Serrano (PP Cataluña) sobre Ley Celaá: “Los padres no pueden ser sustituidos” por el Gobierno

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 09.11.2020. La Resistencia catalana considera nazismo la llamada «Ley Celaá» pactada entre Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y el régimen socioseparatista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que prohíbe el español (castellano) en los centros educativos de toda España, principalmente en aquellas regiones del país con dialecto. EERC, tras cerrar el acuerdo secesioncita con el Gobierno de España de Iglesias y Sánchez dice «blindemos la inmersión lingüística. Forcemos que el catalán sea la lengua vehicular en Cataluña en la nueva ley educativa estatal», firma en Twitter, y con la imagen de esta foto que la Resistencia catalana banaliza con a cruz esvástica del nazismo. lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción – El diputado y secretario general del Partido Popular (PP) en Cataluña, Daniel Serrano, ha defendido que “los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y esta responsabilidad no puede ser ni sustituida ni condicionada por los poderes públicos”. Barcelona (España), martes 17 de noviembre de 2020.

En esta línea ha sido la propuesta presentada por el diputado Daniel Serrano en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico de Cataluña y que ha logrado el apoyo necesario para “garantizar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, el centro donde escolarizarlos así como respetar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos”.

Asimismo, la propuesta del PP Cataluña defiende la red de centros concertados como “garantes de la existencia de una oferta educativa plural que asegura la igualdad de oportunidades”.

El diputado Popular ha destacado que precisamente el debate de esta propuesta coincide en plena ofensiva de la Ley Celaá contra el actual marco educativo, amparado en la Constitución junto con la doctrina del tribunal Constitucional, que consagra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Para Serrano “algo tan evidente vuelve a ser cuestionado en Cataluña y ahora también por parte del Gobierno de España donde con nocturnidad y alevosía se quiere despachar de forma exprés un nuevo marco normativo contrario a la comunidad educativa, atacando a la educación concertada, a la educación especial y a la lengua española como lengua vehicular en la enseñanza, privándola mediante Ley Orgánica de dicha condición”.

Además el diputado popular ha recordado que, en Cataluña, “el conseller de educación fue pionero en esta ofensiva con los decretos que están pendientes de aprobación en el Consejo” de Gobierno de coalición nacionalsocialista de ERC y JxCAT y “cuya intención es aprobarlos antes de que acabe la legislatura, a pesar de estar en funciones”.

“Por lo tanto vemos prisas aquí y allá por parte del Gobierno de España, falta de consenso con la comunidad educativa y derechos pisoteados”, ha lamentado.

Para Serrano “a pesar de las diferencias que algunos pretenden mostrar para fijar proyectos políticos de aquí y de allá, las diferencias no son tantas entre el Govern de Cataluña y el Gobierno de España a la hora de hacer política y pisotear derechos”.

Dijo que: “Porque aquí y allá se está quebrando el modelo de libertad educativa limitando, cuando no eliminando, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la autonomía de los centros educativos, por no hablar de la consagración mediante Ley Orgánica de la eliminación de la lengua española como lengua vehicular en Cataluña”.

Por ello, el diputado Serrano ha hecho hincapié en que cualquier legislación y cualquier planificación educativa debe ser respetuosa con los derechos que se reconocen en la Constitución, el Estatuto de Autonomía e incluso en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos donde se dice con claridad que “los padres tiene el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos”. “Esto es para nosotros la clave y esta clave es lo que actualmente está en cuestión”.

Finalmente ha aprovechado para solicitar “la paralización de la Ley Celaá en el Congreso y la aprobación de los decretos educativos (pendientes) de Bargalló, porque vulneran el derecho de los padres y de los alumnos y el principio de autonomía de los centros educativos”.

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