Efe.- Madrid (España), martes 29 de junio de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, han acordado este martes retomar la mesa de diálogo en septiembre, aunque han constatado el «abismo» que les separa al mantener posiciones de partida inamovibles en torno a asuntos como la autodeterminación o la amnistía.
Algo más de dos horas y media ha durado la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa, un primer contacto según había avanzado el Ejecutivo central pero que ha servido para fijar un horizonte temporal a la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.
Ese ha sido el principal acuerdo del encuentro, que los representantes de los dos ejecutivos que se decidan más adelante se reúnan en Barcelona en la tercera semana de septiembre, poco después de que el 11 de ese mes Cataluña haya celebrado la Diada.
La entrevista ha sido cordial, según ambas partes, y ha permitido un intercambio de puntos de vista sobre lo que se necesita a partir de ahora después de los gestos del Gobierno en busca de lo que denomina el reencuentro y, de entre todos ellos, los indultos a los nueve líderes independentistas del procès.
Aragonès, al igual que sus predecesores en las últimas reuniones en Moncloa, no ha querido comparecer en la sede de la Presidencia del Gobierno y ha ofrecido una conferencia de prensa en el Centro Cultural Blanquerna.
Ante los periodistas ha subrayado que la reunión ha permitido constatar que hay dos ámbitos diferentes, uno de ellos la mesa de diálogo para resolver «el conflicto político», y otro la comisión bilateral Estado-Generalitat que se ha fijado para julio con el fin de abordar materias de gestión como las inversiones.
En el primero de esos ámbitos es donde el presidente del Govern ha insistido en unas propuestas que ha considerado irrenunciables como el derecho a la autodeterminación y la amnistía.
También el cumplimiento del mandato del Consejo de Europa con el fin de parar «la persecución» a los dirigentes independentistas y la retirada de la petición de extradición de los que califica «exiliados», como el expresident Carles Puigdemont.
De la misma forma ha avisado a Sánchez que no renunciará a un referéndum de independencia.
«Que nadie se equivoque, iremos con toda la ambición y toda la determinación a defender un referéndum sobre la independencia de Cataluña, un referéndum sobre el futuro político de Cataluña e iremos con toda la ambición -ha insistido- a defender la autodeterminación y una amnistía».
Pero la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha comparecido en Moncloa para ofrecer la versión del Ejecutivo, ha asegurado que en la reunión no se han intercambiado puntos de vista sobre esas peticiones.
Según Montero, Aragonès ha comentado las propuestas de los independentistas pero Sánchez «no ha profundizado» en ello.
No obstante ha subrayado que el president «conoce con exactitud el límite que pone el Gobierno a esas cuestiones» y ha dejado claro que quiere que los políticos «fugados» de la Justicia respondan ante los tribunales como han hecho otros promotores del procés.
Por tanto, Montero ha asumido el «abismo» que separa a ambas partes pero ha pedido paciencia, tiempo y sosiego para recobrar la confianza mutua porque «no hay recetas mágicas» y la negociación será difícil y larga.
En la reunión, Sánchez ha invitado al presidente de la Generalitat a crear un foro de encuentro interno en Cataluña en paralelo a la mesa de diálogo y a que asista a la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará a finales de julio en Salamanca.
Los dos gobiernos empezarán en breve a trabajar para fijar una metodología de trabajo de la mesa de diálogo y un orden del día para la reunión de septiembre.
Deberán decidir también sus integrantes, ante lo que Aragonès ha avanzado que en la parte catalana habrá «representación institucional» aunque sin concretar si serán miembros de su Govern.
Sí ha asumido que «esta negociación será la más compleja y difícil que habrá hecho la Generalitat durante toda su historia contemporánea».
En el día en que el Tribunal de Cuentas ha comunicado a los altos cargos implicados en el procés las responsabilidades millonarias en que pueden incurrir por desviar supuestamente fondos al referéndum del 1-O, Montero ha dejado claro que el Ejecutivo no tiene en su agenda la voluntad de reformar este órgano fiscalizador.
Por su parte, Aragonès ha garantizado que la Generalitat continuará apoyando jurídicamente a los perjudicados.
