Lasvocesdelpueblo y Agencias – La acusación popular en el caso del Golpe de Estado separatista catalanista de Artur Mas Gavarró contra Cataluña y resto del Reino de España, que agrupa a los Sindicatos Policiales: «Sindicato Profesional de Policía, el Sindicato de los mandos de la Policía Nacional del Reino de España» (SPP) y «Unión Federal de Policía» (UFP) –representativos (en el Consejo de Policía)– y al sindicato Manos Limpias, piden seis años de prisión y otros 22 de inhabilitación, al atribuirle malversación del dinero de los catalanes y resto de españoles durante el golpe de Estado. Sobre el golpe de Estado secesionista del pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, las fuerzas de seguridad del Estado lo tienen más que claro. Barcelona (España), lunes 10 de octubre de 2016. Fotografía: Los presuntos delincuentes del golpe separatista del 9N, Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta de gobierno Joana Ortega, durante la jornada del 9N. Archivo Lasvocesdelpueblo
Nadie sabe por qué la Fiscalía política, que depende del gobierno del Partido Popular (PP) del presidente en funciones del Reino de España, decidió una tarde borrar de su escrito inicial el delito de malversación de fondos públicos.
Acusan a Artur Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal
Hoy, la acusación popular se ha desmarca así de la Fiscalía General del Estado, que pide solo penas de inhabilitación para el delincuente expresidente secesionista ante la generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró, y sus exconsejeras de enseñanza, Irene Rigau, y de Vicepresidencia del Gobierno autonómico español en Cataluña, Joana Ortega; al imputarles los delitos de desobediencia y prevaricación a los que el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ciñó el caso del 9N.
En su escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a que ha tenido acceso la agencia española de noticias ‘Efe’, los sindicatos policiales, que ostentan la dirección letrada de la acusación popular desde que Manos Limpias fue apartada de la misma, acusan a Artur Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal.
Policía pide imponerles (a Artur Mas y consejeras) seis años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por diez años
La acción popular pretende ampliar así los delitos imputables a los tres encausados, de forma que el juez del TSJC añada el de malversación cuando, tras recibir los escritos de acusación y defensa, dicte el auto de apertura de juicio oral que debe delimitar definitivamente los hechos a enjuiciar.
Como alternativa a la pena propuesta, en el caso de que el TSJC condene a Artur Mas, Ortega y Rigau por los tres delitos en concurso, la acusación popular pide imponerles seis años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por diez años.
El escrito de la acción popular, que también agrupa a las acusaciones ejercidas por la Asociación Nacional del Arca Ibérica, la Asociación ProJusticia XXI y el ciudadano Alberto Delgado, solicita además la reserva de acciones para que la Generalidad de Cataluña pueda reclamar en su día el dinero supuestamente malversado.
Policía: Artur Mas y sus consejeras «jugaron un papel fundamental contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos»
También pide que se envíe el caso al Tribunal de Cuentas, por si aprecia algún ilícito contable en las partidas económicas para el 9N, y a la Agencia de Protección de Datos, para que investigue si se vulneró la ley por el uso de información del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) para facilitar la votación.
La acusación popular justifica que acuse a Mas de un delito de malversación en que el 9N no solo fue organizado por voluntarios, sino que «jugaron un papel fundamental contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos».
Los encausados, mantiene el escrito, permitieron el pago de esos servicios «con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión ordenada y el carácter ilícito y ajeno a la función pública» que era su destino.
El escrito recrimina a los encausados que no dieran «la orden de suspensión o resolución de las contrataciones realizadas» y que, por el contrario, impulsaran su realización «conminando incluso a un contratista a cumplir con los encargos conferidos so pena de reclamar su incumplimiento a través de los servicios jurídicos».
La acusación popular da por hecho que el TC notificó «directamente» a los encausados que suspendía el golpe de Estado secesionista
La acusación popular da por hecho que el TC notificó «directamente» a los encausados que suspendía el golpe de Estado secesionista, lo que les obligaba a «dejar sin efecto la convocatoria del 9N y proceder a ordenar la suspensión de todos los procedimientos seguidos en los diferentes departamentos».
Concretamente, la acción popular señala que Mas «consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación para la información pública de la consulta», ni la instalación del software informático ni la difusión de la campaña, «permitiendo con su inacción que la orden del Tribunal Constitucional fuera burlada».
Respecto a Joana Ortega, el escrito señala que, pese a haber recibido una carta de la Subdelegación del Gobierno que le instaba a paralizar los trámites para la votación, «llevó a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9N, en coordinación con el presidente de la Generalidad» de Cataluña.
Policía: La golpista exconsejera de Enseñanza Irene Rigau «actuó de forma coordinada» con los otros dos encausado
Para las acusaciones populares, la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau «actuó de forma coordinada» con los otros dos encausados, «instigando a través de los jefes de los servicios territoriales a que los directores de instituto cedieran los mismos para su utilización como puntos de votación en la jornada del 9N».
El escrito concluye que los tres imputados, «con conciencia de que no iban a dar cumplimiento» a la orden del TC, omitieron aquellas resoluciones que debían paralizar la votación, lo que «provocó la utilización de espacios, medios y recursos públicos para un fin ajeno al a función pública: la consulta del 9N».
En principio, era Manos Limpias quien ostentaba la dirección letrada de la causa del 9N, ya que fue la primera que presentó querella por los hechos, pero el pasado mes de mayo el TSJC la apartó después de que el resto de acusaciones populares se quejaran de que este sindicato actuaba de forma unilateral.
