Redacción – La política francesa, ensayista, consultora y fundador del Partido Republicano Solidario de Francia, Laurence Taillade, denuncia los «discursos peligrosos de Carles Puigdemont» y del separatismo catalán en Argelès-sur-Mer —una comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Orientales y la región del Languedoc-Rosellón, conocido como el Rosellón—, parte del territorio nacional de Francia que los separatistas catalanes consideran «Cataluña Norte» en sus llamadas «Países Catalanes», desde donde han conseguido a fuego lento imponer un adoctrinamiento antifrancés; lugar que se convertirá el próximo sábado, 19 de diciembre de 2020, en la nueva sede del secesionismo catalán en Francia con una multitudinaria manifestación separatista en pro del Procés y sus huidos y presos golpistas, después de Perpiñán el pasado mes de febrero de 2020. Mientras, desde Eliseo (Presidencia de Francia), el Ejecutivo francés de Emmanuel Macron está trabajando sobre un proyecto de Ley contra «comunitarismo islamista«, como respuesta a los discursos separatistas islamistas en el país, obviando «otra amenaza a la unidad nacional de Francia» que es el «separatismo catalán», que desde Cataluña se exportó a Francia y que «con toda impunidad», el secesionismo catalán se está instalando «ante nuestros ojos». Así ha avisado la política francesa Laurence Taillade este lunes, 14 de diciembre de 2020, en un artículo de opinión en la revista «Revue Politique», bajo título «Cataluña: ¡No aceptamos el separatismo en nuestra tierra!» (Catalogne : n’acceptons pas le séparatisme sur notre sol!). Barcelona (España), lunes, 14 de diciembre de 2020.
La política advierte además que Francia no puede permitirse ser la cuña del separatismo catalán porque, a su juicio, poco a poco el secesionismo va tejiendo «su red» para traer en los Peroneos franceses otro Procés. Asimismo, asegura que «de ello depende nuestra credibilidad en la lucha contra el separatismo, la unidad de la Nación y el mantenimiento de nuestras relaciones con España, país amigo y socio europeo. Debemos protegernos de cualquier injerencia en los asuntos internos de España, que se rige por el Estado de derecho y cuyo gobierno tiene plena legitimidad».
Por lo que denuncia la complicidad de cargos elctos franceses que simpatizan con los golpistas separatistas catalanes y pider a la República de Francia prohibir los actos y manifestaciones separatistas catalanes en el suelo francés.
Artículo de opinión de Laurence Taillade
«París, lunes 14 de diciembre de 2020
Cataluña: ¡No aceptemos el separatismo en nuestra tierra!
Argelès-sur-Mer —comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Orientales y la región del Languedoc-Rosellón— será la sede de una manifestación independentista catalana el próximo, 19 de diciembre de 2020. Mientras el gobierno francés trabaja sobre un proyecto de ley para combatir los separatismos en Francia, y mientras atravesamos una fase de epidemia global del covid 19, estos separatistas catalanes reciben el apoyo de políticos franceses para realizar un mitin internacional, ignorando las medidas sanitarias del covid 19 (coronavirus). Mientras nuestro país toma poco a poco consciencia del peligro del comunitarismo islamista, otra amenaza a la unidad nacional se organiza, ante nuestros ojos, con total impunidad, tomando el rostro del separatismo catalán.
Recordatorio de los hechos: Carles Puigdemont Casamajò había organizado, en octubre de 2017, un referéndum exigiendo la independencia de Cataluña. Esto, evidentemente amañado, había dado lugar a un «sí», con la expresión de un tercio de los inscritos. Posteriormente, declaró la independencia de Cataluña, para luego retractarse. Este referéndum ilegal llevó a una decena de líderes políticos y asociaciones catalanes a prisión por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, procesados y condenados por parte de los tribunales españoles. Los menos valientes huyeron en Bélgica o Suiza para intentar de escapar de una condena in absentia, que no existe en la legislación española. Este es el caso del Sr. Puigdemont, líder de este movimiento, que continúa trabajando temporalmente como eurodiputado. Puigdemont vive en Bélgica y pasea impunemente en Francia para destilar sus peligrosos discursos contra nuestra Nación con, a veces y esto es muy grave, el apoyo de cargos electos de la República francesa.
