Redacción – El presidente de la «Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción», Manuel Romeral, ha sido víctima de la Ley de Violencia de Género, también conocida como Ley de Violencia Machista aunque poco a poco va recuperando la relación con su hijo. Se ve que Manuel Romeral, decidió entonces averiguar que pasaba en los juzgados de Género de Majadahonda (Madrid) y se planteó repartir octavillas (folletos) para recabar opiniones de los trabajadores, de los denunciantes o otras víctimas de la Ley de Género en la misma situación que él. Es cuando apareció la juez de Violencia Machista Elena Garde García; en un primer lugar para impedir que lo hiciera, ordenando a la Guardia Civil de impedirlo, y en segundo lugar, interponiendo una querella contra Manuel Romeral por «por los delitos de acoso, coacciones, falta de respeto, injurias y calumnias» en los mismos juzgados de Majadahonda (Madrid). La juez ganó el juicio y la víctima, Romeral, recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón, permitiéndole de seguir repartiendo sus folletos de opiniones sobre la Violencia de Género, pero por consejo de su abogado, Romeral decidió dejar de repartir los folletos. Todo ello, mientras la Guardia civil seguía custodiando los Juzgados. Más tarde, aparecieron algunos folletos parecidas a las de la víctimas en algunos coches de la zona y la juez, obviando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que permitía repartir folletos de Violencia de Género, se querelló de nuevo contra su víctima, pero intentando llegar a un acuerdo que condenaba a su víctima en el Juicio. La víctima se negó a negociar su condena mientras la juez del caso le decía al abogado de la víctima que «aquí hay delito seguro» para presionarle que aceptara la condena pactada de Romeral. Sin embargo, todos los testigos, profesionales de la Guardia Civil, desmintieron la versión de la magistrada de Violencia Machista durante el juicio y el Tribunal sentenció a favor del presidente de la «Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción», Manuel Romeral, quien ha interpuesto ahora una querella contra la magistrada de «violencia de género», Elena Garde García, por los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, falso testimonio, delito contra la integridad moral y delito de lesiones (psicológicas). Madrid (España), miércoles 1 de junio de 2020.
«Una mujer que denuncia hay que creerla sí o sí». Esta es la tesis enunciada no hace muchas fechas por la vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.
Pero ¿qué ocurre cuando la denunciante que «no» logra probar la acusación es una magistrada de violencia de género?
Se trata de una de las consignas más habituales presentes en los discursos de lo políticamente correcto: a la mujer que acusa a un varón de malos tratos, acoso, intimidación o cualquier otro comportamiento que caiga bajo el paraguas de la Ley de Violencia de Género «hay que creerla sí o sí».
Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo no hace muchas fechas: «Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, siempre». El derecho básico a la presunción de inocencia, por la ventana.
El presidente de «Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción», Manuel Romeral, ha sufrido ese proceso.
Pasó en apenas unos meses de denunciar que su hijo estaba siendo maltratado por la madre a ser denunciado. Se quedó sin poder ver a su hijo y sin patria potestad. Nunca ha sido condenado por «violencia de género».
Poco a poco va recuperando la relación con su hijo.
Pero en aquél momento consideró que se había producido una serie de arbitrariedades judiciales y denunció a las cuatro magistradas que habían intervenido en su proceso por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación, revelación de secretos, impedimento en el ejercicio de los derechos cívicos, amenazas y coacciones.
Para sostener mejor sus denuncias y recabar pruebas, Manuel Romeral comenzó a repartir a la salida de los juzgados de Pozuelo de Alarcón unas octavillas con las que intentaba recabar testimonios de otras personas que hubieran sentidos vulnerados sus derechos.
Poco después, una de las jueces denunciadas se trasladó e incorporó a los juzgados de Majadahonda (Madrid), motivo por el cual Romeral continuó con el reparto de afiches en esta segunda localidad madrileña.
Fue entonces cuando la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Violencia sobre la Mujer de Majadahonda, Elena Garde García, denunció a Romeral «por acoso, coacciones, falta de respeto, injurias y calumnias».
Aún más, prevaliéndose de su posición, llamaba a diario a la Comandancia de la Guardia Civil exigiendo la identificación de Manuel Romeral y que se intervinieran los folletos y se impidiera su reparto.
Tal era la situación que Romeral decidió pasar cada día antes por el cuartel para avisar de que iba a repartir los folletos.
Durante ese tiempo, la Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento de 24 horas a Romeral, que será clave en la resolución de la denuncia.
