Ceuta, domingo 18 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil van a intensificar de forma inmediata los controles e inspecciones en distintas barriadas de Ceuta para rastrear y neutralizar las denominadas casas-patera, inmuebles donde se ocultan cientos de inmigrantes ilegales que accedieron a la ciudad autónoma durante la invasión masiva de finales de julio. El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, confirmó este domingo el despliegue policial frente a un negocio clandestino que cobra hasta 20 euros diarios por persona en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Esta ofensiva contra las mafias del alquiler ilegal se suma a la grave crisis sociosanitaria y de seguridad que sufre la ciudad desde el 30 de julio de 2026, marcada por el repunte de agresiones sexuales, el riesgo de terrorismo, el abandono del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con una financiación de 25.000.000 de euros para la acogida, las amenazas de Marruecos, la incursión de un buque de guerra alauita, los informes del CNI, las protestas vecinales y el firme respaldo patriótico encabezado por Santiago Abascal Conde y Jordan Bardella.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciarán una batería de actuaciones policiales en los núcleos urbanos ceutíes tras constatarse que numerosos clandestinos que asaltaron la frontera los días 30 y 31 de julio continúan escondidos en viviendas particulares. El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, anunció formalmente el reforzamiento de estas inspecciones dirigidas a identificar los inmuebles destinados a este negocio ilícito que alimenta la ocupación ilegal. Según fuentes policiales, los propietarios desalmados cobran comisiones de entre 15 y 20 euros diarios a cada extranjero ilegal, amontonándolos en habitaciones sin ventilación ni condiciones mínimas de habitabilidad.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades policiales han interpuesto denuncias contra los titulares de estas casas-patera por la presunta comisión de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular. Asimismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado un llamamiento expreso a la ciudadanía ceutí para que colabore mediante denuncias anónimas que permitan ubicar de forma rápida estos pisos clandestinos en las barriadas. La investigación confirma que la red de alojamientos ilegales ha servido para burlar los controles de expulsión tras el desmantelamiento de los campamentos improvisados en las playas y en las naves industriales del Tarajal.
Invasión marroquí, agresiones sexuales y amenaza terrorista en Ceuta
Desde el desencadenamiento de la invasión marroquí el pasado 30 de julio de 2026, la seguridad en Ceuta se ha visto colapsada por un flujo incesante de inmigrantes ilegales. Durante estos más de dos meses, la población local ha soportado un vertiginoso incremento de la delincuencia, con reiteradas denuncias por agresiones sexuales, hurtos con violencia y reyertas en la vía pública, lo que obligó a activar alertas antiterroristas por el peligro de infiltración de perfiles radicalizados. La indignación popular llevó a miles de ceutíes a organizar acampadas permanentes de protesta para exigir la recuperación del orden público y el desalojo total de las playas e inmuebles tomados por los asaltantes.
El Gobierno de Pedro Sánchez financia la invasión con 25.000.000 de euros
Pese al clamor popular, el Gobierno socialcomunista encabezado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha mantenido una conducta de sumisión y abandono hacia la población de Ceuta. En lugar de ordenar el despliegue del Ejército y la repatriación inmediata de todos los clandestinos a Marruecos, el Ejecutivo zurdo aprobó una partida extraordinaria de 25.000.000 de euros de dinero público para costear la permanencia, asistencia y alojamiento de los invasores en suelo español. Esta inyección de capital, sufragada por los contribuyentes, ha actuado como un incentivo para las mafias del tráfico de personas y ha agravado la presión migratoria sobre la frontera sur.
Provocaciones de Marruecos, buque de guerra e informe del CNI
A la par que se financiaba la estancia de los asaltantes, el reino de Marruecos ha intensificado su ofensiva diplomática y militar contra la soberanía española. Desde el parlamento marroquí se han pronunciado abiertamente discursos anexionistas reclamando las ciudades de Ceuta y Melilla, mientras que en el ámbito militar un buque de guerra de la Marina alauita llegó a internarse sin autorización en aguas jurisdiccionales españolas frente a la costa ceutí.
Estos hechos fueron corroborados en un demoledor informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la Audiencia Nacional, en el que se constata que Rabat utiliza el flujo migratorio descontrolado como un elemento de chantaje político contra el Gabinete de Sánchez Pérez-Castejón.
Apoyo patriótico con Santiago Abascal Conde y Jordan Bardella
Frente a la complicidad de la ultraizquierda en el poder, los patriotas españoles y europeos acudieron a la primera línea de la frontera para arropar a los ceutíes. El presidente de Vox, Santiago Abascal Conde, acompañado por el líder patriota francés Jordan Bardella, se desplazó a Ceuta para inspeccionar el perímetro fronterizo y exigir el blindaje total de las fronteras de España.
Ambos dirigentes denunciaron que las políticas globalistas patrocinadas por el Partido Socialista destruyen la seguridad y la identidad nacional, exigiendo el uso de la fuerza legítima para frenar las incursiones e imponiendo la devolución inmediata de los ilegales a sus países de origen.
Visita de los Reyes e indefensión institucional
La gravedad de la situación motivó asimismo la presencia oficial de los Reyes de España, quienes viajaron a Ceuta para certificar el respaldo de la Corona a los ciudadanos y al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un inmigrante ilegal ataca con cuchillo a un patrullero militar en el puerto de Ceuta
No obstante, la visita real evidenció aún más el contraste con la falta de firmeza del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que se niega a aplicar una política de tolerancia cero frente a las violaciones territoriales del régimen marroquí, manteniendo a Ceuta en un estado de desprotección e incertidumbre.