Redacción – Y es que de los 15, la mitad era eurodiputados españoles. Ha sido un gran éxito del boicot democrático europeu contra el separatismo catalán. De los 751 eurodiputados, cifra oficial , según datos de la cámara europea, solo 15 eurodiputados con nombre y apellidos, entre ellos 4 de los partidos separatistas catalanes: Josep Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC de Oriol Junqueras); Ramón Tremosa (CDC de Carles Puigdemont y Artur Mas) y Francesc Gambús (Unión Democrática de Cataluña UDC: formación de la disuelta CIU de Jordi Pujol). Además un total de 10 eurodiputados entre ellos los proetarras y los morados; Josu Juaristi (del partido de los amigos de la banda terrorista ETA: EH Bildu); Xabi Benito (Podemos de Pablo Iglesias), Lidia Senra (Alternativa Gallega); Ernest Urtasun (ICV, formación de la coalición de Podemos en Cataluña y ex partido del actual consejero de Asuntos Exteriores del Gobierno catalán, Raúl Romeva); el escocés Alyn Smith, (del partido separatista escocés conocido como Partido Nacionalista Escocés); el húngaro Laszlo Toke (del PP europeo); la portuguesa socialdemócrata Ana Gomes (del PSOE de Portugal); el ex ministro de Exteriores esloveno Ivo Vajgl (Liberales europeos); el lituano Petras Austrevicius (Liberal europeo); Renate Weber (eurodiputada romana) y la sueca Bodil Valero (de los Verdes europeos). Evidentemente la sala era llena, más de 35o personas; curiosamente entre los asistentes, y más 50 eran cargos diplomáticos ante la Unión Europea invitado por el DIPLOCAT catalán. Bruselas (Bélgica), martes 24 de enero de 2017. Fotografía: Conferencia del separatismo catalán hoy, martes 24 de enero de 2017 en Bruselas. En la imagen, el presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, durante la conferencia. Lasvocesdelpueblo.
Más abajo, el discurso completo del presidente Puigdemont hoy en el Parlamento Europeo sobre el separatismo catalán.
Presidente Puigdemont: «Europa debe ser parte de la solución al caso catalán, porque está en juego la democracia»
El presidente d ela Generalidad de Cataluña no ha podido dirigirse directamente ni tan solo al tercio de la cámara europea hoy en Bruselas.
Ante una sala llena de un público separatista catalán, Puigdemont ha pedido a la Parlamento Europeo participar directamente como mediador en el proceso separatista en Cataluña para poner de rodilla al Gobierno del presidente Mariano Rajoy y acabar con España.
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha manifestado esta tarde, desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, que «Europa debe ser parte de la solución» del conflicto entre Cataluña y España, «porque lo que está en juego no es la independencia, sino la democracia «.
«Es, y lo quiero decir de forma clara aquí, un problema europeo» y por tanto, ha avisado: «Europa no podrá mirar hacia otro lado».
«Europa debe ser parte de la solución, por coherencia con los valores y principios democráticos que la inspiran, por pragmatismo y como siempre lo ha hecho ante cambios geopolíticos profundos: adaptándose, con diálogo político primero y encaje jurídico después», remachó.
Junto con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones institucionales y Transparencia, Raül Romeva, el jefe del Gobierno catalán ha expuesto el mandato parlamentario de la mayoría separatista de la cámara catalana que el Gobierno está llevando adelante para celebrar el referéndum separatista en Cataluña ante más de 400 personas que esta noche han asistido al acto bajo el título «The Catalán Referendum».
Un evento con la firma de los eurodiputados separatistas catalanes Josep Maria Terricabras, Ramon Tremosa y Jordi Solé.
«Tengan claro que este año 2017 Cataluña decidirá libremente su futuro mediante un referéndum legítimo, legal, con todas las garantías democráticas, eficaz y vinculante», manifestó Carles Puigdemont.
Una consulta que, recordó, es «el mecanismo más claro, más potente y más aceptado internacionalmente para medir la voluntad de un pueblo ante una decisión, no trivial, sino histórica».
