Redacción.- Barcelona (España), lunes 16 de enero de 2023. «Por España, la Democracia y la Constitución. Razones de fondo de ésta convocatoria ciudadana del sábado, 21 de febrero de 2023 a las 12:00 horas del mediodía en Plaza Cibeles, en Madrid. Una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmersa España. Las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con la última modificación legislativa para hacer un Código Penal a la medida de los responsables del golpe de Estado de octubre del 17.
La alteración del Código Penal al dictado de los propios transgresores, eliminando el delito de sedición y rebajando hasta el ridículo las penas por malversación de los políticos, es propia de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso. Más aún si ése es sólo el último acto de una sucesión de acontecimientos que deben ser aquí recordados para tomar conciencia de la gravedad de la situación:
Se han dado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los delincuentes nacionalistas vinculados a los partidos socios del Gobierno: los condenados por sedición han sido indultados y los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás, trasladándolos al País Vasco una vez se ha cedido la competencia de prisiones al Gobierno autonómico.
Al mismo tiempo, se colonizan instituciones y corporaciones con simpatizantes y miembros del partido, alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesario para el correcto funcionamiento de la democracia.
Por poner sólo algunos ejemplos: se nombra fiscal general del Estado a una diputada socialista y ministra del Gobierno, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a un miembro de la ejecutiva socialista, directora de RTVE a una persona claramente afín al partido; se cesa a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al presidente de la Agencia Efe, al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o se fuerza la dimisión del director del Instituto Nacional de Estadística (INE) por no plegarse en el ejercicio de sus funciones a los intereses del Gobierno.
La lista sería interminable, pero debe destacarse, por su gravedad, el último hito de esta invasión partidista de las instituciones: el asalto al Tribunal Constitucional (TC), donde el Gobierno ha designado como magistrados a otro exministro y a una directora general de su total confianza.
Este proceso colonizador se suma a la limitación de funciones, la presión o la deslegitimación constante de las instituciones u organismos que puedan ejercer la necesaria función moderadora o de contrapeso, desde la Monarquía hasta el Poder judicial, pasando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el TC, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España.
Para cerrar el círculo, desde el bloque gubernamental y sus socios se menoscaba el control parlamentario; se ha batido el récord en el uso del Real Decreto Ley desde que fue aprobado por la Constitución, se abusa de los mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes, se evita la habitual y más garantista vía del proyecto de ley, se evitan los informes preceptivos o se pretende hurtar todo debate sobre asuntos esenciales al introducir decisivas modificaciones legislativas mediante enmiendas totalmente ajenas al objeto de las leyes en las que son introducidas.
Este conjunto de nocivas actuaciones para la salud de nuestro sistema democrático ni son hechos aislados ni pueden deberse exclusivamente a la simple compra de apoyos parlamentarios: son demasiado graves, generan demasiado escándalo y acarrean demasiado coste para el propio Gobierno como para entenderlos como mero mercadeo político.
Interpretadas en su conjunto revelan que estamos ante algo notablemente más grave: hay en marcha un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía y que está siendo acordado con los representantes del llamado socialismo del siglo XXI, los nacionalismos secesionistas y los herederos del discurso del terror de ETA.
Conscientes de la falta de apoyo popular para obtener las mayorías necesarias para modificar la Constitución, se pretende un cambio constitucional por otros medios; la tergiversación e interpretación ideológica de la Constitución, la presión a los tribunales, el control partidista de las instituciones y las vías de hecho. Éste plan está corroyendo nuestra democracia, socavando nuestras instituciones y dividiendo a la población y, si no conseguimos detenerlo, desembocará en una democracia defectuosa e incompleta y en una España desprestigiada, decadente y menguada.
Conviene recordar que los españoles en noviembre de 2019 no votamos lo que está sucediendo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) concurrió a las elecciones asegurando que no daría entrada en el Gobierno a los populistas, dejó bien claro que nunca sostendría la gobernabilidad en quienes desde la Generalitat acababan de articular un golpe de Estado, se comprometió a permitir el íntegro cumplimiento de las condenas de los sediciosos, a no pactar con Bildu, heredero directo del brazo político de ETA, y a hacer de la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática dos de sus principales objetivos. Una mayoría de españoles dieron su voto al Partido Socialista bajo esas premisas, no para que hiciera exactamente lo contrario.