De hecho, es hora de levantar el velo sobre las actividades de esta organización separatista que extiende sus tentáculos desde España a Suiza, pasando por Francia, y reivindica la independencia de Cataluña. El objetivo que se persigue parece ser, por tanto, romper los regímenes políticos existentes en los territorios afectados: España y Francia.
La labor de socavamiento en el departamento de Pirineos Orientales se organiza en la dirección de todos los públicos.
La creación de las escuelas asociativas, las Bressolas, cofinanciadas por los padres y las autoridades locales francesas y españolas (del Gobierno de la Generalidad de Cataluña), permite transmitir a los niños un discurso victimista y separatista, afirmando que: «El territorio de Cataluña Norte, bajo administración francesa, sufre desde hace varias décadas una política de sustitución lingüística del catalán por el francés». «La política lingüística del estado francés ha hecho que, hoy en día, el catalán se convierta en la lengua minoritaria del país». No se trata aquí de poner en tela de juicio la riqueza de las lenguas regionales de Francia, que son parte importante de nuestra cultura, sino de señalar que con toda impunidad, el separatismo catalán considera que que existe un País catalán en Francia, que en su fantasía, apegado por error, dicen que en el Roselló (su País Catalán), «Francia impone el idioma francés a los catalanes».
La enseñanza de la lengua catalana, por parte de voluntarios de la asociación APLEC, daría lugar a extrañas historias que evocan los «Países Catalanes», cuando estas mismas personas no evocan un apartheid lingüístico francés y esto incluso en nuestras escuelas públicas.
El separatismo catalán ha abierto falsas embajadas en diferentes países de la Unión Europea, incluida una en París, con el objetivo, al parecer, de mantener una legitimidad ilusoria de los miembros de un gobierno pseudo autónomo y de transmitir un discurso de denigración sistemática contra España y la legitimidad de España como Nación.
Básicamente, estos manipuladores separatista catalanes impugnan el Tratado de los Pirineos que data de 1659 y reclaman los Pirineos Orientales en nuestro territorio y con el apoyo de gran parte de la izquierda francesa, siempre rápida para defender a David contra Goliat, a menos que sean sólo maniobras de baja clientela… De nuevo.
Así, el comportamiento de los alcaldes de las localidades de Elne y Amélie-les-Bains-Palalda plantea interrogantes en muchos aspectos, multiplicando el apoyo oficial a Carles Puigdemont y a los presuntos «presos políticos» que serían los secesionistas electos, condenados en España por el Tribunal Supremo por violar el artículo 2 de la Constitución española de 1978.
El consejo departamental 66 brindó su apoyo al separatismo catalán, erigiendo pancartas en la fachada del hotel departamental, así como el consejo regional de Occitanie, a instancias de la rebelde Francia y EELV, por un deseo que exigía que «las soluciones políticas y democráticas privilegian las opciones judiciales y represivas del poder central en España frente a la crisis catalana, y que en esta capacidad los presos y exiliados encuentran su plena libertad».
Así, tenemos cargos electos franceses que se inmiscuyen en la vida democrática de otros países poniendo en grave peligro nuestras relaciones diplomáticas, negando la calidad del Estado de derecho y su expresión por su justicia en España.
Me pregunto sobre la conveniencia de que Francia mantenga relaciones con tal organización separatista y sus representantes que transmiten en nuestro territorio un mensaje secesionista que socava gravemente la indivisibilidad del Estado. Con sus discursos fracturan la Nación y avivan el apetito de otros secesionismo corsos, bretones, vascos… Lenta pero segura, estos activistas van tejiendo su red para que el Pirineo Oriental viva el mismo clima de tensión que Cataluña.
Francia no puede tener varios representantes de un mismo país en nuestro suelo, sin empañar el buen entendimiento de sus relaciones diplomáticas, y de los franceses, como para la región catalana.
