María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, vicepresidenta política del gobierno de la nación, es actualmente la responsable de custodiar las competencias en el uso de la bandera española y de los símbolos de la patria española, desde el pasado viernes 26 de septiembre 2014; según el (BOE) Boletín Oficial del Estado, del pasado 26 de septiembre 2014.
El (BOE) Boletín Oficial del Estado de la nación número 234 del pasado 26 de septiembre 2014, página 5 de 28 páginas informa:
«Corresponden al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional así mismo del ejercicio de las competencias relacionadas con el uso de la bandera, el escudo y demás símbolos nacionales las relaciones con las delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a otros Ministerios en su respectiva área de actividad». Referencia decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del gobierno del PP del pasado viernes 26 de septiembre 2014 [leer el boletín Oficial del Estado aquí].
Un decreto ley que no ha quitado el sueño ni al gobierno «prevaricador« del presidente Artur Mas ni a la (AMI) Asociación de Municipios Independientes separatistas catalanes formada de 698 municipios, 38 consejos comarcales y diputaciones declarados municipios separatistas independientes con banderolas separatistas únicamente en el balcón de sus ayuntamientos, desde hace más de dos años con el PP al poder.
Según este decreto ley, a diferencia de la situación actual, ahora los consistorios ya no podrían impugnar la decisión de la delegación del gobierno en Cataluña en los juzgados contenciosos porque es la vicepresidenta del gobierno la responsable de velar por los símbolos de España. Los ayuntamientos deberían, obligatoriamente, recurrir a la Audiencia española.
Hasta la fecha del 26 de septiembre, los alcaldes separatistas presentaban un simple recurso en un Tribunal local, que en su caso el magistrado podría tener un familiar ultra-separatista beligerante en casa o estar él mismo a favor de la fractura de España, y miraba por otro lado.
Con este decreto ley, las cosas cambian. Los alcaldes separatistas presentarán a partir de ahora el recurso en las instancias judiciales de la capital de la nación española en Madrid donde no encontrarán la misma simpatía que venían disfrutando hasta ahora. Además, tendrán que presentar los recursos en lengua española cosa que les fastidiarán todavía más.
Desde la publicación de este decreto ley del 26 de septiembre 2014 en el (BOE), en los pueblos y ayuntamientos españoles de la comunidad autónoma de Cataluña sigue ondeando impunemente la banderola separatista con la estrella azul excluyente; en las plazas, glorietas, entradas al pueblos, ciudades y balcones de ayuntamiento. [foto efe]
Bueno, a ver si lo conseguimos; Yo ya denuncié hace 4 o 5 años la inexistencia de La Bandera Constitucional en Torredembarra. Naturalmente se la pasaron por «El Forro» de la obediencia Catalanista; pues El Honorable ha ganado Dinero y Prevendas, pero también las ha Sabido repartir.