No se trata de izquierdas, derechas o centro. Se trata de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, el deterioro de nuestra democracia y el debilitamiento de nuestro Estado. Se trata de defender la democracia, la Constitución y, en último término, la España de ciudadanos libre e iguales en derechos que quiere una gran mayoría de españoles.
Diversos ejemplos a lo largo de la historia y, actualmente, la experiencia hispanoamericana, nos demuestran que los regímenes democráticos pueden mutar a populismos colectivistas en los que la esencia de la democracia liberal es desmantelada. No se necesita un golpe de Estado militar o violento para convertir nuestros sistemas en una mera formalidad democrática, vacía de un auténtico contenido, sistemas en los que la separación de poderes, el imperio de la ley, los derechos fundamentales y la libertad de empresa se ven comprometidos hasta convertirse en meras caricaturas.
La democracia no es el estado natural de la sociedad y no triunfará si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan.
Por eso, llamamos a la sociedad civil y a los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la Nación a unirnos activamente para conjurar ese peligro y detener el deterioro de nuestra democracia, el desprecio a nuestra Constitución y el riesgo de una España balcanizada y disminuida, sin fuerza para defender los verdaderos intereses de sus ciudadanos. Os esperamos el día 21 de enero a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid.
Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), Plataforma Unión 78, LEI, Convivencia Cívica Catalana, Plataforma Cataluña Suma por España y un centenar de asociaciones cívica.
Madrid, 12 enero de 2023″.
EL GOBIERNO DENIEGA LOS PERMISOS PARA CELEBRAR LA CONCENTRACIÓN EN PLAZA COLÓN
«Nos vemos en Plaza Cibeles. Cambiamos la localización de la Concentración del sábado 21 de enero de 2023, bajo lema «Por España, la Democracia y la Constitución» porque la Delegación del Gobierno deniega el permiso para concentrarnos en Colón.
La Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado para la celebración de la concentración el día 21 de enero de 2023, en la Plaza de Colón, por lo que nos vemos obligados a convocar a los españoles en un lugar alternativo: Plaza de Cibeles y calles confluentes.
En cualquier caso, es preciso aclarar que la solicitud de concentración en la Plaza de Colón se comunicó a Delegación del Gobierno el 9/12/2022, recibiendo respuesta denegatoria por no estar dentro de los treinta días previos al acto.
Se volvió a comunicar en el primer momento, trigésimo día anterior a la manifestación, (22/12/2022), tanto por registro telemático, como por correo electrónico.
La Delegación del Gobierno denegó el permiso porque, supuestamente, se había solicitado unos minutos antes, mediante correo electrónico, una concentración en el mismo lugar y a la misma hora que esta nuestra manifestación.
Frente a esta denegación debemos hacer constar lo siguiente:
1. La comunicación por correo electrónico no cuenta con las garantías telemáticas sobre la identidad del solicitante, ni sobre el momento exacto de la recepción de la comunicación, por lo que puede fácilmente ser alterada para hacerla figurar como recibida con anterioridad a otra.
2. La primera solicitud recibida con todas las garantías (es decir, a través de la aplicación telemática destinada a estos efectos) ha sido la del Foro Libertad y Alternativa (L&A). Adicionalmente, la Delegación tenía noticia previa de la convocatoria mediante correos electrónicos de 09/12/22 y a primera hora del 22/12/22. Adicionalmente, esta concentración era pública y había tenido una amplísima difusión. Por todo ello, era clara la prioridad de esta convocatoria sobre cualquier otra.
3. De acuerdo con la información obtenida, el convocante «alternativo» es una persona física, sin representación alguna, de una organización «ficticia», no registrada en ninguna instancia. La finalidad de dicha convocatoria es evidente y supone un claro abuso de derecho y un fraude de ley.
La Delegación del Gobierno ha denegado de manera injustificada el derecho a concentrarnos en la Plaza de Colón el día 21 de enero de 2023.
Sin embargo, no tenemos intención de perder energías en recurrir una decisión, aunque la consideremos evidentemente no ajustada a Derecho.
Por este motivo, hemos decidido cambiar el lugar de la concentración. Estas dificultades no impedirán que ejercitemos nuestro derecho a manifestarnos en defensa de España, la Constitución y la Democracia: os esperamos el día 21 de enero de 2023, a las 12:00 horas, en la Plaza de Cibeles y calles limítrofes.
Madrid, 28 de diciembre de 2022″.
