Redacción – La diputada de VOX en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, pide responsabilidades políticas. VOX ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Durango contra Juan Ignacio Barinaga, propietario del vertedero y de la empresa que lo gestiona; Arrate Bilbao, directora gerente; y Juan Etxebarria, responsable técnico de la instalación, después de que el 6 de febrero, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, trabajadores del vertedero, perdieran la vida al quedar sepultados bajo los escombros de la instalación. Madrid (España), 20 de agosto de 2020.
Los delitos por los que esta formación ha interpuesto una querella son delito contra el medio ambiente en su vertiente de delito de contaminación, artículos 325 y 328 CP y 31 bis CP; prevaricación medioambiental del artículo 329 CP, dos delitos de homicidio imprudente del artículo 142 CP; y delito contra los derechos de los trabajadores recogido en el artículo 311 CP.
Recuerda la querella que la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero, cuenta con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida en 2007 y renovada en 2013 por el Gobierno Vasco para que pudiera desarrollar la actividad en la escombrera, sin embargo, «almacenó amianto sin el visto bueno de la Inspección de Trabajo».
Se trata de una situación, recuerda la Vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, que se vino produciendo muchos años atrás «sin que se hubieran detectado en los controles oportunos que debería haber realizado la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca» y, por ende, «tampoco el Gobierno de España ejerció la supervisión medioambiental que le corresponde.
VOX también se hace eco en su querella de la situación que han vivido los vecinos de la zona, quienes acusaron síntomas inquietantes por el aire tóxico, debido a la nube de amianto que se desprendió del vertedero.
Así, la querella presentada solicita al Juzgado que se adopten las medidas oportunas para la localización de los cuerpos de los dos trabajadores que quedaron sepultados.
También pide que se averigüe si la empresa propietaria y explotadora del vertedero cumplía los requisitos legales, librando oficio a la Comunidad Autónoma Vasca para que remita la documentación que al respecto tenga; si la empresa contaba con las autorizaciones para el tratamiento de los residuos y de la capacidad autorizada.
También se pide que se resuelva si la capacidad autorizada del vertedero fue rebasada, para lo que se solicita testimonio de trabajadores de la empresa y que se remita por la Comunidad Autónoma Vasca todos los informes de inspección y control realizados desde 2007.
Por último, se solicita que se requiera el plan de seguridad y evacuación de la población ante cualquier contingencia de las poblaciones adyacentes; que la empresa informe del protocolo de tratamiento para cada tipo de residuos que recibía; de los los registros de residuos que recibía y que se solicite informe al Departamento correspondiente sobre el impacto medio ambiental del derrumbamiento y las consecuencias para los núcleos de población afectados.
