Efe.- Madrid (España), jueves 15 de diciembre de 2022. El grupo socialista ha presentado en el Tribunal Constitucional un escrito en el que pide que este órgano rechace la pretensión del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de cambios relativos a nombramientos de magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que «impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos».
El Pleno del Congreso de los Diputados tiene previsto abordar este jueves en una tramitación exprés la proposición de ley que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo transforma en uno agravado de desórdenes públicos y que rebaja las penas para la malversación sin ánimo de lucro.
Ello ha quedado plasmado en una iniciativa que PSOE y Unidas Podemos han aprovechado también para intentar desbloquear los nombramientos de magistrados del TC por parte del CGPJ, pendiente desde hace varios meses.
El PP presentó este miércoles un recurso de amparo en el que en concreto solicita al TC que mientras lo resuelve suspenda de forma cautelarísima los acuerdos de los órganos del Congreso de los Diputados que han permitido la tramitación parlamentaria de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos.
Una de ellas pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del CGPJ a magistrados del TC y la otra reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para suprimir el plácet, el examen de idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitar la opción de renovar por sextos y no por tercios.
El grupo socialista ha presentado en el TC un escrito en el que pide personarse en el procedimiento y se opone a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.
Alega que en este caso no se justifica «la adopción de una medida cautelarísima respecto al procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados» pues el mismo no puede generar perjuicios de difícil reparación dado que no ha concluido y proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y los reglamentos parlamentarios.
Añade que además «la adopción de una medida cautelarísima como la suspensión de todo o parte de un procedimiento en curso en el Congreso afectaría a uno de los fundamentos de la democracia, el ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes, que es una de las bases del Estado de derecho».
Y abunda en que «impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones parlamentarias como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía nacional, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución».
«Una injerencia del TC de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando mediante una medida cautelar una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental que de darse podría constatarse posteriormente», alega el grupo socialista en su escrito.
Y recuerda que «no existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respecto al procedimiento desarrollado».
De esta forma para el PSOE de aceptarse la suspensión cautelarísima pedida por el PP «existiría una vulneración del derecho de participación política de los diputados establecido en el artículo 23 de la Constitución», así como de la «autonomía parlamentaria, pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones de los órganos de gobierno de la Cámara».
