
Mérida (Extremadura) España, jueves 16 de abril de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El texto de 23 folios del Acuerdo de Gobierno de coalición VOX-PP en Extremadura con plazo de cumplimiento para cada medida e iniciativa acordadas entre ambas formaciones políticas.
El candidato electo de VOX, Oscar Fernández Calle; y la candidata del PP a la reelección y presidente del Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola Martín; junto al exsenador y diputado en Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo; han celebrado hoy frente al Parlamento autonómico de Extremadura (Asamblea de Extremadura) para anunciar el Acuerdo de Gobierno de coalición VOX y PP para los próximos 4 años.
Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso a los 23 folios del texto que puede marcar un antes y después en la vida de los compatriotas extremeños.
ACUERDO DE GOBIERNO PP-VOX EXTREMADURA
ÍNDICE
Bases del Acuerdo
Medidas:
1. Energía e industria
2. Sector primario
3. Sanidad
4. Inmigración
5. Rebaja de impuestos
6. Vivienda
7. Seguridad, libertad y prioridad nacional
8. Educación
9. Familia, natalidad y demografía
10. Gasto improductivo
11. Posiciones de VOX en el gobierno.
BASES DEL ACUERDO
Un Gobierno, dos partidos. PP y VOX se dotan de este acuerdo para constituir un Gobierno de coalición único, con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros. Ambas partes se comprometen a actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España. Este compromiso de unidad y confianza mutua no es incompatible, sino al contrario, con el respeto a las diferencias ideológicas, incluso a las distintas sensibilidades personales, que separan a ambos socios de gobierno y a las que las dos partes se comprometen a dar curso con proporcionalidad y normalidad, evitando caer a las provocaciones de quienes buscarán permanentemente erosionar un pacto que nace con vocación de dar estabilidad a Extremadura durante toda la legislatura y cuatro años de progreso, libertad y futuro para la región.
VÍDEO. MÉRIDA, 16 DE ABRIL DE 2026
Compromiso presupuestario de legislatura y optimización del gasto público. PP y VOX se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales que permitan llevar a término en tiempo y forma las medidas del presente acuerdo y aquellas otras que se adopten en el desarrollo de la acción de gobierno, siempre buscando reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos y el gasto superfluo. Asimismo, la Junta velará por la eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos, con el objetivo de que reviertan de forma directa en la mejora de la calidad de vida de los extremeños.
MEDIDAS 1. ENERGÍA E INDUSTRIA
Blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética. Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. De dicha recaudación, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. (Plazo: 1 de enero de 2027).
No obstante lo anterior, en el caso de que el Gobierno de España reduzca la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa ENRESA, ambas partes se comprometen a revisar la decisión al nuevo escenario.
Se pondrá en marcha un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial en Extremadura, mediante el impulso de medidas que favorezcan la competitividad, la simplificación administrativa, el desarrollo de infraestructuras y la generación de empleo, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo y promover el crecimiento industrial y económico de Extremadura. Dicho plan incluirá, necesariamente:
- La liberalización de suelo industrial suficiente y asequible.
- La ampliación, modernización y construcción de polígonos y parques empresariales.
- Incentivos y ayudas públicas a la instalación, renovación o reconversión de actividades industriales.
- Supresión de trabas administrativas para la instalación de actividades industriales. Silencio administrativo positivo como norma y generalización de la declaración responsable.
Plazo: Primeras medidas antes de fin de 2026.
● Redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda. La Junta de Extremadura impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición imprescindible para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico de Red y Demanda que permita anticipar necesidades, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.
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Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas. El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo, empezando por añadir como factores excluyentes o, en su caso, condicionantes del «Mapa de Capacidad de Acogida» de Extremadura todo suelo productivo y con valor agronómico, los terrenos en los que pudiera producirse una afectación del patrimonio natural y las vías pecuarias, garantizando la trashumancia y la conectividad ecológica.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
2. SECTOR PRIMARIO
● Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030. Este Gobierno se compromete a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde. Asimismo, manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños.
Plazo: desde primer día de gobierno.
