Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El vicepresidente del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró Ferrer (JxCat), ha instado al Gobierno de coalición de España, Pedro Sánchez (PSOE), a «mojarse», a través del informe de la Abogacía del Estado solicitado urgentemente por el Tribunal de Cuentas, a favor del aval de Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con dinero público del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT) de un total de 10.000.000 euros, creado por el Ejecutivo de coalición nacionalsocialista secesioncita de ERC y JxCat apoyado en CUP que preside Pere Aragonés García (ERC) para costear, de ahora por delante las fianzas, asesoramiento jurídico y multas del Procés, empezando por las fianzas de un total de 45.422.411,10 euros de los 34 ex altos cargos separatista encausados por el Tribunal de Cuentas.
«Un informe desfavorable de la Abogacía del Estado» —organismo que depende directamente del Ministerio de Justicia de Ejecutivo del presidente de Gobierno Pedro Sánchez— «sería totalmente incompatible con la «agenda del reencuentro» de Pedro Sánchez», ha alertado Puigneró en declaraciones a Efe.
El Tribunal de Cuentas pidió el martes, 27 de julio de 2021, un informe a la Abogacía del Estado (Ministerio de Justicia del Gobierno de España), ante sus dudas sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a la fianza de 5.422.411,10 euros impuesta a 34 ex altos cargos de los Gobiernos separatistas de la Generalidad de Cataluña durante los años del Procés (desde 2011 hasta 2017) encausados por promover con dinero público el Procés en el extranjero; entre los encausados: Artur Mas Gavarró, Carles Puigdemont Casamajò, Oriol Junqueras Vies, Jordi Turull Negre, Neus Munté, Andreu Mas-Colell, Raúl Romeva Rueda o los dirigentes del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT).
Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, el llamado Constitucional de Cataluña o Tribunal Constitucional Catalán, avalara el jueves, 29 de julio de 2021, la fórmula del Gobierno de la Generalidad de Cataluña para cubrir esa fianza y recomendara retocar el decreto ley del FCRCAT en cuestión para disipar dudas, Puigneró espera que ahora la Abogacía del Estado dé su visto bueno al mecanismo creado por la Generalidad separatista de Aragonés García.
Para el vicepresidente separatista Jordi Puigneró Ferrer, un informe contrario a los avales del ICF significaría que «desde la Abogacía del Estado se ampara a un Tribunal de Cuentas politizado, que proviene de la época franquista y que no es un tribunal, sino que parece más bien un instrumento de la antigua Inquisición».
«No se entendería que, con un Gobierno de España» de Pedro Sánchez «que defiende la «agenda del reencuentro» y quiere avanzar hacia la resolución» del problema provocado por el separatismo en Cataluña, «su propia Abogacía de Estado hiciese un informe desfavorable a esta iniciativa», ha advertido.
Según Puigneró, «lo que debe hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es mojarse» y «decidir si está a favor de un organismo con una herencia franquista, politizado, como el Tribunal de Cuentas, o a favor de entrar en una vía de resolución» de la crisis separatista en Cataluña con solución política.
«Tiene que mojarse, no se puede ser imparcial» -quiso decir normalmente parcial en lugar de imparcial- «en esta situación», ha insistido Puigneró, principal voz de JxCat en el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
Aunque el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no es vinculante, para Puigneró sí «es importante» y confirma que el decreto del Gobierno de la Generalidad de Cataluña «está amparado en la legalidad».
Para Puigneró, el FCRCAT creado por su Gobierno separatista con dinero público para cubrir la fianza del Tribunal de Cuentas «es una buena solución para dar respuesta a una represión absolutamente injusta e injustificada».
