumento para ahondar en la desigualdad entre ciudadanos.

Por ello, desde Ciudadanos recordamos la necesidad urgente de acometer las reformas que necesita nuestra educación, implementando de una vez por todas la universalización de la educación gratuita entre 0-3 años, para que no sólo las familias con recursos puedan permitirse que sus hijos acudan a centros educativos desde el inicio de la vida, con los beneficios que esto traería para la conciliación de las madres trabajadoras de cualquier tipo.

De la misma manera, queremos universalizar los sistemas de préstamo de libros de texto y dispositivos digitales, de especial relevancia en el contexto post-pandémico y fuente de grandes desigualdades. Además, apostamos por una revisión de nuestro modelo educativo en el que los alumnos puedan recibir formación centrada en competencias que los preparen para su inserción laboral, con una educación verdaderamente bilingüe o trilingüe en aquellas Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales.

Finalmente, como liberales, nuestra prioridad es defender y promover la libertad y la autonomía de los individuos. En los últimos 18 meses, la crisis derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha puesto en cuestión la capacidad de todos los españoles de poder disfrutar de esa libertad y autonomía.

En primer lugar, las restricciones impuestas para contener la expansión de la enfermedad eran necesarias para evitar un drama humano aún mayor que el que, por desgracia, ya hemos sufrido en nuestro país con más de 80.000 fallecidos. Pero estas medidas tan duras han tenido un claro impacto en la salud mental de los españoles, especialmente entre la infancia y la adolescencia.

Por ello, desde Ciudadanos ya planteamos en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica el pasado julio de 2020 la necesidad de actualizar nuestra Estrategia Nacional de Salud Mental e incorporar a ella un Plan de Prevención del Suicidio. También pedimos que se incrementara el número de profesionales sanitarios especializados en salud mental, hasta alcanzar una ratio de uno por cada 5000 habitantes, en línea con los países de nuestro entorno.

Pese a que varias de estas iniciativas fueron aprobadas de forma mayoritaria, el Gobierno aún no ha cumplido con ese mandato que hemos liderado los liberales españoles».

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