Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), martes 29 de junio de 2021. El separatista expresidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró (Convergencia-PDECAT-JxCat), ha acusado este martes a España de buscar «la muerte civil y política» de los ex altos cargos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña implicados en la liquidación del Tribunal de Cuentas por la promoción exterior del Procés (golpe de estado en Cataluña), lo que ha calificado de «abuso de poder».
«Es un abuso de poder en toda regla. Esto no es simplemente la aplicación de un marco legal. Es el abuso total de este marco legal, la distorsión del marco legal para conseguir su objetivo, que no es otro que el castigo y la venganza, la represión», ha afirmado en una comparecencia pública en los jardines del Palau Robert de Barcelona.
El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del «procés», más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.
«El objetivo es doble: la muerte política, que quiere decir Código Penal, inhabilitación para cargos públicos, ponernos en la cárcel: o esta muerte civil, que quiere decir que te lo embarguen todo si no puedes responder ante las fianzas millonarias que nos pide nuevamente el Tribunal de Cuentas», ha sostenido.
Mas ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «qué piensa hacer ante un abuso de poder como este»: «¿Va a mirar hacia otro lado o hacer otra cosa». «Esto es castigo y venganza, es decir, represión», ha denunciado.
Y le ha recordado que hay «diferentes posibilidades» en el Congreso para «intentar cambiar las cosas», como renovar a los miembros del Tribunal de Cuentas.
A pesar de la situación derivada del Tribunal de Cuentas, Mas se ha reafirmado en sus convicciones: «No pueden matar ni las ideas ni los ideales».
El separatista mas Gavarró ha recordado que el Tribunal de Cuentas no juzga «un caso concreto de un referéndum o una consulta» sino «una competencia estatutaria» que también tienen otras comunidades autónomas, grandes ayuntamientos o diputaciones.
