Redacción.- Barcelona (España), lunes 16 de enero de 2023. Estamos en la cuesta de enero, con una inflación galopante donde la anunciada reducción del IVA a algunos productos apenas se nota. España es líder del paro de los países de la UE con un 12,4%, afectando sobre todo a los jóvenes menores de 25 años en un 32,3%. La presión fiscal a empresas y familias supera el 42% del PIB y se coloca por encima de la media de la UE provocado por el afán recaudatorio. Aumento de empresas en concurso de acreedores siendo Cataluña donde más se producen, etc.
En medio de éste escenario, la semana pasada, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tomaron posesión de sus cargos: María Luisa Segoviano Astaburuaga, Laura Díez Bueso, César Tolosa Tribiño y Juan Carlos Campo Moreno. En esta ocasión el presidente saliente, Pedro González-Trevijano, dejó un mensaje claro a todos: «el respeto tanto a la Constitución como a la ley democrática por parte de todos crea precisamente las condiciones idóneas para las libres y legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros, en tanto que ciudadanos. Lo que implica que ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni podemos tampoco avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución que resulten inconstitucionales», con lo cual dejaba constancia por si algún magistrado tenía otras intenciones.
Dos días después, entre dos candidatos salió elegido el nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que contó con seis votos favorables de los magistrados progresistas (PSOE), donde el voto de la magistrada María Luisa Segoviano, fue decisivo. En su discurso de posesión del cargo declaró: «nuestra Constitución no permite ni la secesión, ni la autodeterminación, ni la independencia». Fue fiscal general del Estado en el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que negoció con ETA. Es el candidato del Gobierno actual.
La otra candidata progresista, María Luisa Balaguer Callejón, recibió el apoyo de cuatro votos del grupo conservador (PP). Ahora, el TC está formado por una mayoría progresistas, donde presidente y vicepresidenta son progresistas (PSOE). Una vez han tomado posesión de sus cargos les espera encima de la mesa temas delicados a resolver: la ley catalana sobre el uso del 25% de español en las aulas catalanas, el aborto, la eutanasia, ley Celáa, vivienda, reforma laboral, retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, el procés, bloqueo por parte del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para realizar nombramientos, etc..
Por otro lado, el jueves 12 de enero, entró en vigor la reforma del Código Penal (CP) en el cual se derogó el delito de sedición y fue sustituido por el de desórdenes públicos agravados, y la rebaja del delito de malversación. Todo hecho a la medida de sus socios los independentistas, pero ese mismo día el juez instructor del procés del Tribunal Supremo, Pablo Llarena Conde, dio a conocer un auto revisado en el cual las excusas presentadas por el Gobierno central y sus socios para modificar el CP, no eran válidas porque existen otros países democráticos constitucionales, como: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica o Grecia, que ante los mismos hechos, reciben fuertes sanciones, con varios años de cárcel o incluso la cadena perpetua.
Así mismo, aunque Carles Puigdemont, quedaba libre del delito de sedición, los acontecimientos ocurridos en septiembre y octubre de 2017, no encajan con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados (art. 577 del CP), más bien lo que había ocurrido es que se había producido una «despenalización» de este delito, cosa que no gustó al Ejecutivo central.
En cuanto a la malversación dijo que la rebaja aprobada en la reforma del CP, no se corresponde con el delito cometido, sino que se corresponde con la malversación de «tipo agravado», que ya constaba anteriormente en el artículo 432 del CP. Concluyó que retiraba el delito de sedición porque ya no existía, activaba la orden de detención nacional y aparcaba la euroorden a la espera de las resoluciones que dará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la Unión Europea, respecto a su inmunidad parlamentaria, que podría dejar de ser eurodiputado porque no cumplió con los requisitos que marca la Junta Electoral Central, cuando se realizaron las últimas elecciones europeas.
Además, el expresidente catalán, sería sancionado por los delitos de desobediencia (art. 410) y malversación agravada (432.2) que no comporta la reducción del tiempo de inhabilitación, hecho por el cual sería imposible que pudiera incorporarse a la vida política en un futuro cercano, más bien es posible que le toque estar encerrado unos años por los delitos cometidos en septiembre y octubre de 2017. La misma suerte tendrían Antonio Comín Oliveres y Lluís Puig Gordi. Clara Ponsatí Obiols y la secretaria general de ERC, Marta Rovira Vergés, quedarían libres porque ya no existe el delito de sedición, sólo responderán por el delito de desobediencia, castigado con inhabilitación y multa. Podrán volver a España en el momento que les convenga. También, se aplicará el delito de malversación a: Oriol Junqueras Vies, Raúl Romeva Roure, Jordi Turull Negre y Dolors Bassa Coll. Con el punto de vista del juez, Pablo Llarena, no termina la revisión de la causa, sino que será la Sala Penal del Tribunal Supremo, que dirige el magistrado, Manuel Marchena, quien se encargará de juzgar el procés.