El jefe del Gobierno catalán ha reiterado desde Bruselas que la voluntad es que el referéndum «sea pactado con el Gobierno, ya que es la opción más plausible para todos», pero ha alertado de que «no nos detendremos si el Gobierno español sigue empeñado en no a todo y se niega a cualquier negociación» y «el organizaremos igualmente «, porque» no puede ser que la intransigencia sea la que se imponga».
En este sentido, ya pesar de reiterar que «la oferta de diálogo y consenso es permanente y seguirá abierta hasta el último día», el presidente ha tachado de «grave e irresponsable» la actitud del Gobierno, que «hasta hoy se niega taxativamente cualquier negociación».
Y lamentó especialmente que las únicas decisiones que haya tomado «hayan sido perseguir judicialmente el proceso y judicializar la política, con una utilización de parte del poder judicial y del Tribunal Constitucional, en un claro atentado a la separación de poderes y alejándose cada día más de los estándares de calidad democrática de la Unión Europea».
«Una persecución en toda regla de los que no piensan como ellos, para escarmentar los mismos y escarmentar a todos», remachó.
Puigdemont ha recordado desde el Parlamento las causas abiertas contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Carme Forcadell y remarcó que «la noción de democracia convencional, la que es homologable a las mejores democracias del mundo, y en la Unión Europea en particular, y la noción democracia que demuestra tener España distan mucho «. «Juzguen ustedes si la actitud del Gobierno es normal, si es aceptable y si es propia de un Estado serio y realmente democrático», preguntó.
Un proyecto europeísta
El presidente separatista catalán ha explicado que tras el mandato democrático expresado en las urnas en 2015, el Gobierno ha estado trabajando para crear las estructuras de Estado y la legislación necesarias «para poder actuar como país independiente integrado en la Unión Europea» y hacer «una revolución tranquila».
«Si Cataluña se convierte en un nuevo Estado será en el marco de la Unión Europea, no nos planteamos ningún otro escenario», ha reiterado, y ha destacado que la propuesta catalana de referéndum es «profundamente europeísta».
Por un lado, porque «el catalanismo político, desde sus orígenes, tiene como uno de sus valores fundacionales del europeísmo» y Cataluña tiene una «clara vocación de pertenencia al proyecto europeo».
Además porque la propuesta de referéndum separatista catalán tiene como principio fundamentar la «democracia» y aspira a «llegar a la independencia pacíficamente, de manera cívica».
Puigdemont ha dicho que un nuevo Estado catalán significaría «un proceso de ampliación interna sin discontinuidades, en particular con respecto a la unión económica y monetaria y el funcionamiento del Mercado Interior y las libertades asociadas».
«Estamos desarrollando la Agencia Tributaria con altos niveles de competencia»
Por su parte, el vicepresidente Junqueras ha explicado que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña está desarrollando la Agencia Tributaria Catalana «con niveles de competencia como nunca hasta ahora, con el objetivo de poder recaudar en unos meses todos los impuestos en Cataluña».
También ha denunciado durante su intervención «el enorme déficit fiscal con el Gobierno central, que se sitúa por encima del 7% del PIB catalán» y ha mostrado su preocupación por el incremento del déficit en el Estado y por el fondo de reserva para pagar las pensiones, que, dijo, «ha sido utilizado por el Gobierno para financiar el gasto corriente».
▶️ @junqueras: «Estem convençuts que Europa creu en la democràcia» #CatalanRef2017 pic.twitter.com/m7SOKO59Go
— Govern. Generalitat (@govern) 24 de enero de 2017
«Si esto continúa así probablemente veremos como resultado del agotamiento de este fondo», advirtió.
Oriol Junqueras ha cerrado su discurso reivindicando que «lo que queremos es votar, decidir nuestro futuro, y contribuir con nuestra responsabilidad construir una Europa y una comunidad internacional mucho mejores».
