Madrid (Reino de España), lunes 7 de octubre de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- El presidente Santiago Abascal Conde valora que el líder de la nueva formación política satírica «Se Acabó La Fiesta (SALF)», Luís Pérez Fernández (Alvise Pérez), «tendrá que explicarse él» sus casos de corrupción y estafa de centenares de millones de euros —según auto judicial del juez instructor, «podría superar los 300.000.000 euros» y la estafa de Se Acabó La Fiesta y Alvise Pérez afecta a un total de 27.000 personas— «cuando acuda a los tribunales», precisamente a la Audiencia Nacional. Abascal extiende la mano a los engañados de Se Acabó La Fiesta: «Hay 800.000 españoles que piensan que la corrupción es un problema muy serio en España; 800.000 que han votado a ese partido (Se Acabó La Fiesta, SALF) y que probablemente pensaban que ese era el último tren, la última esperanza y que hoy está muy preocupados y que hoy se sienten decepcionados y que hoy se sienten engañados».
VÍDEO (SEÑAL EL MUNDO/VOX). 07 DE OCTUBRE DE 2024. DECLARACIONES RELACIONADAS DEL PRESIDENTE SANTIAGO ABASCAL CONDE
El presidente de VOX y líder opositor español, Santiago Abascal Conde, ha valorado la actualidad política nacional del Reino de España, comunitaria (Unión Europea, UE), en el Oriente Medio y en el resto del planeta tierra en una entrevista que publica el diario español «El Mundo» este lunes.
SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Y ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS DEL LÍDER DEL NUEVO PARTIDO «SE ACABÓ LA FIESTA (SALF), ALVISE PÉREZ (LUÍS PÉREZ FERNÁNDEZ)
«Tendrá que explicarse él cuando acuda a los tribunales.
Hay 800.000 españoles que piensan que la corrupción es un problema muy serio en España; 800.000 que han votado a ese partido (Se Acabó La Fiesta, SALF) y que probablemente pensaban que ese era el último tren, la última esperanza y que hoy está muy preocupados y que hoy se sienten decepcionados y que hoy se sienten engañados.
Quiero decirles humildemente que aunque no les gusten algunas cosas de Vox, Vox va a seguir luchando contra la corrupción política y contra la corrupción económica en España.
Yo no pienso nunca que los votos sean nuestros; los votos son de los españoles. Nosotros tuvimos en las últimas elecciones 12,3 % de apoyo -nos votaron tres millones de españoles y esos 3.000.000 de españoles no son de VOX pero votaron a VOX en ese momento. Pero yo no abordo nunca la política desde la perspectiva de la patrimonialización del voto. Lo he visto en otros sitios y me resulta muy desagradable».
EL CASO DE CORRUPCIÓN Y ESTAFA DE ALVISE PÉREZ Y SE ACABÓ LA FIESTA
Madrid, viernes 4 de octubre de 2024. El magistrado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest -empresa de criptomonedas del eurodiputados y líder de la formación política satírica «Se Acabó la Fiesta (SALF)-, Alvise Pérez (Luís Pérez Fernández), y varios de sus administradores de esta supuesta organización criminal por tratarse de una supuesta «estafa piramidal».
El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11.000.000 euros, una cifra que supera la barrera de los 7.000.000 euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional.
Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.
En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.
El auto indica que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 personas y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300.000.000 euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.
