Madrid, sábado 10 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).– Nueva derrota judicial definitiva para el entramado mediático del agitador de redes. El Tribunal Supremo ha confirmado de manera inapelable la condena impuesta al eurodiputado y presidente de la agrupación electoral Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, conocido popularmente en las plataformas digitales como «Alvise Pérez». El fallo de la alta magistratura le obliga a indemnizar con 10.000 euros al jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, tras determinarse una vulneración flagrante de sus derechos constitucionales a la intimidad personal y a la propia imagen mediante la difusión ilícita de mensajes y fotografías de su ámbito privado.
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha dictado un auto de inadmisión frente al recurso de casación interpuesto por la representación legal del eurodiputado, lo que despoja al condenado de cualquier otra vía de apelación ordinaria y dota a la sentencia de un carácter firme y ejecutivo. Además del desembolso de la indemnización fijada en favor del responsable policial, la resolución judicial impone formalmente a Alvise Pérez la obligación de asumir la totalidad de las costas procesales derivadas del litigio, penalizando su estrategia de dilación en los tribunales.
El origen del procedimiento judicial se remontan al 1 de marzo de 2023. En aquella jornada, el activista digital difundió a través de su canal público de Telegram un contenido difamatorio que incluía una fotografía del comisario junto a un extracto de su historial profesional, añadiendo además una segunda imagen de carácter estrictamente íntimo en la que el jefe policial aparecía junto a su pareja sentimental posando frente a un espejo. El texto del mensaje vinculaba el nombramiento del funcionario con el PSOE y el polémico «caso de las maletas de Delcy Rodríguez», culminando con una velada advertencia intimidatoria: «No es personal, políticos y mercenarios. Tan sólo estoy mandando un mensaje: Vamos a por vosotros. Mañana, más».
La publicación, que alcanzó un impacto masivo inmediato al ser reproducida ante decenas de miles de usuarios, generó un hilo de más de 670 interacciones públicas que el propio Tribunal Supremo califica de «insultantes y vejatorias». Las resoluciones judiciales previas, refrendadas ahora por el Alto Tribunal, determinaron que Alvise Pérez no solo cometió una intromisión ilegítima por la publicación de los archivos visuales privados, sino que ostenta una responsabilidad civil directa sobre los daños morales infligidos al honor de la víctima como consecuencia de los comentarios injuriosos vertidos por terceros que él mismo propició y consintió en su propio canal.
Cronología jurídica: Del juzgado de guardia a la firmeza del Supremo
El periplo procesal de este caso se inició formalmente en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, donde el jefe superior de Policía interpuso una demanda de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen ante la gravedad de la campaña de desprestigio vertida en las redes. Durante la fase de instrucción preliminar, la defensa de Alvise Pérez intentó amparar sus publicaciones bajo el paraguas de la libertad de información y la relevancia pública del cargo de la víctima, un argumento que fue desmontado de raíz por el Ministerio Fiscal y los peritos judiciales al comprobarse que las imágenes carecían de cualquier nexo con la función pública del comisario y pertenecían a su estricta esfera familiar.
En primera instancia, el Juzgado de Las Palmas dictaminó una sentencia condenatoria tajante, declarando la existencia de una intromisión ilegítima en la intimidad y la imagen de Gómez Martín. El fallo inicial impuso al líder de SALF la obligación accesoria de retirar de forma inmediata la publicación de su canal, la inserción del fallo en las redes y el abono de una cuantía indemnizatoria de 10.000 euros para reparar el daño moral causado, haciendo especial hincapié en el deber de custodia que el administrador de un canal de difusión masiva debe ejercer sobre los comentarios de sus seguidores.
Disconforme con el dictamen, Pérez Fernández interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, un órgano judicial que, tras revisar el caso, ratificó íntegramente la resolución recurrida al constatar que la libertad de expresión no puede amparar la exposición pública de la intimidad de las personas sin una base fáctica veraz. El último cartucho del eurodiputado fue el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un intento que ha sido fulminado por la Sala de lo Civil al inadmitirlo de plano por carecer de justificación y de interés casacional, transformando la condena en un mandato judicial firme e inalterable.
El historial delictivo de Alvise: Seis causas penales en el Supremo
Este nuevo varapalo judicial civil coincide con el peor momento procesal para el líder de Se Acabó La Fiesta, quien acumula un denso y complejo historial en los archivos judiciales de la nación. Coincidiendo con el arranque del presente año judicial, el Tribunal Supremo mantiene cercado a Alvise Pérez con un total de seis causas penales abiertas en su contra.
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Entre los procedimientos de mayor envergadura destaca la investigación por presunta financiación irregular de SALF tras admitir la recepción de 100.000 euros en efectivo por parte del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo antes de las elecciones europeas de 2024. A este frente penal se suman otras causas por presuntos delitos de acoso a magistrados y fiscales, amenazas, revelación de secretos, desórdenes públicos e incitación a los disturbios en protestas agrícolas, además de la falsificación de una prueba PCR del exministro Salvador Illa. Aunque el agitador ha logrado el archivo de algunas querellas menores en juzgados ordinarios en años previos acogiéndose a la inviolabilidad de la crítica política, la supresión de su inmunidad parlamentaria en la Eurocámara ha dado luz verde al Supremo para reactivar la vía penal de manera fulminante.