«Somos tan responsables que nos gustaría asumir toda la responsabilidad, el mismo nivel de responsabilidad que cualquier otro estado, y estamos convencidos de que la democracia es la mejor garantía para hacer unas políticas económicas eficientes y de una mayor justicia social», remachó.
«Europa no puede permitirse cerrar los ojos a la democracia»
Por su parte, el consejero Romeva ha recordado los valores fundacionales de la Unión Europea, y ha manifestado que «Bruselas debe mostrar toda la Unión que escucha y comprende sus ciudadanos» si no quiere fracasar como proyecto para articular la diversidad de sus pueblos.
El consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones institucionales y Transparencia ha referido a diversas realidades donde se juega el futuro de Europa: Escocia, la crisis de Grecia o el drama de las personas refugiadas, porque «sin resolver esta crisis Europa no será nunca la Europa que queremos».
Otro ejemplo, expuso, es Cataluña, donde «Europa también se juega su futuro y su credibilidad, porque no puede permitirse cerrar los ojos a la democracia».
Discurso íntegro del Presidente de la Generalidad de Cataluña hoy en el Parlamento Europeo
Discurso del presidente de la Generalitat en el Parlamento Europeo; Bruselas, 24 de enero de 2017
«Tal y como ya han expresado el consejero Romeva y el vicepresidente Junqueras, les agradezco sinceramente su asistencia hoy aquí, después de muchos de ustedes, todo un día de trabajo.
Me gustaría comenzar mi intervención en catalán -la lengua propia de Cataluña, y oficial junto con el castellano y también con el aranés, la lengua occitana propia del Valle de Aran -. Quisiera hacerlo felicitando al nuevo presidente del Parlamento Europeo, el señor Antonio Tajani, elegido la semana pasada, para desearle suerte y muchos aciertos para esta nueva tarea tan relevante que le ha sido encomendada en nombre de todos los europeos.
También esperamos, también espero, que dé cumplimiento al compromiso que adquirió por carta con la mayoría de eurodiputados de nuestro país para que el catalán, la lengua propia de Cataluña, pueda ser lengua oficial también en el Parlamento europeo.
▶️ #President @KRLS: «Aquest any 2017 Catalunya decidirà lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal» #CatalanRef2017 pic.twitter.com/h8W4A8FAoH
— Govern. Generalitat (@govern) 24 de enero de 2017
El pasado mes de septiembre, en una sesión en el Parlamento de Cataluña, a la que comparecí por la cuestión de confianza que solicité, me explicitar lo que ya era un compromiso político claro de mi Gobierno y de la mayoría política que le apoya el Parlamento: el año 2017, es decir, este año, Cataluña celebrará un referéndum vinculante para decidir si quiere convertirse en un estado independiente.
Hoy, con el vicepresidente y el consejero Romeva, somos en Bruselas, capital de Europa, en la sede de la institución donde se ejerce la representación democrática de los ciudadanos de la Unión Europea, por tanto, también de los ciudadanos de Cataluña, para reafirmar nuestro compromiso a convocar este referéndum, que es la mejor herramienta democrática posible para saber qué quiere decidir nuestro pueblo.
Es probable que algunos de ustedes, tal vez muchos, se pregunten cómo hemos llegado hasta aquí, por qué una buena de catalanes ya no quiere seguir formando parte de España.
La respuesta o las respuestas son claras. Por un lado, porque Cataluña es una nación, una vieja nación europea con una identidad, una cultura y una lengua fuertes, una nación que ha tenido instituciones propias desde hace siglos (yo soy el 130 presidente de una institución que tiene los sus orígenes en 1359), y una nación que desde siempre ha tenido voluntad de ser reconocida. Pero eso solo no explica todo lo que ha sucedido en Cataluña a nivel político los últimos años.
