Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Ejecutivo de pablo Iglesias y Pedro Sánchez habla de sus compromisos con la regeneración institucional con medidas como la supresión de aforamientos y con la memoria democrática, y en ese contexto subraya su intención de homenajear a las víctimas de la dictadura y de anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalidad genocida de las llamadas Checas catalanas, Lluís Companys Jover (ERC). El documento de la oferta de Sánchez e Iglesias al separatismo apuesta también por la «reducción de la conflictividad institucional» y el Gobierno asegura estar «dispuesto a escuchar y atender demandas» sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia, aunque también subraya que respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial y velará por su cumplimiento. Más embajadas del separatismo y reforzar los Mozos de Escuadra: Se muestra además a favor de la coordinación en materia de acción exterior, pero «con matices», y señala que las delegaciones de la Generalitat en el exterior deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción. Barcelona (España), jueves 6 de febrero de 2020. Generalidad de Cataluña. Efe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña tras su condena de inhabilitación de un año y medio y multa de 30 mil euros por el delito de desobediencia, Quim Torra, que la mesa de negociación entre los dos gobiernos se constituya ya este mismo mes de febrero.
Así consta en el documento abierto de «Agenda para el reencuentro» que Sánchez ha llevado a su reunión con Torra, un escrito de cuatro páginas con sus propuestas.
El primer punto del documento habla de «abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña» y en él propone que dicho diálogo comience este mes «con la reunión constitutiva de la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo», que tiene como objetivo «buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes».
Los puntos que recoge este documento que ha traído Sánchez a Torra son una síntesis de las demandas acumuladas de los presidentes de la Generalidad a las que trata de dar respuesta con estos compromisos y propuestas.
El Gobierno coloca en segundo lugar en este documento, y dentro del capítulo relativo al diálogo y la regeneración, el compromiso de «evitar la judicialización de la política» y en este punto señala que la mesa de diálogo y su búsqueda de soluciones debe hacerse «en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».
En este primer epígrafe, además, el Ejecutivo habla de sus compromisos con la regeneración institucional con medidas como la supresión de aforamientos y con la memoria democrática, y en ese contexto subraya su intención de homenajear a las víctimas de la dictadura y de anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalidad genocida de las llamadas Checas catalanas, Lluís Companys Jover (ERC).
Un nuevo sistema de financiación autonómica que «permita garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles» es lo que propone Sánchez a Torra en el segundo capítulo de este documento.
Y asegura que mañana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentará «una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico».
También recalca que en los próximos presupuestos del Estado cumplirá con las disposiciones del Estatuto de Autonomía catalán sobre la inversión en esa comunidad, «como ya sucedía con el proyecto para 2019» que no llegó a aprobarse.
Y se compromete a estudiar los «los planteamientos tributarios de la Generalitat» en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de cara a la elaboración del nuevo Sistema de Financiación Autonómica.
El documento apuesta también por la «reducción de la conflictividad institucional» y el Gobierno asegura estar «dispuesto a escuchar y atender demandas» sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia, aunque también subraya que respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial y velará por su cumplimiento.
Impulsar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y atender a las demandas de traspasos y desarrollos estatutarios está entre los compromisos del Ejecutivo, que insiste en su «total disponibilidad para el diálogo».
Y dice que a la espera de concreciones sobre demandas de traspasos, «puede haber avances a corto plazo en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas».
También se refiere al cumplimiento de los acuerdos sobre compensaciones alcanzados en materia económica, como el relativo al aumento de la plantilla de los Mozos de Escuadra o a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre déficit inversor, que se compromete a incluir en el proyecto de presupuestos para 2020 como lo estuvieron en el de 2019.
Se muestra además a favor de la coordinación en materia de acción exterior, pero «con matices», y señala que las delegaciones de la Generalitat en el exterior deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción.
