Redacción.- Alicante (España), viernes 13 de enero de 2023. Propuesta de enmienda a la totalidad, para su devolución al equipo de gobierno municipal, del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y de la Plantilla del Personal del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos del año 2023.
El portavoz del Grupo Político Vox Alicante, don Mario Ortolá Martínez, y el concejal del mismo grupo don José Juan Bonet Durá, en cumplimiento del plazo otorgado para la presentación de enmiendas al proyecto de Presupuesto General dispuesto en el artículo 168.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y en virtud de lo dispuesto en los artículos 105 y 176 del mismo, así como en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de la Ley de las Haciendas Locales registran, para su debate y votación, la siguiente propuesta de enmienda a la totalidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I. Implantación de una Zona de Bajas Emisiones por parte del equipo de gobierno municipal que va en contra de los intereses de los alicantinos, que atenta contra su libertad y pone en riesgo el futuro económico de Alicante.
En este punto, cabe destacar los siguientes elementos:
PRIMERO.- Falta de información a los alicantinos. La implantación de una Zona de Bajas Emisiones, cuya principal herramienta es la restricción de acceso a una determinada parte de la ciudad a vehículos considerados contaminantes, supondrá un gran impacto en el día a día de los alicantinos, tanto como residentes de la zona afectada como autónomos y pequeños empresarios cuyos negocios están ubicados en la misma.
A pesar de ello, por parte del equipo de gobierno municipal se ha obviado una parte esencial dentro de la actuación política que debiera conllevar una decisión de tan importante calado como es la realización de campañas de información acerca de la Zona de Bajas Emisiones diseñada y proyectada por el equipo de gobierno. Y todo ello no solo por una cuestión de transparencia sino también y principalmente en referencia a la necesidad de informar a los alicantinos de todas las cuestiones que significarán recortes drásticos de libertades de movimiento con sus vehículos en las calles de sus barrios como han disfrutado hasta ahora y el impacto económico que supondrá el hecho de estar obligados a adquirir vehículos no contaminantes o la propia imposición de multas por infracción de circulación por entrada en la Zona de Bajas Emisiones.
Desde el grupo que suscribe y en base a la comparativa en materia de publicidad que se ha realizado con otros proyectos llevados a cabo por el mismo equipo de gobierno municipal, se entiende que esta falta de información obedece a una previsión de impacto electoral negativo en base a la planificación e implantación de dicha Zona de Bajas Emisiones, habida cuenta de que las próximas elecciones municipales se celebrarán en mayo de este año 2023.
Así, a fecha de registro, no se han celebrado reuniones con vecinos, comerciantes ni hosteleros de las zonas afectadas, siendo la única actividad informativa a estos efectos visitas el alcalde a grandes cadenas distribuidoras con centros en Alicante como son Amazon y Mercadona. Dejando a un lado el hecho de que estas grandes empresas son competencia directa del pequeño comercio afectado por la Zona de Bajas Emisiones, es obvio que cuentan con una capacidad económica suficiente para adquirir vehículos eléctricos para el reparto de productos, no así la mayor parte de los autónomos y pequeños empresarios afectados, tanto del sector de la distribución de mercancías como de otros sectores económicos.
La opacidad en su planificación y previsión de ejecución, a pesar de incluirse en el Proyecto de Presupuesto General, una partida denominada «Implantación Zona Bajas Emisiones Anillo Gran Vía» con un importe previsto de 2.059.236,17 €, genera una incertidumbre inasumible para los vecinos, trabajadores, comerciantes y hosteleros de la zona afectada.
SEGUNDO.- Elevado impacto social y económico de la Zona de Bajas Emisiones. La imposición radical de restricciones al tráfico rodado de vehículos considerados «contaminantes» conllevará ineludiblemente un importante impacto en el día a día de los alicantinos. Acciones tan cotidianas como trasladarse de un punto a otro de la ciudad para realizar tareas esenciales como llevar a los hijos al colegio, acudir al puesto de trabajo, realizar compras o visitar a familiares o amigos estarán directamente condicionadas por la prohibición de acceso a vehículos considerados contaminantes, esto es, a la mayor parte del parque móvil alicantino y del resto de España.
El coste social de la Zona de Bajas Emisiones que está implantando el equipo de gobierno municipal es crítico y atenta directamente contra la libertad de movimiento de los alicantinos y los turistas que cada año acuden a nuestra ciudad. Se trata, de facto, de un nivel de intervencionismo social contrario a la necesidad y obligación que tienen las administraciones públicas de mantener y ampliar el abanico de libertades individuales de las que gozamos los ciudadanos. En este caso el Ayuntamiento de Alicante, con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, lo que va a conseguir es dificultar en gran medida la vida diaria de las familias y profesionales produciéndoles un perjuicio grave para el que no es posible establecer reparo alguno.