Es evidente que, por otra parte, en junio del año 2010, el Tribunal Constitucional español tumbó el Estatuto de autonomía de Cataluña, que habíamos aprobado en referéndum los catalanes cuatro años antes, y que previamente había sido acordado con las instituciones españolas, no sin sacrificios, no sin renuncias. Y ese acuerdo de mínimos pretendía ser un acuerdo político bilateral entre Cataluña y España, donde se recogía el perímetro del autogobierno catalán, que es una demanda que muchas veces se nos ha hecho, allí lo poníamos negro sobre blanco, insisto un acuerdo pactado con el Estado, con las cámaras de representación catalana y española, y votado en referéndum. Ese acuerdo fue anulado en la mayoría de sus aspectos fundamentales.
Un Tribunal, que idealmente debería ser el árbitro neutral de los contenciosos constitucionales en España, pero que en realidad es un órgano politizado y de parte.
Un Tribunal Constitucional que a día de hoy está presidido por un ex militante del PP y que, con el paso de los años, se ha ido decantando todavía más hacia las tesis del PP, y que se ha convertido definitivamente un actor que juega de manera descarada a favor de una de las partes.
Aquella sentencia del año 2010 tuvo una alta trascendencia. Supuso un antes y un después para una mayoría de catalanes. Representó el fin de una etapa y la constatación de la necesidad imperiosa de abrir un nuevo camino. En resumen, el encaje de Cataluña en España, aquella vieja aspiración del catalanismo político era imposible.
Así pues sólo había dos opciones: renunciar a lo que éramos y quedar definitivamente diluidos en España como una región sin personalidad propia y sin ninguna capacidad de disponer de poder político, o iniciar una nueva etapa como nuevo estado en el marco de la Unión Europea para garantizar el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos.
Aquella sentencia supuso sin duda alguna para muchos catalanes una rotura de las razones que habían explicado la unión con España. A partir de entonces, muchos otros roturas se han ido sumando con el paso del tiempo.
Vale la pena poner de manifiesto que históricamente, en los últimos cien años como mínimo, y de manera especial desde que España salió del régimen de Franco, los partidos catalanistas en su amplio espectro han adoptado siempre una actitud y un papel de alta responsabilidad en aquellos asuntos clave para España, y también para el conjunto de Europa.
Siempre habíamos estado al lado del Gobierno, incluso, y lo quiero remarcar con especial énfasis, en algunos casos, cuando el principal partido español en la oposición no estaba.
En la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, durante la integración en la moneda única, en momentos en que la estabilidad política española tambaleaba, en la lucha contra el terrorismo, durante la última crisis económica, cuando había que tomar decisiones duras para evitar el rescate de España …
Es evidente que se hacía por responsabilidad y por sentido de estado. Mucho más, insisto, que el que tenía el partido político que en ese momento estaba en la oposición. Y bueno, lo que resulta doloroso es que después de casi 40 años, esta contribución haya recibido como respuesta un trato del Estado hacia Cataluña tan decepcionante e hiriente.
En julio del 2010, después de aquella durísima sentencia, ya partir del año 2012, cada 11 de septiembre -Diada Nacional de Cataluña- más de un millón y medio de personas han salido a la calle para reclamar dignidad, capacidad de decisión , y en definitiva, para poder decidir libremente su futuro en las urnas. Estamos hablando de unas magnitudes muy importantes.
Alrededor de un millón y medio de personas en un país de 7,5 millones de habitantes. Y no una vez sino cinco. En ningún otro lugar de Europa se ha visto una manifestación comparable a estas, y mucho menos que se haya ido repitiendo año tras año.
Toda esta movilización no sería suficiente ni suficientemente consistente si no se hubiera plasmado también con un aval en las urnas. Este mandato democrático existe y es lo que ahora estamos cumpliendo.
El 27 de septiembre de 2015, como ha recordado el consejero Romeva, con la participación más alta de toda la historia en unas elecciones al Parlamento de Cataluña (de casi el 75%), las fuerzas favorables a la independencia obtuvieron 72 de los 135 diputados (con un 48% de los votos), tres por encima de la mayoría absoluta, mientras que los contrarios a la independencia se quedaron con 52 diputados (y poco más del 39% de los votos).