● Regadío de Tierra de Barros: fin de la estafa y certeza de ejecución. Tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes y de burla a los agricultores, este Gobierno creará una Dirección General de Regadíos que tendrá como cometido principal, irrenunciable y urgente la ejecución total y definitiva del proyecto de regadío de Tierra de Barros, en constante y permanente colaboración y comunicación con los propios regantes mediante una mesa de trabajo. Para ello, se darán de inmediato los pasos necesarios para asegurar la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental y se explorarán todas las posibles fórmulas de financiación, tanto públicas como privadas, regionales, nacionales y europeas, que permitan la viabilidad y la ejecución completa del proyecto, por considerarlo una infraestructura estratégica para el desarrollo agrario y económico de Extremadura.
Plazo: primeras medidas antes de septiembre de 2026.
● Plan regional de modernización de regadíos. Se pondrá en marcha un plan regional de regadíos orientado a la eficiencia en el uso del agua, que incluirá el mantenimiento, actualización y mejora de las infraestructuras existentes, el fomento de sistemas de riego por goteo y tecnologías de ahorro hídrico, así como el apoyo técnico y financiero a las comunidades de regantes, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola.
Plazo: primeros avances antes de fin de 2026.
● Plan de modernización, ampliación y mantenimiento de infraestructuras hídricas. Se llevará a cabo un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras hídricas de Extremadura, incluyendo embalses, presas, canales, estaciones depuradoras y redes de abastecimiento, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua, mejorar la seguridad de las infraestructuras y asegurar el suministro en condiciones adecuadas para la población y los sectores productivos.
Plazo: primeros avances antes de fin de 2026.
● Plan de modernización de caminos rurales. Se llevará a cabo un plan de modernización de caminos rurales -incluidas las vías pecuarias- que contenga una revisión de los criterios actualmente utilizados, para priorizar las acometidas en los municipios que no hayan sido beneficiarios de actuaciones de mejora en sus caminos rurales durante un periodo prolongado y caminos que den acceso a un mayor número de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otros; que incluya la revisión exhaustiva de las restricciones medioambientales que impiden la limpieza y mantenimiento de cunetas y las modificaciones puntuales de trazado necesarias para garantizar la seguridad; la coordinación con las Diputaciones Provinciales; así como garantizar la prioridad de uso de las vías pecuarias para el tránsito ganadero.
Plazo: primeros avances antes de fin de 2026.
● Flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario. En concreto, se deben iniciar los trámites para modificar las siguientes leyes autonómicas y finalizarlos:
- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se seguirá avanzando, en lo posible, en simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en prevención de incendios y mantenimiento de espacios naturales, diferenciando entre las actuaciones con impacto significativo y las de carácter preventivo. Asimismo, se reforzará en tanto se pueda la gestión activa y se mantendrán las garantías ambientales, asegurando su compatibilidad con la normativa estatal y europea y logrando un sistema más equilibrado y eficaz. (Antes de junio de 2027)
- Ley 14/2010 de Caza de Extremadura. La reforma actualizará el marco jurídico para adaptarlo a los retos del medio rural y la gestión de la fauna. Del mismo modo, se reforzará la sostenibilidad y prevención de daños, y se simplificará y digitalizará el sistema, impulsando el valor económico y social del sector. En conjunto, se consolidará la caza como una actividad estratégica compatible con la conservación del medio natural. (Antes de junio de 2027)
- Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura. La reforma modernizará la normativa para adaptarla al sector actual, simplificando trámites y reforzando la pesca deportiva, la acuicultura y la vigilancia frente al furtivismo. Se impulsará el desarrollo económico y la participación del sector. En conjunto, busca una gestión más eficaz y sostenible de los recursos naturales. (Antes de junio de 2027)
- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. La reforma adaptará el marco normativo a la realidad del medio rural extremeño, marcada por la despoblación y el aumento del riesgo de incendios. Se impulsará un modelo de gestión activa centrado en la prevención, los usos tradicionales y la intervención directa. Asimismo, se simplificará la administración y se reforzará la integración entre conservación y desarrollo rural sin reducir las garantías ambientales. (Antes de junio de 2027)
- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. La reforma adaptará el marco jurídico a las necesidades actuales del sector, reduciendo burocracia y reforzando al productor y la explotación familiar. Mejorará la competitividad, la sostenibilidad y el acceso a ayudas, equilibrando protección ambiental y actividad productiva. En conjunto, se favorecerá el desarrollo rural y la fijación de población. (Antes del primer semestre de 2028).