El Ministerio Fiscal pedía entonces para Manuel Romeral por repartir octavillas 15 meses de prisión; orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de la magistrada y lugar de trabajo
En julio de 2016 el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Majadahonda llamó a declarar a su compañera, sin citar al abogado del acusado, y estableció en un auto de medidas cautelares la prohibición de repartir octavillas.
Romeral recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón.
Decidió entonces por recomendación de su abogado dejar de repartir las octavillas a las puertas de los juzgados de Majadahonda, hasta que tuviera lugar el juicio.
No ha de perderse de vista que el Ministerio Fiscal pedía entonces para Manuel Romeral 15 meses de prisión; orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de la magistrada y lugar de trabajo; prohibición de comunicarse con la denunciante por cualquier medio durante tres años; y a pagar las costas del juicio.
Entre tanto, y pasado un tiempo, aparecieron unas nuevas octavillas, parecidas a las distribuidas por Romeral, en los parabrisas de los coches de alrededor de los juzgados de Majadahonda. La magistrada Elena Garde García volvió a denunciar a Romeral.
Hay detalles de la denuncia que merecen ser destacados.
En primer lugar, se dice que los hechos denunciados se produjeron entre las 15 y las 17 horas del pasado 16 de mayo de 2018. Es difícil que la juez tuviera constancia de los mismos siendo que su horario laboral concluye a las 14 horas.
En segunda instancia, aún más sorprendente, la jueza dice que el reparto de octavillas se detectó a las 10:00 horas del 16 de mayo. La defensa de Romeral se pregunta cómo es posible que la presentación de la denuncia se realizara tan solo un minuto más tarde.
En tercer lugar, la denuncia oculta que la Audiencia Provincial había respaldado el derecho a repartir octavillas de Romeral.
Pero en cuarto lugar, la denuncia no puede demostrar la implicación de Romeral en el caso, pero aún así lo acusa a él.
Sobre esta segunda denuncia, se dicta auto de sobreseimiento provisional que no es recurrido por Elena Garde.
Los testigos desmintieron uno por uno la acusación de la jueza. Entre ellos 14 guardias civiles que llegaron a hacer seguimientos de incógnito a Manuel Romeral.
Un rosario de desmentidos
El mes de noviembre de 2018, llegó el día del juicio por la denuncia contra Romeral por acoso, coacciones, falta de respeto, injurias y calumnias.
La titular del Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, excompañera de la denunciante en los juzgados de Majadahonda, instó en la vistilla previa al abogado de Romeral a aceptar una sentencia por conformidad.
Según refiere Romeral, las palabras de la juez María Dolores Moure a su abogado en la vistilla previa fueron las siguientes: «Aquí hay delito y está sentenciado». Aún sin haber oído a los testigos.
La oferta es inaceptable para quien ha salido absuelto de todas y cada una de las denuncias de delitos peores recibidas durante su proceso de divorcio. «Si a estas alturas no he tenido antecedentes, no los pienso tener por unas octavillas», explica Romeral.
Al juicio acuden como testigos 14 miembros de la Guardia Civil, el titular del juzgado número 4 de Pozuelo de Alarcón, el vigilante jurado de los juzgados de Majadahonda y la persona que se encarga de su limpieza.
Algunos de los agentes habían realizado incluso seguimientos de incógnito durante las 24 horas del día a Romeral a causa de la denuncia de la juez Elena Garde.
Todos los testigos desmintieron la versión de Garde contra Romeral.
De manera categórica los agentes reiteraron que «el acusado no tenía actitud violenta, estaba tranquilo, era educado, nunca se acercó a la juez» e, incluso, que «cuando la juez llegaba caminando por la gasolinera, el acusado se apartaba caminando hacia el Cuartel que se encuentra calle abajo de los juzgados».
En la sentencia, se afirma que «no se puede concluir que la conducta del acusado consistente en repartir las octavillas referidas en las inmediaciones del juzgado donde prestaba sus funciones la magistrada, constituya el tipo delictivo objeto de acusación».
Aún más, se asegura que la denunciante no consiguió acreditar que Romeral «con su conducta, alterase gravemente la vida cotidiana» de la denunciante.
Así que, pese a las ‘predicciones’ de la magistrada que ha juzgado el caso, Romeral ha resultado absuelto «del delito de acoso por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables».
Romeral ha interpuesto una querella contra Elena Garde en la que la acusa de delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, falso testimonio, delito contra la integridad moral y delito de lesiones (psicológicas).
