Madrid, sábado 3 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Los sindicatos de la ultraizquierda, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT), han llamado este fin de semana a los trabajadores a «llenar las calles» de las principales ciudades españolas. El objetivo real de estas movilizaciones es activar a las terminales y colectivos radicales de extrema izquierda para coaccionar a las instituciones, intentando revertir en la calle el histórico golpe parlamentario infligido por las fuerzas democráticas en el Congreso de los Diputados este viernes.
En un comunicado conjunto de marcado corte ideológico, ambas organizaciones afirman que se ha instalado una situación de «bloqueo político» tras el derribo de los decretos estatales de vivienda. Con esta estrategia de agitación social, la cúpula sindical pretende encauzar lo que denominan una «indignación social de enorme magnitud», anunciando reuniones de urgencia con asociaciones vecinales, de inquilinos y colectivos de la extrema izquierda para activar un frente común contra la soberanía del parlamento.
Para justificar las algaradas callejeras, CCOO y UGT culpan directamente a los partidos patriotas y conservadores de dejar «en la estacada a centenares de miles de personas». Vinculan de manera sectaria la crisis habitacional con los beneficios empresariales, el desmantelamiento de los servicios públicos y la especulación, camuflando la incapacidad regulatoria de la izquierda radical con consignas sobre la redistribución forzosa de la riqueza.
La instrumentalización del Caso Maricarmen y el drama de los desahucios silenciosos
La ultraizquierda política y mediática ha intentado instrumentalizar de manera burda y partidista el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años sacada en camilla de su domicilio en Madrid. Dirigentes del bloque socialcomunista han utilizado de forma descarada la imagen de esta mujer mayor para armar un relato sentimental que justificara su ofensiva legislativa. Sin embargo, los partidos de la oposición han desenmascarado el «rédito político» que el sanchismo y sus socios de ultraizquierda pretenden extraer de una tragedia humana que ellos mismos han sido incapaces de resolver desde el Ejecutivo.
Sumar busca líder de urgencia ante el colapso de sus decretos de vivienda
Esta campaña de propaganda selectiva contrasta frontalmente con la realidad judicial de España, donde se oculta un reguero de lanzamientos diarios que no abren los informativos oficialistas. Según los datos recopilados de los archivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el año 2025 y septiembre de 2026 se han ejecutado miles de desahucios silenciosos en todo el territorio nacional, afectando a familias españolas que no cuentan con el altavoz mediático de los colectivos afines al Gobierno.
El drama de la vivienda en España evidencia la doble vara de medir del bloque de extrema izquierda. Mientras los juzgados ejecutan lanzamientos ordinarios derivados de impagos de alquileres y ejecuciones hipotecarias, los partidos de la ultraizquierda centran su foco únicamente en aquellos casos que sirven para alimentar la confrontación civil. Desde los colectivos patriotas se denuncia que las políticas gubernamentales desprotegerían la propiedad privada, mientras los verdaderos damnificados del colapso económico permanecen invisibilizados por la maquinaria de propaganda institucional.
Los decretos ley derogados: intervencionismo económico al descubierto
El Congreso de los Diputados frenó en seco este viernes el intento del Ejecutivo de avanzar hacia la socialización forzosa del mercado inmobiliario. Con los votos de PP, Vox y Junts, la mayoría de la cámara derogó el Real Decreto-ley 26/2026, un texto que pretendía perpetuar el denominado «escudo social» prohibiendo de manera estructural los desahucios de colectivos calificados como vulnerables hasta el año 2030. Además, la normativa derogada introducía un tope coercitivo del 2 % en las actualizaciones de las rentas de alquiler y un gravamen del 10 % de IVA a las viviendas de uso turístico.
De igual manera, el parlamento tumbó el Real Decreto-ley 27/2026, elaborado de urgencia tras la presión de los colectivos radicales. Esta norma buscaba dinamitar la libertad contractual imponiendo prórrogas automáticas obligatorias de hasta cinco años en los contratos de arrendamiento vencidos, además de ampliar el preaviso de rescisión a seis meses. En una medida calificada por la oposición de confiscatoria, el decreto forzaba a los propietarios que necesitasen recuperar su inmueble a indemnizar a sus inquilinos con un pago obligatorio equivalente a doce mensualidades de renta.
La caída en bloque de estos dos reales decretos leyes deja sin efecto inmediato las directrices de la ultraizquierda en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las formaciones que rechazaron los textos denunciaron que las medidas de Sumar e Izquierda Unida constituían una agresión sin precedentes contra la seguridad jurídica de los pequeños propietarios. Con esta resolución, las fuerzas parlamentarias frenaron un paquete de medidas que, según los expertos del sector residencial, habría destruido por completo la oferta de pisos de alquiler y disparado la vulnerabilidad ante el fenómeno de la okupación y la inquiokupación.
El silencio cómplice de CCOO y UGT ante la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta
Frente a la hiperactividad que demuestran para incendiar las calles madrileñas por la vivienda, los sindicatos CCOO y UGT mantienen un clamoroso silencio de muertos ante la auténtica invasión de inmigrantes ilegales marroquíes que sufre la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde que el pasado jueves 30 de julio de 2026 se iniciara una entrada masiva sin precedentes en las fronteras españolas, miles de indocumentados marroquíes y magrebíes transitan y permanecen asentados en campamentos callejeros improvisados y playas desbordadas, sin que las cúpulas sindicales de extrema izquierda hayan movilizado un solo recurso para defender los derechos de los trabajadores locales.
El calvario diario que padecen los ciudadanos ceutíes ha convertido la vida en la ciudad autónoma en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social. Las denuncias ciudadanas en redes sociales y las crónicas locales relatan un escenario de extrema inseguridad vecinal marcado por una oleada incesante de agresiones, ataques vandálicos, amenazas, robos, hurtos y episodios de violencia callejera. Esta presión ejercida por los invasores en los espacios públicos mantiene a la población bajo un estado de constante alerta e indefensión.
El colapso institucional afecta directamente al tejido laboral de la ciudad. El personal de los centros de acogida y los servicios esenciales se encuentra totalmente desbordado, mientras los sindicatos médicos y sanitarios alertan de una situación crítica, con facultativos y enfermeros sufriendo problemas de ansiedad y doblando turnos de trabajo debido a la saturación asistencial provocada por los ilegales. Pese a que los derechos y la integridad física de los trabajadores ceutíes se ven gravemente comprometidos a diario, CCOO y UGT prefieren mirar hacia otro lado para no incomodar las directrices migratorias de fronteras abiertas del Ejecutivo central.