● Simplificación de normativa en Red Natura 2000, Red de Espacios Protegidos y trámites ambientales. Se promoverá la revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, conforme a criterios técnicos, legales y científicos, garantizando en todo caso el respeto a la normativa vigente y a los compromisos de conservación. Se impulsará la simplificación de la normativa aplicable en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos, con el objetivo de compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico, respetando en todo caso la legislación vigente.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Fondo de compensación frente a imposiciones de Bruselas. Se procederá a la creación de un fondo de compensación, ajustado a la legislación vigente, destinado a mitigar el impacto negativo de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de imposiciones normativas, para proteger a nuestros sectores productivos. Plazo: desde primer día de gobierno.
● Mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde. Se mantendrá la supresión de toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad. Asimismo, se mantendrá una posición firme en defensa de los intereses del sector primario frente a políticas comerciales que puedan resultar discriminatorias para los productores de la región. Plazo: en todos los presupuestos.
● Aplicación inmediata del principio de declaración responsable. Se aplicará de forma inmediata el principio de declaración responsable en todos aquellos procedimientos administrativos vinculados al medio rural en los que sea legalmente posible, con el objetivo de simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y agilizar la actividad económica en el entorno rural.
Plazo: antes de fin de 2026.
3. SANIDAD
● Plan de mejora de la sanidad extremeña. Se pondrá en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura, orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles. Dicho plan incluirá:
- Dotación presupuestaria adicional de 500 millones anuales en los presupuestos de 2026 y consolidado en los siguientes. En todos los presupuestos.
- Campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada. Antes de fin de 2026.
- Plan cuatrienal de contratación de 1.500 profesionales adicionales a los existentes en el SES. Antes de fin de 2026.
- Incentivos retributivos para áreas de difícil cobertura e incentivos para tutores MIR,
con aumentos de complemento específico ligado a la permanencia en la misma plaza.
Antes de fin de 2026.
● Equiparación salarial. Se procederá a la equiparación salarial progresiva entre los trabajadores del SEPAD y servicios sociales que tienen la misma categoría sanitaria que los profesionales del SES, que se iniciará con los primeros presupuestos aprobados en la legislatura. Ganarán ellos y ganarán también los extremeños, porque esa diferencia de sueldos suponía también una dificultad para cubrir ciertos puestos.
Plazo: primeros avances en 2027.
● Plan de infraestructuras sanitarias. Se llevará a cabo una planificación que permita mejorar la capacidad asistencial, optimizar los tiempos de atención y garantizar una prestación sanitaria más eficiente y de mayor calidad para los extremeños, basada en criterios de equidad territorial, eficiencia y sostenibilidad, atendiendo especialmente a las zonas con mayor déficit asistencial.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Atención a mayores: más plazas en residencias y centros de día, aumento del presupuesto y concertación de los servicios del MADEX. Se reforzará la atención a las personas mayores mediante el incremento de plazas en residencias y centros de día, el aumento del presupuesto destinado a estos servicios y la ampliación de su concertación, con el objetivo de garantizar una atención digna, accesible y de calidad a quienes han levantado con su trabajo y esfuerzo nuestra nación.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Control etiquetado producto extranjero. Modificación de la ley de Salud Pública de Extremadura, garantizando el cumplimiento estricto del Reglamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo, en el siguiente sentido:
La indicación del país de origen o el lugar de procedencia será obligatoria:
1. Cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente.
2. Cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento y este no sea el mismo que el de su ingrediente principal:
a) se indicará el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente principal de que se trate, o
b) se indicará el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente principal del alimento.
Las sanciones irán en proporción a su gravedad, como vienen definidas en la Ley 7/2011, de 23 de marzo, debiendo analizar las mismas para garantizar el cumplimiento de lo anterior.
Plazo: a lo largo del 2027.
4. INMIGRACIÓN
● No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. La Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura. Plazo: desde el primer día de gobierno.
● Adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos. Los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno de Extremadura instarán al Gobierno de España a adaptar, de forma inmediata a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria.
Plazo: antes de septiembre de 2026.
● Los menores deben estar con sus padres. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.
Plazo: primeros pasos antes de fin de 2026.
● Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible. No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes. Se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente.
Plazo: desde el primer día de gobierno.
● Endurecimiento del régimen disciplinario. La Junta de Extremadura extremará la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Asimismo, se dotarán los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Verificación de edad de los inmigrantes ilegales. Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios.
Plazo: desde el inicio de la legislatura.
● Auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva, con el objetivo de evitar destinar dinero público a organizaciones dedicadas al tráfico de personas tanto en origen como en destino, o que tengan como negocio principal la inmigración. La Junta de Extremadura pondrá el máximo celo en esto y hará pública una auditoría anual que así lo acredite.
Plazo: al final de cada ejercicio.
● Supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal. Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. La Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva. Se procederá a la creación de la Unidad Extremeña de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva como instrumento clave para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales.
Entre sus funciones principales se incluirán la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude.
La Unidad tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados «pisos patera».
Plazo: antes de marzo de 2027.
● Reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal. Se exigirá al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de impedir el uso fraudulento del padrón municipal. En particular, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda —o documentación equivalente— sea considerada nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones. Asimismo, se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales.
Plazo: antes de fin de 2026.
● Prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos. En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia. No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad.
Plazo: antes de fin de 2026.
● Supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. El Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región. Asimismo, mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres.
Plazo: septiembre 2026.
5. REBAJA DE IMPUESTOS
Reducción del IRPF. En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos al final de la misma.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones. Se mejorará el tratamiento fiscal del Grupo III de Parentesco cuando concurra especial vinculación con el causante, con la posibilidad de extender la reducción de 500.000 euros en la base imponible a favor de sobrinos que acrediten afinidad y siempre que el causante no tenga descendientes directos.
Plazo: desde el primer presupuesto.
Reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Se reducirá al 0,5% el tipo para las escrituras públicas que documenten la adquisición de viviendas habituales, siempre que el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros, a favor de contribuyentes que no superen los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta.
Plazo: desde el primer presupuesto.
Reducción general de tasas autonómicas. Se recuperarán de forma inmediata las bonificaciones aprobadas por PP y VOX en la pasada legislatura, restableciendo reducciones del 50% y del 100% en un amplio conjunto de tasas y precios públicos. En particular, se recuperará la gratuidad en servicios que afectan directamente al día a día de los extremeños, como los precios públicos de educación infantil de 0 a 3 años, las licencias de caza y pesca, tasas vinculadas a la dirección y certificación de obras y numerosos servicios administrativos, así como la bonificación del 50% en las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en los supuestos previstos. Plazo: desde el primer presupuesto.
6. VIVIENDA ● Reforma de la Ley 11/2018, de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS). Se procederá a la reforma de la LOTUS con el objetivo general de promover un marco jurídico más flexible, ágil y competitivo que facilite el desarrollo urbano y económico de Extremadura, consolide población en el territorio y favorezca el acceso a la vivienda. Los ejes generales de la reforma serán: la ampliación de oferta, la revisión y reducción de cargas urbanísticas y fiscales, la supresión de trabas administrativas para la instalación de actividades industriales, la aplicación de la declaración responsable como trámite general frente a la licencia y la liberalización del suelo no protegido y agilización de la transformación urbanística.
Plazo: antes del fin de 2027.
Construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas. Se promoverá la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada, con el objetivo de ampliar de forma efectiva el parque de vivienda disponible y dar respuesta a la demanda existente. Estas promociones deberán ejecutarse con criterios de eficiencia, reducción de costes y agilidad administrativa, evitando los cuellos de botella regulatorios que actualmente bloquean el desarrollo de vivienda en Extremadura.
Plazo: antes del fin de legislatura.
Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema incluirá:
– Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler).
– Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. El objetivo es garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de extremeños forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda. A estos efectos, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Extremadura, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región.
– Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc.
– Exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública.
– Eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos.
– De forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior.
