Madrid, sábado 3 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- Representantes del espacio de la ultraizquierda Movimiento Sumar se reunirán este domingo para analizar la situación de la vivienda, en un contexto marcado por la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales y por la incógnita sobre quién será su cabeza de lista, mientras algunos sectores plantean como opción a la ministra de Sanidad, Mónica García. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue quien anunció la reunión, que se celebrará después de que el Congreso rechazara este viernes los dos reales decretos leyes del Gobierno sobre vivienda y un día después de las manifestaciones convocadas para exigir soluciones.
La vivienda será el tema central del encuentro, que se celebrará de forma telemática y previsiblemente comenzará después de las 12:00 horas. Están convocados los ministros del espacio y representantes de los partidos que integran el grupo parlamentario, entre ellos Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, según han informado a EFE fuentes de la coalición. Otras fuentes apuntan a que se tratará también de una reunión de estrategia política para analizar cómo actuar después del rechazo de los reales decretos leyes sobre vivienda y ante la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, una decisión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analiza este fin de semana y que solo él puede tomar.
La caída en bloque de la reforma del alquiler
La ampliación de la agenda política responde directamente al varapalo parlamentario del pasado viernes, cuando la Cámara Baja tumbó de manera simultánea los dos últimos textos normativos impulsados por el Ejecutivo en materia residencial. El primero de ellos, el Real Decreto-ley 26/2026, buscaba blindar el denominado «escudo social» extendiendo de forma estructural la prohibición de los desahucios a familias vulnerables hasta el año 2030. Asimismo, este texto introducía un tope máximo del 2% en las actualizaciones anuales de renta y penalizaba los pisos turísticos desprovistos de servicios hoteleros aplicando un gravamen del 10% de IVA.
Por su parte, el Real Decreto-ley 27/2026, publicado de urgencia tras la presión social ejercida por el mediático desahucio de una anciana en Madrid, pretendía imponer un agresivo paquete para regular la estabilidad contractual. La norma derogada pretendía establecer prórrogas automáticas sucesivas de hasta cinco años en los contratos de arrendamiento vencidos e incrementar el plazo de preaviso obligatorio por parte del arrendador de cuatro a seis meses. Además, forzaba a los propietarios que decidieran no renovar el alquiler a indemnizar a sus inquilinos con un mínimo de doce mensualidades de renta, una imposición que la oposición tildó de destructora para la oferta del mercado.
La derogación se consumó con los votos en contra de PP, Vox y Junts, dejando sin efecto legal inmediato las dos normativas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El bloque de centroderecha y los partidos de corte liberal y separatista denunciaron que las medidas de Sumar suponían una intervención lesiva del mercado inmobiliario que desprotegería a los pequeños propietarios, alimentaría la inseguridad jurídica y agravaría los problemas de okupación. Con este último rechazo parlamentario, el Gobierno acumula ya cinco decretos ley en materia de vivienda tumbados en el hemiciclo a lo largo del año 2026.
La desintegración y el fracaso de Sumar en el poder
Este colapso legislativo escenifica de forma definitiva el fracaso político del Movimiento Sumar tras su irrupción en las instituciones del Estado y su accidentada andadura en el Gobierno de coalición. El espacio de la extrema izquierda, fuertemente cuestionado por sus postulados ideológicos de máximos y su marcada retórica antiisraelí en el plano internacional, se encuentra actualmente sumido en una profunda y grave crisis de supervivencia interna que amenaza con su total atomización territorial.
El declive definitivo de la formación se aceleró de forma drástica tras el abandono definitivo de su jefa de filas y principal impulsora, la presidente segunda Yolanda Díaz Pérez, quien renunció formalmente a encabezar las listas electorales dejando al partido descabezado y sin un liderazgo claro en plena tormenta política. Las disputas por el control del aparato han fragmentado la coalición en diversas facciones locales que ahora intentan recomponerse bajo las siglas de un hipotético ‘Frente Amplio’, abriendo a la desesperada las puertas a un reencuentro con Podemos para evitar su desaparición de las instituciones ante las inminentes elecciones generales.
El espacio baraja ahora una candidatura de contingencia con fórmulas corales que incluyen nombres como Mónica García, Ernest Urtasun o el propio Pablo Bustinduy, quien a pesar de cosechar cierto consenso por su papel negociador en la fallida ley de vivienda, ha rechazado reiteradamente postularse como cabeza de cartel. La descomposición orgánica y el aislamiento parlamentario evidencian el agotamiento de un proyecto político que, lejos de consolidar su peso en el poder, afronta el final de la legislatura debilitado por sus fracturas internas y privado de la confianza de la mayoría parlamentaria que sustentaba al Ejecutivo.