Finalmente, 11 diputados fueron para un partido que no se ha posicionado ni a favor, pero tampoco en contra de la independencia, pero que es favorable a la convocatoria de un referéndum.
Vale la pena hacer notar que en el año 2010, el Parlamento sólo había 14 diputados que se hubieran presentado con un programa independentista.
En 2015, 72. De 14 a 72 en sólo cinco años. Pienso que este crecimiento sustancial en este corto periodo de tiempo merecería que desde España se preguntaran qué ha pasado, qué ha pasado en Cataluña estos años, qué han hecho mal para que la composición del Parlamento, que es la traducción de lo que piensa y desea la ciudadanía, haya variado tan significativamente en un período tan corto de tiempo.
Parece que es bastante lógico hacerse esta pregunta. También en Europa se le deberían hacer -o le deberían hacer en España- esta misma pregunta.
De acuerdo con el resultado de las elecciones del año 2015, por tanto, existe en Cataluña una mayoría de ciudadanos que quiere construir un nuevo estado que dé respuesta a las necesidades ya las ambiciones de futuro, y el Parlamento y el Gobierno tienen el encargo claro e inequívoco de trabajar para hacerlo posible.
Durante todo este tiempo se ha estado haciendo y se está haciendo el trabajo necesario para poder convertirse en un estado: esto incluye la preparación de las estructuras de estado y la legislación necesarias para poder actuar como un país independiente integrado en la Unión Europea y la comunidad internacional desde el primer día. Nuestro propósito es que el tráfico se haga de manera ordenada, con seguridad jurídica y con las máximas garantías.
La nuestra es una revolución tranquila, que quiere transmitir confianza y que se construye en todo momento a base de pasos en firme, seguros.
A nivel de la Unión Europea, esto significa un proceso de ampliación interna sin discontinuidades, en particular con respecto a la unión económica y monetaria y el funcionamiento del Mercado Interior y las libertades asociadas.
Es evidente que este proceso requerirá una validación democrática de la ciudadanía que le dé carácter definitivo.
Y en Cataluña existe un enorme consenso que la mejor manera de obtener este visto bueno es a través de un referéndum vinculante.
Los datos demoscópicos que se publican regularmente indican de manera invariable que alrededor del 80% de los catalanes es favorable a la celebración de un referéndum, independientemente de su opción de voto.
Asimismo, hay que hacer notar que 83 de los 135 diputados elegidos en 2015 son favorables a la convocatoria de este referéndum, que representa el 61,5% de la cámara, ante un 38,5% que está en contra.
No es nueva la reclamación de la celebración de un referéndum para poder determinar si Cataluña opta por convertirse en un estado o no.
Ha sido una petición constante por parte de nuestro país durante estos últimos años. Lo hemos pedido reiteradamente, y hicimos la petición solemnemente ante el Parlamento español en abril de 2014. Ni siquiera se dignaron a estudiar la solicitud que defendió una representación del Parlamento de Cataluña. La despacharon en unas horas sin admitirla a trámite.
Hemos defendido y seguimos defendiendo que la celebración del referéndum es viable a nivel jurídico y que el problema es sólo de falta de voluntad política. Ya en su momento, un grupo de expertos describió hasta cinco vías legales posibles para poder celebrar una consulta acordada con el Estado español.
Estamos convencidos de que un referéndum es el mecanismo más claro, más potente y más aceptado internacionalmente para medir la voluntad de un pueblo ante una decisión, no trivial, sino histórica.
Creemos que la mejor manera de saber qué proyecto goza de más apoyos (la permanencia en España o la creación de un estado) es votante.
Ante un conflicto político -pacífic- entre Cataluña y España, lo mejor es que los ciudadanos de Cataluña se posicionen, y que podamos saber con precisión dónde está la mayoría y donde están las minorías.
Esta es la forma democrática de abordar las diferencias. Un mecanismo, por cierto, que no apunta nada nuevo, sino simplemente es lo que pudo hacer tranquilamente Escocia hace dos años y medio, y que quizás repetirá en el futuro, y que también en su momento hizo el Quebec.