Por último, si tenemos que volver al fenómeno de esta manifestación separatista del próximo sábado, 19 de diciembre de 2020, parece totalmente absurdo autorizar tal manifestación separatista, en el punto álgido de una pandemia del covid 19, sin poner en grave peligro a nuestros conciudadanos y al sistema hospitalario francés que se pudo encontrar, por lo consiguiente, abrumado por los casos de Covid-19. En efecto, el 29 de febrero de 2020, la delegación de Perpiñán del llamado «Consejo de la República», dependiente del gabinete mantenido por Carles Puigdemont de Bélgica, había convocado una gran manifestación independentista. Este evento reunió a 110.000 personas según la policía francesa. ¿Qué pasaría si tal demostración tuviera lugar realmente?
¿Qué prefecto sano puede autorizar semejante aberración?
El Estado francés debe recordar su apego a la indivisibilidad de la República, cesar todas las relaciones con los representantes de esta corriente separatista y prohibir todas las reuniones separatistas en su suelo.
De ello depende nuestra credibilidad en la lucha contra el separatismo, la unidad de la Nación y el mantenimiento de nuestras relaciones con España, país amigo y socio europeo. Debemos protegernos de cualquier injerencia en los asuntos internos de España, que se rige por el Estado de derecho y cuyo gobierno tiene plena legitimidad.
Laurence Taillade
Ensayista, consultora, fundador del Partido Republicano Solidario».
En francés
«París, lundi, 14 de decembre de 2020
Catalogne: n’acceptons pas le séparatisme sur notre sol!
Argelès-sur-Mer doit être le siège d’une manifestation indépendantiste catalane le 19 décembre prochain. Alors que le gouvernement se dote d’une loi visant à combattre les séparatismes, et que nous traversons une phase épidémique mondiale, ces souverainistes se parent du soutien d’élus français pour tenir un rassemblement international, faisant fi des normes sanitaires. Pendant que notre pays prend lentement la mesure du danger du communautarisme islamiste, s’organise, sous nos yeux, en toute impunité, une autre menace pour l’unité nationale, prenant le visage du séparatisme catalan. Par Laurence Taillade.
Rappel des faits : M. Puigdemont avait organisé, en octobre 2017, un référendum réclamant l’indépendance de la Catalogne. Celui-ci, manifestement truqué, avait entrainé un « oui », avec l’expression d’un tiers des inscrits. Par la suite, il avait prononcé l’indépendance de la Catalogne, pour ensuite se rétracter. Ce référendum illégal a conduit une dizaine de dirigeants politiques et associatifs catalans à des peines de prison pour sédition et détournement de fonds par la justice espagnole. Les moins courageux se sont réfugiés en Belgique, Suisse, pour échapper à une condamnation par contumace, qui n’existe pas dans le droit espagnol. C’est le cas de Monsieur Puigdemont, leader de ce mouvement, qui continue à œuvrer provisoirement en tant que député européen, malgré l’annulation de son élection par la commission électorale espagnole en janvier et la saisine de la Cour de justice de l’UE, par son pays d’origine1. Il vit en Belgique et se promène en toute impunité en France pour y distiller ses discours dangereux pour notre Nation avec, parfois et c’est très grave, le soutien d’élus de la République française.
En effet, il est temps de lever le voile sur les activités de cette organisation qui étend ses tentacules de l’Espagne à la Suisse, en passant par la France et revendique l’indépendance de la Catalogne. L’objectif poursuivi semble être, donc, de briser les régimes politiques en place dans les territoires visés.
Le travail de sape dans le département des Pyrénées orientales est organisé en direction de tous les publics.
La création d’écoles associatives, les Bressolas2, cofinancées par les parents et des collectivités territoriales françaises et espagnoles, permet de véhiculer un discours victimaire et séparatiste aux enfants prétendant que « Le territoire de Catalunya Nord, sous administration française, souffre depuis plusieurs décennies d’une politique de substitution linguistique du catalan par la langue française. La politique linguistique de l’État français a fait que, aujourd’hui, le catalan soit devenu la langue minoritaire du pays. » Il n’est pas question ici de remettre en cause la richesse des langues régionales, qui sont une partie importante de notre culture, mais de noter qu’en toute impunité, on considère qu’il existerait un pays catalan fantasmé rattaché par erreur à la France qui y impose le français.
