Redacción – Hasta 15 millones de euros. Esa es la cantidad que la Comunidad de Madrid podría invertir, si ahorrase en gasto político superfluo, en la contratación de 500 nuevos médicos, 2.800 rentas mínimas de inserción, 3.750 ayudas a la dependencia, 28.500 becas de comedor, 9.500 becas universitarias o más de 13.500 cheques guardería. Y en ayudar a quienes padecen las colas del hambre cada día. Madrid (España), lunes 8 de febrero de 2021.
El GPVOX en la Asamblea de Madrid registró una proposición de Ley para reducir el número de diputados, así como de altos cargos del Gobierno, con el fin de poder invertir esos recursos en Sanidad, Educación, Dependencia y la Emergencia social que ya se está produciendo desde la pandemia de Coronavirus. Pero tanto PP y Ciudadanos, como el PSOE, se han negado a llevarla a cabo y han tumbado en la Mesa la posibilidad siquiera de debatirla y votarla.
VOX no cejará en su empeño de presionar al Gobierno regional para que, en una época de especial crisis como la actual, donde las previsiones económicas y de desempleo son demoledoras, reduzca el gasto superfluo y redirija esos recursos a lo verdaderamente necesario. En concreto, la propuesta de VOX exige las modificaciones tanto del Estatuto de Autonomía como de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid con dos finalidades:
Por un lado, reducir el número de diputados de 132 a 90 -y que se elija a un diputado por cada 75.000 habitantes, como ocurre ya en otras Comunidades Autónomas o, incluso, en Congreso y Senado-. Ello permitiría un ahorro de más de 2 millones de euros, solamente en sueldos en complementos.
Por otro, reducir el número de consejerías, eliminar la figura del viceconsejero y reducir la estructura administrativa del Gobierno podría suponer un ahorro de casi 13 millones de euros al año.
«Las sociedades prósperas siempre tienen gobiernos e instituciones representativas austeras. Lo que siempre debería ser un imperativo lógico de buena gestión y administración de los recursos públicos, hoy, tras las consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocadas por la terrible crisis del Coronavirus, se convierte en un imperativo, no solo político, sino también de orden moral y de justicia social», reza el escrito de la propuesta de VOX.
«Si familias y empresas están ya tomando duras y difíciles medidas de ajuste, reduciendo gastos superfluos o no imprescindibles, no tiene sentido que los legítimos representantes políticos de los ciudadanos -en gobiernos o parlamentos- no hagamos lo mismo en lo que se refiere al gasto político superfluo o, simplemente, no esencial», continúa el texto.
Pero para PP, Ciudadanos y PSOE la emergencia social que no hace más que engrosar las colas del hambre no merece quedarse sin sus privilegios políticos. En la defensa de la austeridad, la ejemplaridad y la lucha por el bienestar de los madrileños ya solo queda VOX.
La PNL de VOX
A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
Dª ROCÍO MONASTERIO SAN MARTÍN, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX EN MADRID en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante el PLENO de la Cámara la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY sobre Reducción de Diputados de la Asamblea de Madrid y otros cargos políticos.
Madrid, 26 de enero de 2021.
LA PORTAVOZ
Rocío Monasterio San Martín
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid se justifica por la exigencia inaplazable de adoptar una serie de medidas ejemplarizantes en materia de austeridad en el gasto político ante la tremenda crisis económica y social que ya estamos sufriendo por la pandemia del Coronavirus.
Las sociedades prosperas siempre tienen gobiernos e instituciones representativas austeras. Lo que siempre debería ser un imperativo lógico de buena gestión y administración de los recursos públicos, hoy, tras las consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocadas por la terrible crisis del Coronavirus, se convierte en un imperativo, no solo político, sino también de orden de orden moral y de justicia social.
Si las consecuencias sanitarias de la crisis del Coronavirus se han cobrado la escalofriante cifra de más de 19.000 fallecidos y 445.389 contagiados en Madrid, las terribles consecuencias económicas y sociales que ya estamos viviendo requieren una respuesta ejemplar por parte de los representantes políticos de los ciudadanos madrileños.
Las previsiones de caída del PIB en 2020 oscilan entre el 9,2% que pronostica el Gobierno de la Nación y el 11,6% del Banco de España. Y en cuanto al desempleo se estima que podría alcanzar el 20% a finales de año, sin contar el personal afectado por los ERTE.
En cuanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejero de Hacienda estima la caída del PIB de Madrid entre un 8%, en el mejor de los escenarios, y un 17%, en el peor, con una pérdida de un millón de empleos. En la actualidad hay 432.516 madrileños en paro (68.756 más desde marzo), 588.250 trabajadores están acogidos a un ERTE y 45.000 han sufrido un ERE.
La crisis económica está mostrando su cara más dramática en la emergencia social, que tiene su imagen más descarnada en las “colas del hambre” a las que se están viendo abocados miles de ciudadanos y familias madrileñas. Muchas entidades sociales que trabajan con los más desfavorecidos, como Cáritas o el Banco de Alimentos de Madrid, alertan que se han disparado en más de un 30% las peticiones de ayuda para comer o la asistencia a los comedores sociales. Y lo peor está aún por llegar.