Según la Fiscalía, se debería aplicar a los independentistas indultados, condenados y fugados los delitos de desórdenes públicos agravados (para que tanto Jordi Sánchez Picanyol como Jordi Cuixart Navarro, no queden impunes del delito cometido en octubre de 2017), desobediencia y malversación (facilitaría la reducción del tiempo de inhabilitación de los indultados y fugados). Finalmente, será la Fiscalía General del Estado, quien unifique criterios sobre el tema tratado y decida qué casos se archivan o siguen su curso. La modificación del CP, trae consigo la revisión de otros casos de corrupción como por ejemplo: Acuamed, Púnica, trama Kitchen, etc.
Por otra parte, el jueves 19 de enero, se realizará la cumbre hispano-francesa de los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, en el Museo de Arte de Catalunya. Ante la celebración de dicho acto el expresidente Carles Puigdemont Casamajò, salió declarando: «Han trabajado para desmovilizar y romper la unidad, que han sido dos grandes herramientas para defender Cataluña de un Estado que nos discrimina y nos perjudica por el hecho de ser catalanes».
Los grupos independentistas respondieron a su llamado y están preparando una manifestación en contra del acto. Se han unido diferentes entidades independentistas, asociaciones y partidos independentistas de ERC, JxCat y la CUP. Y para asombro entre los asistentes estará el presidente de ERC, Oriol Junqueras y el presidente del Gobierno catalán de ERC, Pere Aragonès García, asistirá a la cumbre de presidentes nacionales y él como presidente regional anfitrión de Cataluña. Éste ha pedido al presidente del Gobierno español, que le permita tener un encuentro a solas con el presidente francés como si de un presidente nacional se tratará y así conseguir repercusión internacional para dar difusión a su causa.
Según ellos, la celebración del acto es una ofensa porque el Gobierno quiere vender la idea de que el procés se ha acabado y no es así. El Gobierno central, afirmó que ya cumplió su compromiso con el Gobierno de ERC, reformó el CP y que ahora corresponde a los tribunales realizar su labor. Ni se ha acabado el procés en Cataluña ni ha venido la paz, más bien los dirigentes independentistas aparentan que están separados, pero en cualquier momento vuelven a unirse para continuar reivindicando la autorización para realizar una consulta al pueblo catalán y en base a eso declarar la independencia. En Cataluña no se respetan los derechos lingüísticos de más de la mitad de los catalanes, se impone la inmersión lingüística monolingüe en catalán desde los primeros años de educación infantil hasta el ámbito universitario y se veta el uso de la lengua española como lengua vehicular en la región.
También, más de 1,000 profesores y catedráticos de toda España, han firmado un manifiesto reclamando que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada en el Congreso de los Diputados por los partidos independentista: ERC, JxCat y Bildu, permita que los campus universitarios se posicionen ideológicamente, cuando debería ser «un foro abierto para el debate libre». En el mes de noviembre pasado, el Tribunal Supremo, condenó a la Universidad de Barcelona y la Politécnica de Cataluña, por vulnerar la neutralidad ideológica que se presupone a las administraciones públicas, con la excusa de la libertad de expresión. Cosa que ocurrió en las universidades públicas catalanas con el manifiesto del 1-O, donde se defendió el derecho de autodeterminación y se condenó a la acción policial para evitarlo. Hoy, en las universidades catalanas se intenta imponer un pensamiento único oficial.
Por último, esta semana se realizarán dos manifestaciones, la primera, en Madrid, el sábado día 21 de enero, organizado por la plataforma Foro España Cívica para manifestarse por: la supresión del delito de sedición, el asalto al poder judicial, el previsible escenario del referéndum en Cataluña, etc.. La segunda, en Barcelona, el domingo 22, en la Plaza Sant Jaume, organizado por la asociación Cataluña Suma por España, para expresar su rechazo a: la alianza del Gobierno con los separatistas e independentistas, la derogación de la sedición y rebaja de la malversación, la persecución de la lengua española en las escuelas catalanas, etc..
En conclusión, nos esperan tiempos difíciles y en medio tenemos la mayoría de Comunidades Autónomas en campaña para la celebración de elecciones municipales, autonómicas y generales. Con la puesta en marcha del Tribunal Constitucional y con el nuevo presidente, se espera que haga cumplir la Constitución en la solución de los diferentes temas que tiene que tratar. Con la presentación del auto del juez, Pablo Llarena Conde, ha quedado demostrado que las excusas presentadas por el Gobierno para modificar el Código Penal, no eran ciertas, más bien han sido «moneda de cambio de votos por apoyo» para beneficiar a los condenados y procesados del procés del 1-O y mantenerse en el poder. Han quedado impunes los hechos ocurridos del 1-O y en caso de que lo vuelvan a intentar el Estado quedaría desprotegido. Con la reforma del Código Penal que en un principio era para beneficiar a los independentistas del procés, permitirá que se aplique a infinidad de casos de corrupción que afecta a cargos importantes de los diferentes partidos políticos. No hay que perder de vista los acontecimientos que ocurren en Cataluña porque se pone de manifiesto la quiebra del Estado de Derecho y la Ley. Es nuestra responsabilidad evitarlo.
