Madrid, viernes 9 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).– El desmoronamiento de la extrema izquierda parlamentaria acelera su descomposición en un desesperado sálvese quien pueda de cara a la cita general del próximo 29 de noviembre (29N). La organización de la ultraizquierda comunista Movimiento Sumar ha designado formalmente a su actual portavoz en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, como la candidata oficial de la formación para liderar el proceso de negociación dentro de la nueva marca electoral de contingencia denominada «Frente Amplio». Esta amalgama de siglas extremistas busca reeditar a la desesperada el ruinoso modelo de Gobierno de colisión socialcomunista que cogobierna España junto al PSOE, intentando camuflar bajo un nuevo membrete el absoluto fracaso institucional de Sumar a lo largo de la presente legislatura.
La designación por dedazo de Martínez Barbero recibió un supuesto «respaldo del 98 % de las bases» en una consulta exprés resuelta el jueves por la tarde, según ha detallado la propia formación en un comunicado corporativo. La dirigente ultra, quien comparte el control de la estructura interina junto a Rosa Martínez, es la pieza de presión colocada por Sumar para blindar sus puestos en las futuras listas electorales. El anuncio coincide con la encarnizada batalla interna desatada entre las distintas facciones de la izquierda radical para dar forma al artefacto del Frente Amplio, una iniciativa de la que Sumar forma parte junto a los sectores separatistas de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano (Els Comuns), la franquicia madrileña de Más Madrid y la estructura de Izquierda Unida (IU). Las conversaciones continúan lastradas por el veto cruzado y la desconfianza del sector mayoritario de las ultraizquierdas de Podemos, encabezado por su secretaria general Ione Belarra Urteaga y la eurodiputada Irene Montero Gil.
La debilidad de la confluencia radical ha propiciado un baile de nombres que evidencia la fragmentación del bloque. Mientras que Más Madrid presiona activamente para que la controvertida Ada Colau sea impuesta como la candidata a la Presidencia del Gobierno de la nación, la delegación de Izquierda Unida ha reaccionado postulando a su dirigente malagueño Juan Antonio Valero Morales para asegurar el peso de las cuotas de poder de la vieja guardia comunista en la marca Frente Amplio, demostrando que la prioridad absoluta del bloque no es ideológica, sino un burdo reparto de prebendas y actas parlamentarias.
El falso relato social para ocultar el intervencionismo chavista
A las puertas de la campaña para el 29N, Movimiento Sumar ha tratado de justificar su repliegue exigiendo «discreción» para no interferir en el reparto de escaños. En su nota pública, la formación intenta imponer un veto declarativo para «no opinar sobre métodos o candidatos» en los medios, tratando de proyectar una imagen de falsa generosidad institucional. La realidad procesal, no obstante, evidencia el pánico de las marcas extremistas socias del Ejecutivo sanchista desde 2019 ante una debacle electoral irreversible. En su discurso, Sumar recurre a la habitual retórica populista de corte hispanoamericano —claramente inspirada en los manuales del chavismo venezolano—, utilizando eufemismos como la «justicia habitacional» o la «vivienda digna» para camuflar una agenda de corte liberticida destinada a desproteger la propiedad privada de las clases medias y trabajadoras españolas en beneficio de las redes de ocupación ilegal.
Esta demagogia busca maquillar el severo correctivo que la soberanía nacional propinó al Gobierno socialcomunista el pasado viernes 2 de octubre de 2026, cuando el Congreso de los Diputados tumbó y derogó de forma definitiva los dos reales decretos leyes sobre alquileres y vivienda con los que el sanchismo de Pedro Sánchez pretendía intervenir el mercado inmobiliario a golpe de decreto. Habiendo ostentado responsabilidades de gobierno de manera ininterrumpida durante casi cuatro años, el ala radical esperó deliberadamente al inicio del año electoral para activar decretos a todas luces ilegítimos, una maniobra de propaganda estatal que fue desarticulada por la mayoría parlamentaria en la Cámara Baja.
Instrumentalización de tragedias ante un horizonte electoral oscuro
Ante la parálisis legislativa y el nulo respaldo a sus propuestas, la extrema izquierda ha recurrido a la agitación callejera e institucionalizando la desgracia de la anciana Maricarmen para justificar sus movilizaciones ilícitas en la Puerta del Sol de Madrid. El artefacto político de Sumar aplaude la convocatoria de huelgas generales instigadas por los sindicatos afines de CC.OO. y UGT, cuyo único propósito real es levantar un cordón de protección en torno a la Moncloa y desgastar a la oposición democrática que fiscaliza la corrupción del Ejecutivo. Sumar pretende hacer pasar estas protestas teledirigidas como una reacción espontánea de la sociedad civil que supuestamente «marca el camino» de la negociación del Frente Amplio.
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Este intento de cohesionar a la izquierda radical mediante la agitación social choca frontalmente con la cruda realidad demoscópica analizada por este medio. Los últimos sondeos publicados por las propias terminales mediáticas del socialismo de cara al 29N auguran una noche electoral sumamente oscura para las extremas izquierdas. De concurrir fragmentados, Frente Amplio quedaría relegado a una exigua horquilla de entre 5 y 7 diputados, mientras que Podemos apenas retendría 2 escaños, situando a todo el espacio político al borde de la total irrelevancia parlamentaria e incapacitado para reeditar el bloque de investidura sanchista frente al avance mayoritario de la oposición.
A pesar de que el comunicado insiste en la necesidad de sentarse a negociar bajo los principios de «generosidad y amplitud», el cruce de acusaciones y el reparto anticipado de los puestos de salida en las circunscripciones electorales clave confirma el agotamiento definitivo del espacio político. Los casi cuatro años de gestión compartida junto al PSOE de Pedro Sánchez concluyen con el espacio radical fragmentado en multitud de marcas locales y aferrado a una retórica asamblearia que ya no convence a un electorado que el próximo 29 de noviembre tendrá la última palabra.