Lasvocesdelpueblo y Agencias – El colectivo Sociedad Civil Catalana (SCC) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las afirmaciones del dimitido Santiago Vidal, el ex juez y ex senador -hasta la fecha de este martes 31 de enero de 2017- del partido separatista amarillo catalán que lidera el actual vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, (ERC) para que las investigue, y determine si se están cometiendo los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y contra la intimidad y la libertad ideológica. Barcelona (España), miércoles 1 de enero de 2017. Fotografía: En la imagen, el presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà (i) y el vicepresidente, José Domingo (d), atienden a los medios de comunicación para detallar la denuncia que han presentado ante la Fiscalía contra el ex senador de ERC Santiago Vidal y varios miembros del Gobierno separatista catalán por las supuestas acciones ilegales que lleva a cabo el ejecutivo catalán para materializar la separación de Cataluña del resto de España. Efe.
La entidad catalana contraria a la separación de Cataluña del resto de España presentó ayer una denuncia ante el Fiscal General del Estado a raíz de las acusaciones de Vidal sobre la comisión de presuntas ilegalidades por parte del Gobierno separatista catalán , afirmaciones que SCC ve «coherentes» con las realizadas por otros responsables del ejecutivo catalán, según argumenta en su escrito.
Así, en la denuncia, SCC recoge las afirmaciones realizadas en diferentes contextos por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, el conseller de Justicia, Carles Mundó, o el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, entre otros, que podrían venir a corroborar las afirmaciones de Vidal.
En su escrito ante la Fiscalía, SCC esgrime que las declaraciones de Vidal implican el «reconocimiento» de que se está desobedeciendo la prohibición del Tribunal Constitucional de desarrollar la hoja de ruta separatista.
Además, señala que ello indica que se están realizando actuaciones administraciones que «carecen de cobertura legal», lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación, y que se desvían recursos para el proceso separatista, lo que supondría la comisión de un delito de malversación de fondos públicos.
Finalmente, SCC argumenta que la «elaboración ilegal» de bases de datos fiscales es una vulneración de la intimidad y de la normativa sobre la protección de datos.