En este contexto conviene poner de manifiesto que sólo puede tener miedo de votar quien tenga miedo de conocer el resultado y no esté dispuesto a aceptarlo. En este sentido, resulta significativo que los que estamos a favor de la independencia pedimos que todos puedan votar y expresar su posición, mientras que el Estado español no es que defienda la posición del no, sino que defiende que no se vote, que no pueda hablar. El contraste es flagrante.
Hay que detallar que defendemos que este referéndum sea pactado con el Gobierno, ya que es la opción más plausible para todos. Esta oferta de diálogo y de búsqueda del consenso seguirá abierta hasta el último día. Estamos dispuestos a hablar de todo: de la pregunta, la fecha, los requisitos de participación, el porcentaje necesario de la opción ganadora … Estamos sentados en la mesa de negociación y no nos levanta hasta el último día.
La oferta de diálogo es permanente. Sin embargo, también queremos dejar claro que no nos detendremos si el Gobierno sigue empeñado en no a todo y se niega a cualquier negociación. T
al como me comprometí ante el Parlamento el pasado mes de septiembre, como máximo el mes de septiembre de 2017, Cataluña celebrará un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. Si es pactado, mucho mejor, así lo preferimos. Si no puede ser, manifestamos que el organizaremos igualmente.
No puede ser que la intransigencia sea la que se imponga. Este año, los ciudadanos de Cataluña tienen que tener la oportunidad de decidir definitivamente sobre su futuro. Y precisamente somos conscientes de que quien permitirá que el referéndum sea válido serán los propios ciudadanos, como en todos los referendos del mundo.
Son los ciudadanos los que lo autorizan con su participación. Si los ciudadanos lo hacen suyo, el referéndum y su resultado serán válidos.
Quiero insistir en que el Gobierno, hasta el día de hoy, se niega tajantemente a cualquier negociación respecto al referéndum.
Es un no a todo, es un no, incluso, a escuchar. Esto es grave e irresponsable. Pero aún lo es más que las únicas decisiones que haya tomado hayan sido para perseguir judicialmente el proceso, judicializando la política, con una utilización de parte del poder judicial y del Tribunal Constitucional, en un claro atentado a la separación de poderes y alejándose cada día más de los estándares de calidad democrática de la Unión Europea.
Una persecución en toda regla de los que no piensan como ellos, para escarmentar los mismos y escarmentar a todos. Dentro de sólo dos semanas, el ex presidente del Gobierno de Cataluña Artur Mas y dos consejeras de su Gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau, serán juzgados por haber hecho posible que se pudiera celebrar el 9 de noviembre de 2014 una consulta no vinculante sobre si Cataluña había de convertirse en un estado independiente.
Se enfrentan a penas de entre 10 y 9 años de inhabilitación y el origen es una querella de la Fiscalía General del Estado. Otro de los consejeros del Gobierno de Artur Mas, Francesc Homs, también será juzgado próximamente por la misma cuestión, y por la que también se enfrenta a una dura pena de inhabilitación.
Juzgados para poner urnas y hacer posible que más de 2,3 millones de catalanes pudieran expresar su opinión. Una jornada que creemos que fue ejemplar, muestra clara de la forma en que hacemos las cosas en Cataluña, plenamente cívica y de la que nos sentimos muy orgullosos.
Desgraciadamente, el escándalo no termina aquí. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, también puede llegar a ser juzgada próximamente por haber permitido que se discute y se votara en el pleno del Parlamento las conclusiones de una comisión de estudio.
Un grave crimen! Es evidente que la noción de democracia convencional, es decir, la que es homologable a las mejores democracias del mundo y en la Unión Europea, en particular, y la noción democracia que demuestra tener España distan mucho.
Juzguen ustedes si la actitud del Gobierno es normal, si es aceptable y si es propia de un estado serio y realmente democrático.
Quiero remarcar que en esta cuestión lo que está en juego no es la independencia sino la democracia, y ya no afecta a los que somos partidarios de un estado propio, sino a todos y cada uno de los ciudadanos que creen, que creemos en la libertad.
