Efe – La justicia británica rechaza que el Parlamento pueda vetar la salida del mercado único. El Tribunal Superior de Londres rechazó hoy que el Gobierno del Reino Unido tenga la obligación de contar con el permiso del Parlamento para retirarse del acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), que da acceso al mercado único comunitario. Londres (Reino Unido), viernes 3 de febrero de 2017. Fotografía: vista del Tribunal Superior de Londres, Reino Unido, hoy, 3 de febrero de 2017. Efe.
La corte rechazó la demanda de dos abogados vinculados al Partido Conservador, Peter Wilding y Adrian Yalland, quienes argumentaron ante los jueces que las cámaras legislativas son las únicas con poder para activar el artículo 127 del acuerdo del EEE, que formaliza la salida del grupo formado por los 28 países de la Unión Europea (UE), más Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Los magistrados sostuvieron que la petición es «prematura», dado que «no hay decisión final del Gobierno sobre el mecanismo por el cual el acuerdo del EEE se dejaría de aplicar en el Reino Unido».
Pero también evitaron pronunciarse sobre las tesis legales del grupo de presión «Single Market Justice», liderado por los dos abogados, para apoyar su demanda.
Un portavoz de la primera ministra, la conservadora Theresa May, celebró la decisión y subrayó que el Reino Unido «no será miembro del mercado único y tratará de alcanzar una nueva relación con la Unión Europea».
El «libro blanco» sobre el «brexit» publicado ayer indica que el Gobierno prevé abandonar el mercado único europeo y la unión aduanera -que fija aranceles comunes con terceros países-, y espera en cambio formalizar un nuevo tratado de «libre comercio» con la UE.
El Espacio Económico Europeo fue la fórmula que se fijó en 1994 para que países externos a la UE tuvieran acceso al llamado mercado único, un club que permite la libre circulación de bienes, servicios y capitales, pero obliga a permitir igualmente el tránsito de ciudadanos.
La iniciativa presentada hoy en el Tribunal Superior sostenía que activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión con la UE, no implica de forma automática la retirada del EEE, por lo que seguirían vigentes para el Reino Unido los derechos y obligaciones del mercado único.
El reto legal presentado por Wilding y Yalland era una iniciativa similar a la que inició la empresaria británica Gina Miller, que prosperó hasta el Tribunal Supremo y ha obligado al Gobierno a someter a votación el inicio del «brexit».
La Cámara de los Comunes (baja) dio luz verde esta semana por una amplia mayoría -498 votos a favor por 114 en contra- a la activación del artículo 50, una decisión que deberá refrendar la semana que viene y que se someterá después al escrutinio de la Cámara de los Lores (alta).
Los responsables de la iniciativa presentada ante el Tribunal Superior argumentaban que una votación sobre el EEE supondría un obstáculo parlamentario más grave para el Ejecutivo.
«Creo que la mayoría de los diputados opinan que no existe un mandato para abandonar el mercado único», a pesar de que el 51,9 % de los británicos votaron el 23 de junio por abandonar la UE, señaló a Efe Yalland.
«Los méritos de nuestros argumentos legales no han sido evaluados (hoy por el tribunal), por lo que siguen siendo razones jurídicas válidas que los tribunales probablemente deberán considerar en el futuro», agregó el abogado, que se declara partidario del «brexit», pero favorable a seguir en el mercado único.
May confía en que la Cámara de los Lores otorgue su visto bueno a la ley para iniciar la desconexión con la UE a principios de marzo, y podría comunicar a sus colegas europeos de forma oficial la activación del artículo 50 durante la cumbre prevista el 9 y 10 de marzo en Malta.
Ese trámite abrirá un periodo de hasta dos años para que Londres y Bruselas negocien las condiciones de salida del Reino Unido.
La jefa de Gobierno ha insistido en que desea alcanzar cuanto antes un acuerdo para garantizar los derechos de los comunitarios residentes en el Reino Unido y de los británicos en el resto del continente, aunque la UE mantiene que el diálogo sobre esas cuestiones comenzará una vez se haya iniciado el periodo oficial de negociaciones.
