Ponen contra las cuerdas a auditores del Palacio de Música que no vieron el expolio de CDC

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Si el Tribunal de Cuentas acepta los bienes entregados como avales, Artur Mas tendrá que hacer trabajos sociales para pagar "un 30% de impuestos por este concepto" sino ingresará igualment a prisión. El expresidente actual presidente del PDECAT y de la Generalidad de Cataluña, quien organizó el referéndum ilegal del pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña -contra Cataluña y resto de España con los fondos públicos-, Artur Mas Gavarró

Agencias – El fiscal pone contra las cuerdas a los auditores del Palacio de la Música que no vieron el saqueo de Convergencia del inhabilitado Artur Mas (CDC). “Importes astronómicos, conceptos vagos y difusos, ¿y todo correcto, a su entender?”, ha espetado con ironía el fiscal. El testigo Antoni Gracia y Roger Margarit, del Gabinete Técnico de Auditoría del Palacio de Música de Cataluña ha reconocido que en alguno de los ejercicios económicos que analizó hubo una “variación llamativa” en el coste del servicio de buzoneo del Palacio de la Música, que sumó 982.000 euros en tres años, una cantidad con la que, ha ironizado el fiscal, “se podría enviar una carta a cada persona del planeta”. Barcelona (España), viernes 31 de marzo de 2017. Fotografía: Cataluña (España), semana del 29 de marzo de 2017. El inhabilitado Artur Mas, por el 9N, durante su comparecencia en el Parlamento autonómico de Cataluña sobre los numerosos caso de corrupción de su partido Convergencia (CDC), precisamente del Caso del expolio de Palacio de la Música de Cataluña. Efe.

El fiscal ha puesto este jueves, 30 de marzo de 2017, contra las cuerdas a los dos auditores que analizaron las cuentas del Palacio de la Música, en un duro interrogatorio en que les ha pedido explicaciones por no haber detectado el desvío de fondos, y a una excontable de la entidad que reiteradamente aducía falta de memoria.

Los dos auditores y Rosalía Inglés, que trabajó durante 25 años en el Palacio de la Música hasta que fue destituida como responsable de contabilidad al estallar el escándalo del expolio, han declarado hoy como testigos ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga a los exresponsables de la entidad Fèlix Millet y Jordi Montull por el millonario saqueo.

Con evasivas respuestas, los testigos han intentado capear el interrogatorio del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que les pedía cuentas por no advertir el saqueo, y han provocado en dos ocasiones la intervención de la presidenta del tribunal, Montserrat Comas Argemir, para reconducirlos.

El fiscal ha preguntado a los testigos, Antoni Gracia y Roger Margarit, del Gabinete Técnico de Auditoría, sobre los motivos por los que no detectaron irregularidades en las cuentas de la institución, y ha llegado a espetarles si existía algún acuerdo para efectuar las auditorías del Palacio de la Música “de forma amable”.

Además, les ha afeado su falta de comprobaciones en varias de las operaciones económicas que después se ha constatado que estaban detrás del expolio de la entidad cultural y, particularmente, por las facturas falsas con las que sospecha que el Palacio hizo llegar a CDC comisiones ilegales de la constructora Ferrovial.

Dichas comisiones, mantiene la Fiscalía, se enmascararon a través de las facturas que proveedores de CDC cargaban al Palau de la Música por actividades de buzoneo que en realidad habían prestado para la formación nacionalista.

“Importes astronómicos, conceptos vagos y difusos, ¿y todo correcto, a su entender?”, ha espetado con ironía el fiscal a Roger Margarit, uno de los auditores.

Margarit ha reconocido que en alguno de los ejercicios económicos que analizó hubo una “variación llamativa” en el coste del servicio de buzoneo del Palacio de la Música, que sumó 982.000 euros en tres años, una cantidad con la que, ha ironizado el fiscal, “se podría enviar una carta a cada persona del planeta”.

El auditor ha aducido entonces que esas facturas era “emitidas por un tercero, debidamente registradas”, por lo que no comprobó que los trabajos se hubieran llevado a cabo.

La explicaciones de los dos técnicos han motivado la intervención de la presidenta del tribunal, Montserrat Comas d’Argemir, que ha preguntado si no “entra dentro de la función de un auditor constatar si se ha prestado el servicio o no”.

También la presidenta del tribunal ha intervenido con motivo de la testifical de la excontable del Palacio, que ha aducido falta de memoria cuando la Fiscalía le ha preguntado por el trasiego de cheques en efectivo girados a las cuentas del Palacio de la Música, cuentas ocultas a la finanzas oficiales o los convenios con los que la entidad cultural donó 630.000 euros a la fundación Trias Fargas, actual Catdem, afín a CDC.

La testigo ha alegado que no recordaba las facturas y operaciones sospechosas -cuya dinámica era “evidente”, según aseguraron ayer trabajadores del Palacio que estaban bajo sus órdenes-, hasta que ha colmado la paciencia del fiscal, que le ha inquirido cómo no le llamaron la atención facturas de más de 500.000 euros que tenía en las manos.

La magistrada presidenta ha interrumpido entonces el interrogatorio para preguntar a la testigo si padecía algún problema médico que le impidiera recordar. “Tenemos la sensación como si se le hubiera borrado la memoria histórica, le recuerdo que tiene la obligación de decir verdad”, ha añadido.

“Ya me gustaría acordarme, pero no me acuerdo”, ha sostenido la testigo, a la que Comas ha vuelto a reñir: “señora, estamos hablando de temas importantes en un lugar donde usted tenía un cargo importante”.

También han declarado hoy como testigos dos empresarios de las firmas Triobra y G.P.O., quienes han reconocido que por indicación de Millet cargaron al Palacio obras de reforma en la casa familiar del saqueador confeso en Ametlla del Vallés (Barcelona).

Los empresarios han reconocido que Jordi Montull, mano derecha de Millet al frente del Palacio, les ha pedido disculpas por utilizar las iniciales de su empresa G.P.O en un gráfico en que detallaban el reparto de las comisiones que Ferrovial pagaba presuntamente a CDC a través de la entidad cultural a cambio de obras públicas, lo que motivó que se investigara la relación de esa firma con las mordidas.

En su declaración ante el tribunal, la exdirectora financiera Gemma Montull aclaró que el acrónimo G.P.O, que aparecía en un cuadro de cifras juntos a los epígrafes “Cobrament Ferrovial” (cobro Ferrovial), “Pagament a Daniel” (pago a Daniel) y “Cobrament Fundació” (cobro Fundació), era la expresión empleada por Millet y Montull para referirse a la parte de las “mordidas” de Ferrovial que les correspondían a ellos.

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