Agencias – El ejecutivo español ha acordado este viernes plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un «incidente de ejecución de sentencias» contra la creación por parte del Parlamento autonómico de Cataluña de la comisión de estudio del Proceso Constituyente para aprobar el borrador de la Constitución de República Catalana entre otras cuestiones porque entiende que vulnera la sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015 que declaró nula la declaración independentista. Barcelona, 29 de enero 2016. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lasvocesdelpueblo.
Lo hace por primera vez apelando al artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, precisamente lo que añadieron a la reforma de finales de 2015 para dotar el TC de la capacidad de multar o suspender los cargos públicos que incumplan las sus sentencias.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, el Ejecutivo español entiende que a pesar de que el Parlamento otorgó a la Comisión carácter «de estudio» en realidad «el objeto y contenido» de la Comisión «infringe el orden constitucional «y» en particular la sentencia que declaró inconstitucional y nula «la declaración independentista.
Según dijo, «la creación de una comisión de estudios de un proceso constituyente tiene efectos jurídicos inmediatos e implica introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico al margen de la Constitución». «No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional», dijo.
Según la vicepresidenta, si el Ejecutivo español ha optado por el incidente de ejecución de sentencias en vez del recurso es porque esta es «la forma que pone de manera más clara que la impugnación no se dirige contra actividades preparatorias sino contra una resolución que configura la apertura de un proceso constituyente «que» ya ha sido declarado inconstitucional «. «Por lo tanto», ha defendido Soraya, «entendemos que hay una voluntad deliberada de incumplimiento del pronunciamiento del TC y instamos un incidente de ejecución de sentencia para que sea declarada nula», dijo.
Preguntada por los periodistas sobre si el Estado incluye a esta demanda alguna posible medida contra algún cargo o se limitará a pedir la nulidad, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo ha pedido al Abogado del Estado que «lo plantee de la forma procesalmente más eficaz».
Impugnación de la consejería de Exteriores del gobierno separatista catalán
El Gobierno de la Nación también ha aprobado pedir a la comisión permanente del Consejo de Estado un informe para plantear un conflicto positivo de competencias contra la «creación, denominación y ámbito de competencias «del departamento de Exteriores de la Generalidad de Cataluña.
Según Sáenz de Santamaría, el Estado considera que vulnera las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales «que reserva la Constitución» y de acuerdo a la jurisprudencia del TC. «La creación de este departamento y de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la UE, así como la asignación de funciones, reproducen algunas de las contravenciones a la Constitución y las normas que la desarrollan», dijo.
La vicepresidenta en funciones recordó que la Ley catalana de Acción Exterior «está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad» y que la creación de la consejería «se vincula con el proceso soberanista y con la finalidad declarada por el presidente de la Generalitat su debate de investidura de internacionalización del proceso».
