Madrid (España), martes 1 de septiembre de 2026 (Efe).- El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha aprobado este martes el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que actualiza las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que será remitida ahora al Congreso en un contexto marcado por el rechazo de los sindicatos médicos y la amenaza de una nueva huelga, esta vez de carácter indefinido.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido su intención de sacar adelante la reforma de la norma vigente desde 2003 pese a la oposición frontal de las organizaciones sindicales de médicos, que reclaman un estatuto propio y una vía específica de negociación, y de las comunidades autónomas, que han pedido al Ejecutivo que reinicie las conversaciones sobre el texto.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido tras la reunión del Consejo de Ministros que se trata de una reforma «pendiente desde hace 23 años» y ha subrayado que corresponde ahora a los grupos parlamentarios debatir y fijar posición sobre el proyecto.
Saiz ha destacado que la nueva regulación supone «una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales» y que permite adaptar la normativa «al presente y al futuro del modelo asistencial».
Uno de los principales puntos de la reforma, y también el principal foco de conflicto con la profesión médica, es la reorganización de la jornada laboral. El proyecto plantea reducir de 48 a 45 horas semanales el límite máximo de trabajo, en línea con la normativa europea, y establece que las guardias de 24 horas deberán reducirse a un máximo de 17 horas, salvo situaciones excepcionales.
En esos casos extraordinarios, la prolongación de la jornada deberá contar con el consentimiento voluntario del profesional y con un informe de prevención de riesgos laborales.
La norma establece además que una jornada ordinaria no podrá comenzar inmediatamente después de una guardia. Cuando ambas sean consecutivas, la suma de los dos periodos de trabajo tampoco podrá superar las 17 horas.
Para facilitar la aplicación de estas medidas, el proyecto concede un plazo de cinco años a los servicios de salud para acometer los cambios organizativos y de plantilla necesarios. El Ejecutivo sostiene que esta adaptación deberá realizarse sin que suponga una pérdida retributiva para los profesionales.
Pese a estas medidas, las organizaciones médicas mantienen su rechazo al proyecto y reclaman un marco regulatorio específico que separe sus condiciones laborales de las del resto del personal del SNS. Los facultativos ya han protagonizado este año cinco jornadas de huelga de carácter semanal y mantienen su advertencia de convocar un paro indefinido durante el otoño.
El traslado del proyecto al Congreso abre ahora una nueva fase de tramitación parlamentaria de una reforma que pretende sustituir y actualizar una norma con más de dos décadas de vigencia, pero que llega a las Cortes en medio de un conflicto abierto entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las organizaciones representativas de los médicos.