Efe – El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont pasó la noche del jueves en calidad de detenido en la Fiscalía de Bruselas, donde compareció ante un juez de instrucción para responder sobre la euroorden emitida por España. Bruselas (Bélgica), viernes 18 de octubre de 2019.
«El 17 de octubre por la mañana (jueves), Puigdemont se presentó voluntariamente ante la policía judicial federal de Bruselas. Fue privado de libertad», indicó la Fiscalía belga en un comunicado en el que explicó que, en presencia de su abogado, se le notificó que las autoridades judiciales españolas han cursado una euroorden reclamándole por presunta malversación y sedición.
El líder independentista, huido a Bélgica desde finales de octubre de 2017, «no ha consentido su entrega a las autoridades españolas» y quedó en libertad sin fianza pero bajo medidas cautelares, agregó el Ministerio Público.
En conferencia de prensa, el portavoz de la Fiscalía, Denis Goeman, precisó que el juez de instrucción que le tomó declaración consideró que Puigdemont no goza de inmunidad como europarlamentario electo, como argumentó su defensa, por lo que le dio cita el próximo 29 de octubre ante un juzgado de primera instancia.
Puigdemont sostiene que es eurodiputado y como tal le amparan ciertas condiciones de inmunidad parlamentaria, tras haber sido elegido en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, extremo que rechazan el Parlamento Europeo y España, ya que no ha retirado su acta y prometido acatar la Constitución, como exige la ley electoral española.
El líder de JxCat ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aún no se ha pronunciado.
El magistrado belga ha dejado en libertad al político posconvergente, pero con medidas cautelares: le ha exigido comunicar una residencia fija, le ha prohibido abandonar el país y estar siempre a disposición de las autoridades judiciales.
A partir de la vista del 29 de octubre, el tribunal decidirá si entrega o no a Puigdemont a España, decisión que es recurrible tanto por el interesado como por la Fiscalía en apelación y, posteriormente, en casación.
El plazo normal es de un máximo de 60 días, que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.
