Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), viernes 9 de julio de 2021. Los grupos del PSC-Units, el de Ciudadanos (Cs) y el del PPC han pedido al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que estudie si el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) creado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas, pendiente de validación del Parlamento de Cataluña, se ajusta al Estatuto de autonomía de Cataluña y a la Constitución.
Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatuto, no son vinculantes, pero aún así fuentes socialistas consultadas por Efe consideran que su aval es importante a nivel político.
Este organismo ha cuestionado otras normas promovidas por el independentismo, como las llamadas «leyes de desconexión» o la regulación de los precios del alquiler.
Según las fuentes mencionadas, una resolución positiva del CGE reforzaría la tesis del gobierno catalán de que el mencionado fondo tiene «solidez jurídica», mientras que un dictamen contrario le daría margen para dar marcha atrás antes de incurrir en posibles delitos.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña acordó el martes pasado la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), con una dotación inicial de 10 millones de euros, para ayudar -entre otros- a los 34 ex altos cargos de la administración catalana a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por la promoción del procés en el extranjero.
Tras la aprobación de este mecanismo inédito, que según el gobierno catalán es legal porque no implica un aval directo, el ejecutivo de Pedro Sánchez dijo que lo estudiaría, y PP, Cs y Vox anunciaron que interpondrían recurso.
De momento, los socialistas catalanes piden que sea el CGE quien aclare si esta norma «singular» presenta dudas jurídicas.
Por su parte, Ciudadanos, que como el PPC ha confirmado a Efe que llevan el decreto del fondo al CGE, ha dicho que es «inconcebible» que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña «se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas».