Si familias y empresas están ya tomando duras y difíciles medidas de ajuste, reduciendo gastos superfluos o no imprescindibles, no tiene sentido que los legítimos representantes políticos de los ciudadanos, en gobiernos y parlamentos, no hagamos lo mismo en lo que se refiere al gasto político superfluo o, simplemente, no esencial.
La Asamblea de Madrid tiene en la actualidad 132 diputados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, que establece que la misma estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el 28 de febrero de 1983, el número de diputados de la Asamblea de Madrid ha pasado de 94 a los 132 que tenemos en la actualidad, debido al importante incremento de población que hemos tenido desde entonces, una cifra excesiva en un sistema electoral de circunscripción única en listas cerradas y bloqueadas, que, además, no es fiel reflejo del mandato constitucional, contemplado en el artículo 152.1, de representación de las diversas zonas del territorio.
La presente Proposición de Ley pretende que la Asamblea este compuesta por un Diputado por cada 75.000 habitantes o fracción superior a 50.000, en lugar de los 50.000 habitantes actuales, lo que, de acuerdo con la cifra del padrón de habitantes de 2020 de la Comunidad de Madrid, permitiría reducir en 42 el número de diputados, pasando de los 132 diputados actuales a 90, una cifra más que razonable para que la Asamblea de Madrid siga ejerciendo sus funciones.
En España la ratio por diputado del Congreso de los Diputados asciende a 135.574 habitantes de media, 77.156 si sumamos también a los senadores.
Por lo que se refiere a las CC.AA con una población asimilable a Madrid, Andalucía tiene un ratio de 77.655 habitantes por diputado y Cataluña de 57.633, pese a ser pluriprovinciales y tener un territorio mucho más extenso que la Comunidad de Madrid. Y en la Castilla-La Mancha, en 2014 se redujo el número de parlamentarios de 49 a 33 (33%), teniendo actualmente una ratio de 61.976 habitantes por diputado regional, también superior a Madrid.
Una reducción de 42 diputados en la Asamblea de Madrid supondría un ahorro en gasto político innecesario o prescindible, atendiendo las actuales circunstancias de crisis económica y social, que ascendería a 2.196.000€ solamente en sueldos y complementos.
También se modifica el artículo 19.1 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, para que el Consejo de Gobierno esté integrado por un máximo de ocho consejeros, y se elimina la figura del Viceconsejero.
Una reducción de la estructura del Gobierno como la que se propone podría suponer la eliminación de 24 miembros del gobierno, entre consejeros, viceconsejeros y estructura administrativa a su cargo y un ahorro de cerca de 13 millones de euros al año.
Por tanto, la reducción de diputados y miembros del Gobierno que contempla la presente Proposición de Ley conllevaría un ahorro presupuestario anual en gasto político de 15 millones de euros, una cantidad equivalente a la que supondría contratar a 500 nuevos médicos para el SERMAS, 2.800 rentas mínimas de inserción (RMI), 3.750 ayudas a la dependencia, 28.500 becas de comedor, 9.500 becas universitarias o más de 13.500 cheques guardería con las que ayudar a las familias madrileñas que peor lo están pasando.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX EN MADRID presenta la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY con el siguiente:
TEXTO ARTICULADO
Modificación de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
2. La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 75.000 habitantes o fracción superior a 50.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.
Modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 19.
1. El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente y un máximo de ocho Consejeros por él designados, de entre los cuales podrá nombrar, si así lo considerase oportuno, uno o varios Vicepresidentes, que deberán ser Diputados de la Asamblea.
2. Se establecen las siguientes Consejerías:
– De la Presidencia.
– De Gobernación.
– De Economía y Hacienda.
– De Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.
– De Salud y Bienestar Social.
– De Obras Públicas y Transportes.
– De Trabajo, Industria y Comercio.
– De Educación y Juventud.
– De Cultura, Deportes y Turismo.
– De Agricultura y Ganadería.
3. El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podrá variar la denominación y el número de las Consejerías con el límite señalado en el artículo 19.1 de la presente Ley y el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía. Igual competencia corresponderá al Presidente de la Comunidad al inicio de la legislatura.
Dos. Se modifica el artículo 38, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 38.
Son órganos superiores de la Administración, el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno y los Consejeros.
Los demás órganos y Entidades de la Administración de la Comunidad se hallan bajo la dependencia de aquéllos.
Tercero. Se modifica el artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 40.
La estructura orgánica de cada Consejería, hasta nivel de Subdirección General, será fijada por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, previo informe preceptivo de la Consejería de Hacienda.
Con carácter previo a su aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno, el Consejero respectivo deberá presentar la propuesta de estructura orgánica de cada Consejería ante la comisión parlamentaria que establezca el Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Cuarto. Se suprime el artículo 44.
Disposición final única. Entrada en vigor y publicación.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ser publicada también en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