Es, por tanto, y lo quiero decir de forma clara aquí, un problema europeo. Y Europa no podrá mirar hacia otro lado. Europa debe ser parte de la solución. Por coherencia con los valores y principios democráticos que la inspiran, por pragmatismo y como siempre lo ha hecho ante cambios geopolíticos profundos: adaptándose, con diálogo político primero y encaje jurídico después.
Como mencionaba antes, la reivindicación del derecho a decidir libremente nuestro futuro como país en las urnas es muy transversal y con mucha capilaridad a toda la sociedad catalana, y prueba de ello es que más de 4.200 organizaciones económicas, culturales, sociales y cívicas del país han expresado su apoyo explícito.
▶️ #President @KRLS: “Amb el referèndum Europa no podrà mirar cap a una altra banda. Europa ha de ser part de la solució” #CatalanRef2017 pic.twitter.com/4xoBzc6RoS
— Govern. Generalitat (@govern) 24 de enero de 2017
En este sentido, por impulso del Gobierno, a finales del año pasado, unos ochenta de estas organizaciones -las más relevantes del país- y representantes institucionales constituyeron el Pacto Nacional por el Referéndum.
Uno de los acuerdos que salió de esta reunión es el impulso de una campaña de adhesiones a la solicitud de celebración de un referéndum, tanto a nivel internacional como a nivel del Estado español. Queremos poder explicarnos, queremos poder exponer nuestras razones y que se entiendan.
Para ir terminando, quiero destacar que la propuesta catalana de referéndum es profundamente europeísta. En primer lugar, porque si Cataluña se convierte en un nuevo estado será en el marco de la Unión Europea.
Los primeros pasos de la República Catalana serán hechas con las reglas de juego de la Unión Europea. No nos planteamos ningún otro escenario. El catalanismo político, desde sus orígenes, hace más de 100 años, tiene como uno de sus valores fundacionales del europeísmo.
Y de hecho, Cataluña en su conjunto tiene una clara vocación de pertenencia al proyecto europeo porque nos sentimos profundamente partícipes. Es aquí en Europa donde queremos ser, sin lugar a dudas. No desde hace 31 años, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, sino desde siempre.
Históricamente, desde los lejanos tiempos de Carlomagno, Cataluña ya ha mirado hacia Europa y se ha sentido identificada con una idea de pertenencia común.
Últimamente, algunos han decidido que quieren irse de Europa. Es legítimo y hay que aceptarlo, pero nosotros no lo compartimos. Podríamos decir que estamos justo en el otro extremo.
Desde Cataluña apostamos por más Europa, para incrementar este proyecto compartido. Es decir, queremos ejercer plenamente nuestra soberanía para poder compartirla con nuestros socios europeos en aquellos ámbitos que nos hagan más fuertes colectivamente.
En segundo lugar, la propuesta catalana de referéndum es europeísta porque entronca con uno de sus principios fundamentales, que es la democracia. Europa ha visto en las últimas décadas como surgían nuevos estados.
A diferencia de otros casos no muy lejanos en el tiempo, Cataluña aspira a llegar a la independencia pacíficamente, de manera cívica, sólo a través de «el arma» de la democracia. Sitúa los ciudadanos como personas adultas y con criterio que libremente pueden decidir su futuro. Se trata, en definitiva, de un proceso de vanguardia democrática que quiere ser ejemplar y que conecta con lo que es y debe ser el proyecto europeo.
Para concluir, quiero reiterarles que los anunciaba al principio ya lo largo de mi intervención. Tengan por seguro que este año 2017 Cataluña decidirá libremente su futuro mediante un referéndum legítimo, legal, con todas las garantías democráticas, eficaz y vinculante.
De nuevo, muchas gracias por su asistencia y su atención.
Carles Puigdemont y Casamajó
Presidente de la Generalidad de Cataluña»
Con eso, sentenció el dirigente separatista catalán.
