Puigdemont será detenido, el Gobierno evitará «nueva afrenta a los catalanes»

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MADRID (ESPAÑA), 26.1.2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado hoy que la obligación política y jurídica del Ejecutivo es evitar con todos los "instrumentos legales" a su alcance que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat. Efe

Efe – «Tenemos el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible para evitar que la legalidad sea vulnerada con respeto a los procedimientos», ha remarcado la vicepresidenta, que considera que el Ejecutivo sigue teniendo argumentos legales suficientes «para seguir adelante» y evitar una «nueva afrenta a los catalanes». Madrid (España), viernes 26 de enero de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 26.1.2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado hoy que la obligación política y jurídica del Ejecutivo es evitar con todos los «instrumentos legales» a su alcance que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat. Efe

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado hoy que la obligación política y jurídica del Ejecutivo es evitar con todos los «instrumentos legales» a su alcance que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Puigdemont a pesar del informe desfavorable aunque no vinculante del Consejo de Estado.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que respeta la opinión del Consejo de Estado -que discrepa del momento procesal para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional- pero ha añadido que si la investidura de Puigdemont sigue adelante «puede causar un daño grave a las instituciones españolas y a su democracia».

«Tenemos el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible para evitar que la legalidad sea vulnerada con respeto a los procedimientos», ha remarcado la vicepresidenta, que considera que el Ejecutivo sigue teniendo argumentos legales suficientes «para seguir adelante» y evitar una «nueva afrenta a los catalanes».

Tras insistir en que el Consejo de Estado le merece el máximo respeto, ha reiterado que seguirá «hasta el final» para evitar actos «contrarios a la Constitución» como es, a su juicio, que un prófugo de la Justicia española por delitos muy graves pueda ser presidente de la Generalitat con «hechos consumados».

Preguntada por las dudas de partidos como el PSOE de su decisión de mantener el recurso, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno lo consultó con algunas formaciones y que recibieron su «aval».