L’enseignement de la langue catalane, par des bénévoles de l’association APLEC, donnerait lieu à des récits étranges évoquant le « pays catalan », quand ces mêmes personnes n’évoquent pas un apartheid linguistique français et ceci jusque dans nos écoles publiques.
De fausses ambassades ont été ouvertes dans différents pays de l’Union européenne, dont une à Paris, dans le but, semble-t-il, d’entretenir une légitimité illusoire de membres d’un pseudo gouvernement autonome et de véhiculer un discours de dénigrement systématique du gouvernement espagnol.
Dans le fond, ces manipulateurs contestent le traité des Pyrénées datant de 1659 et revendiquent les Pyrénées Orientales sur notre territoire et avec le soutien d’une belle part de la gauche française, toujours prompte à défendre David contre Goliath, à moins qu’il ne s’agisse que de basses manœuvres clientélistes… Encore.
Ainsi, les comportement des maires des villes d’Elne et d’Amélie-les-Bains-Palalda posent question à bien des égards, multipliant les soutiens officiels à Carles Puigdemont et à de prétendus « prisonniers politiques » que seraient les élus sécessionnistes, condamnés par le Tribunal suprême d’Espagne pour avoir violé l’article 2 de la Constitution espagnole de 1978.
Le conseil départemental 66 a apporté un appui identique, érigeant sur la façade de l’hôtel départemental des banderoles, ainsi que le conseil régional Occitanie, sous l’impulsion de la France insoumise et d’EELV, par un vœu réclamant que des «solutions politiques et démocratiques soient privilégiées aux choix judiciaires et répressifs par le pouvoir central en Espagne à propos de la crise catalane, et qu’à ce titre les prisonniers et exilés retrouvent leur liberté pleine et entière».
Ainsi, nous avons des élus français qui s’immiscent dans la vie démocratique d’autres pays mettant gravement en danger nos relations diplomatiques, déniant la qualité d’état de droit et son expression par sa justice à l’Espagne.
Je m’interroge sur l’opportunité pour la France d’entretenir des relations avec une telle organisation et ses représentants qui véhiculent sur notre territoire un message sécessionniste portant gravement atteinte à l’indivisibilité de l’Etat. Par leurs discours, ils fracturent la Nation et attisent l’appétit d’autres souverainistes corses, bretons, basques… Lentement, mais sûrement, ces activistes tissent leur toile pour que les Pyrénées Orientales vivent le même climat de tension que la Catalogne.
La France ne peut avoir plusieurs représentants d’un même pays sur notre sol, sans brouiller la bonne compréhension de ses relations diplomatiques, et des Français, quant à la région catalane.
Enfin, si l’on doit revenir au phénomène de cette réunion du 19 décembre, il semble totalement aberrant d’autoriser un tel rassemblement, en plein pic pandémique sans mettre gravement en danger nos concitoyens et le système hospitalier français qui pourrait se trouver, par la suite, submergé par les cas de Covid-19. En effet, le 29 février 2020, la délégation de Perpignan du dénommé « Conseil de la République », dépendant du cabinet que maintient Carles Puigdemont depuis la Belgique, avait convoqué une grande manifestation indépendantiste. Cet événement avait rassemblé 110.000 personnes selon la police française. Que se passerait-il si une telle manifestation se tenait réellement ?
Quel préfet bien portant peut-il autoriser une telle aberration ?
L’Etat français doit rappeler son attachement à l’indivisibilité de la République, cesser toute relation avec les représentants de ce courant séparatiste et faire interdire tout rassemblement sur son sol.
Il en va de notre crédibilité à combattre le séparatisme, de l’unité de la Nation et du maintien de nos relations avec l’Espagne, pays ami et partenaire européen. Nous devons nous préserver de toute ingérence dans les affaires internes espagnoles, qui est un Etat de droit et dont le gouvernement a toute légitimité.
Laurence Taillade
Essayiste, consultante, fondatrice du Parti Républicain Solidariste».