● Bajada de los tipos reducidos del ITP y pago a diez años sin intereses. Se procederá a la reducción del tipo de gravamen a familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad y menores de 36 años para la adquisición de su vivienda habitual, con un precio máximo de la vivienda de 200.000 euros y una renta máxima percibida por el contribuyente de 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta. En el ejercicio 2027, se producirá una primera rebaja de los tipos reducidos hasta llegar al 3,5%, continuando con la rebaja hasta llegar al 3% antes del final de la legislatura.
Ante las restricciones de la normativa estatal relativas al aplazamiento y fraccionamiento de pago en tributos cedidos, se propone, por un lado, crear una nueva línea en AVANTE, con la que cubrir el coste total de financiar el pago del impuesto durante 10 años, para una vivienda de precio máximo de 200.000 euros, adquirida por una familia numerosa, monoparental, menores de 36 años y personas con discapacidad, y, por otro, la bonificación del 100% de las comisiones e intereses devengados.
De forma paralela, se acuerda el impulso y apoyo de una proposición de ley en las Cortes Generales al objeto de modificar el régimen jurídico del aplazamiento y fraccionamiento aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales con el fin de posibilitar el fraccionamiento del importe para la adquisición de vivienda destinada a domicilio habitual hasta 10 años.
Plazo: desde el primer presupuesto
Nueva línea de avales públicos para familias numerosas. Se establecerá un sistema de avales públicos dirigido a familias numerosas, sin límite de edad de los compradores, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y apoyar la estabilidad y el desarrollo de los proyectos familiares. Se avalará hasta el 15% para lograr hipotecas de hasta el 95% de tasación/compra. Asimismo, se continuará con el sistema de avales ya vigente para jóvenes de hasta 36 años.
Plazo: desde el primer presupuesto.
Deducción autonómica en el IRPF. Se establecerá una deducción autonómica en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual destinada a jóvenes menores de 36 años, residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con especial atención a aquellos que se establezcan en zonas rurales afectadas por altos índices de despoblación, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y contribuir al equilibrio territorial.
Plazo: desde el primer presupuesto.
Impulso del alquiler estable y asequible mediante incentivos fiscales. Se impulsará el acceso a un alquiler estable y asequible mediante el establecimiento de incentivos fiscales dirigidos a propietarios e inquilinos, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en alquiler, favorecer la estabilidad residencial y garantizar precios más accesibles para que los extremeños puedan acceder a la vivienda y emprender sus proyectos familiares. Plazo: desde el presupuesto de 2027.
Rehabilitar vivienda para destinarla a alquiler asequible. Se impulsarán medidas de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, mediante el establecimiento de una deducción fiscal en el IRPF autonómico del 15% sobre las inversiones realizadas, con el objetivo de incrementar la oferta disponible, mejorar la calidad del parque inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles. Plazo: desde el presupuesto de 2027.
7. SEGURIDAD, LIBERTAD Y PRIORIDAD NACIONAL
Aplicación firme del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal. Se exigirá la aplicación y sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se desarrollarán mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas para garantizar la efectividad real de estos procedimientos y evitar dilaciones que perpetúen situaciones de ocupación ilegal.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal. Mediante convenios con los Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma, se garantizará el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, tanto en supuestos de usurpación como de allanamiento de morada. Este apoyo incluirá asistencia legal, acompañamiento institucional y, en los casos más graves, medidas de apoyo habitacional y social para las víctimas que vean vulnerados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vivienda y a la intimidad.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá:
- Establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
- Vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.
- Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
- De forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior.
Plazo: desde el inicio de la legislatura.
● Refuerzo de las rutas, frecuencias y horarios del transporte público. Se reforzarán las rutas, frecuencias y horarios del transporte público en Extremadura, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su centro sanitario, educativo o a los servicios sociales en un tiempo máximo de 60 minutos, promoviendo así la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales.Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
● Promoción de la concordia en Extremadura. Se alineará la política de subvenciones, los contenidos educativos y las iniciativas institucionales con los principios de concordia, reconciliación y unidad recogidos en la nueva Ley de Concordia. Asimismo, se impulsarán actuaciones de protección, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda, incluyendo la tramitación para la declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres.
Plazo: desde el primer día de gobierno.
8. EDUCACIÓN
● Homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños. Se impulsará un proceso de homologación salarial progresiva para los docentes de Extremadura, con el objetivo de equiparar sus retribuciones a la media nacional, reconociendo su labor, mejorando sus condiciones profesionales y contribuyendo a la calidad del sistema educativo, así como a la retención y atracción del talento docente en la región.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años. Se completará la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, con la incorporación de 0 a 1 años a partir del curso escolar 2026- 2027.
Plazo: desde septiembre de 2026.
● Prioridad producto español en comedores públicos. Priorización de los productos de proximidad y de origen Extremadura y España. La Junta de Extremadura debe proteger y priorizar los alimentos producidos en España y valorar realmente el esfuerzo que hay detrás de su producción.
Por tanto, se debe establecer que:
Para optar al concurso público de adjudicación de servicios de restauración en comedores escolares y públicos, se considere como requisito de valoración determinante y con un peso fundamental que el 100% de la utilización de productos sea de proximidad.
Estas medidas fomentarán que las bebidas, frutas, legumbres, hortalizas, pescados, carnes y demás productos alimenticios producidos y generados en territorio nacional reciban el reconocimiento que precisan, y que todos sus productores vean asegurado que su trabajo y sacrificio es valorado y protegido por las entidades y administraciones públicas, además de proteger a los consumidores de la indefensión que padecen frente al uso de fitosanitarios prohibidos en España y que son utilizados en países extracomunitarios.
Plazo: próxima licitación.
● Climatización de los colegios e institutos de Extremadura. Se impulsará la climatización y eficiencia energética de los centros educativos de Extremadura, incluyendo colegios e institutos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de confort térmico, reducir el consumo energético, favorecer el rendimiento académico y asegurar entornos de aprendizaje seguros y de calidad.
Plazo: antes de fin de 2026.
9. FAMILIA, NATALIDAD Y DEMOGRAFÍA
● Incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad. Aprobaremos una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos que permitirá deducir 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo, y 1.200 euros por el tercero y siguientes. Esta deducción resultará de aplicación en el período impositivo en que dicho nacimiento o adopción se produzca y en los dos años siguientes.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Más deducciones fiscales para el material escolar. Se ampliarán las deducciones fiscales destinadas a la adquisición de material escolar, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias españolas y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Nueva ley de familia. Se aprobará una ley de familia con el objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas y con personas dependientes, incluyendo medidas de apoyo en conciliación, vivienda, transporte y educación, además de rebajas fiscales.
Plazo: antes de fin de 2028.
10. GASTO IMPRODUCTIVO
● Auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos. La Junta de Extremadura asume el compromiso de revisar de manera continua y exhaustiva el destino de los recursos públicos, mediante la realización de auditorías periódicas, con el objetivo de identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación. Esta actuación se orientará en todo momento a garantizar una gestión eficiente, responsable y alineada con el interés general de los extremeños.
Plazo: al final de cada ejercicio.
● Reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública. Se procederá a la reducción al 50% de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los extremeños.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Acreditación de la utilidad efectiva de las ayudas públicas recibidas. El acceso a cualquier tipo de subvención pública quedará condicionado a la previa justificación del destino y uso de las ayudas públicas recibidas con anterioridad, así como a la acreditación de su utilidad efectiva, garantizando en todo caso la transparencia y la adecuada aplicación de los recursos públicos.
Plazo: desde el primer presupuesto.
● Reducción al mínimo legal de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo. La Junta reducirá los recursos destinados a cooperación internacional al desarrollo al mínimo imprescindible para cumplir con las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente. En cualquier caso, se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine.
Plazo: desde el primer presupuesto.
11. POSICIONES DE VOX EN EL GOBIERNO DE EXTREMADURA
● Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Se crea una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encargada de eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades, y velar por la eficiencia presupuestaria. Asimismo, se adscriben a la misma las competencias en materia de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al Desarrollo.
● Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Se adscriben a la misma las competencias en materia de agricultura y ganadería, las de la PAC, las de regadíos e infraestructuras rurales, y las de caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.
● Senador por designación autonómica.