Por otro lado, el impacto económico de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones del equipo de gobierno municipal va a condenar el presente y el futuro económico tanto de familias como de profesionales. El equipo de gobierno municipal obvia la terrible situación económica que sufren familias y pequeñas empresas fruto de la gestión ilegal de la pandemia de covid 19 por parte de los gobiernos central y autonómico de la Comunidad Valenciana que supuso meses de cierres totales y parciales arbitrarios de negocios así como la inmersión en un proceso inflacionista que afecta a los precios de bienes tan necesarios como la alimentación, la energía, la ropa, el agua o el combustible, entre otros. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones ahondará aún más en esa crisis económica dificultando la viabilidad de los negocios más golpeados por la gestión ilegal del covid 19 y la inflación como son el pequeño comercio y la hostelería.
TERCERO.- Aumento de las desigualdades. Otro de los efectos dañinos de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones por parte del equipo de gobierno municipal es el aumento de la desigualdad económica en Alicante. Con independencia del recorte general de libertades, a nivel económico serán los ciudadanos, familias o negocios con una alta capacidad económica los que se vean menos afectados por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ya que las restricciones no afectarán a los vehículos eléctricos o híbridos que actualmente tienen un coste medio aproximado de 40.000 euros, obligando a los alicantinos, familias y negocios que no puedan hacer frente a tal desembolso a optar por el transporte público, al patinete y a la bicicleta -con la dificultad que ello conlleva para las familias con niños pequeños o personas mayores o con discapacidad, principalmente- o bien a hacer frente a las multas que les serán impuestas por infringir la normativa climática en Alicante.
Reza el artículo 9 de la Constitución Española, en su apartado segundo, que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Resulta obvio, por tanto, que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que obliga a adquirir, si se quiere proseguir con la rutina habitual, determinado vehículo por un alto coste en plena crisis inflacionista y tras dos años de restricciones ilegales al derecho y a la libertad de trabajar lo único que va a conllevar es incumplir, por la vía de los hechos, dicho mandato constitucional a los poderes públicos entre los que se incluye, como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Alicante.
CUARTO.- En el ámbito económico, la Zona de Bajas Emisiones planteada por el equipo de gobierno afecta prácticamente en exclusiva a autónomos y pequeños empresarios. El mapa de la planificación de la Zona de Bajas Emisiones, dispuesta en “dos anillos”, conlleva una situación muy grave que provoca un desagravio al pequeño comercio y a la hostelería ubicada en la zona afectada como es el establecimiento de un área que parte de la Avenida Gran Vía (segundo anillo) hacia el centro (primer anillo) que deja fuera de cualquier tipo de restricción a los grandes centros comerciales de la ciudad de Alicante y su entorno. Asimismo, ni el CC. Puerta de Alicante, ni el CC. Gran Vía, ni el CC. Plaza Mar 2, ni el CC. Isla de Corfú ni mucho menos otros más alejados como los situados en la Playa de San Juan y en San Vicente ni sus entornos se ven afectados por el área determinada como Zona de Bajas Emisiones.
Este aspecto, además de ahondar aún más en las dificultades económicas, administrativas y políticas que sufre el pequeño comercio y la hostelería alicantina, se trata de un elemento distorsionador de cualquier tipo de equilibrio que exista o pueda existir entre el consumo en pequeño comercio y hostelería y en las grandes áreas comerciales. La prohibición de que los alicantinos o las familias que visiten nuestra ciudad accedan a la Zona de Bajas Emisiones si disponen de un vehículo considerado contaminante que es, casualmente, donde se ubica la mayor parte del tejido comercial de pequeño o mediano tamaño de Alicante, llevará ineludiblemente a la pérdida de consumo en dichos comercios en beneficio de las grandes áreas comerciales a las que se podrá acceder con cualquier tipo de vehículo.
Así, el hecho de imponer este tipo de restricciones arbitrarias va a suponer un perjuicio muy importante al comercio tradicional y a la hostelería local y choca frontalmente con cualquier tipo de política de dinamización comercial del pequeño comercio que se haya podido llevar a cabo o que se tenga pensado abordar en un futuro. Es, con mucho, una decisión política contraria a los intereses legítimos de unos comerciantes y hosteleros a los que, como se ha hecho referencia en el punto primero, ni se les ha informado ni se les ha expuesto el proyecto.
QUINTO.- Arbitrariedad en la determinación de la Zona de Bajas Emisiones aprovechando la indeterminación legal. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, es la primera norma en la que se determina la necesidad de imponer una Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, ni esta ni el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones -que desarrolla la Ley- determina ninguna regulación específica acerca de la extensión y configuración de las zonas de bajas emisiones, dejando al arbitrio de los ayuntamientos la planificación y ejecución de las mismas.
En el caso del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones del equipo de gobierno municipal, es obvio el exceso de área regulada por las restricciones de acceso, habida cuenta de que abarca, con creces, la mayoría de la superficie del núcleo urbano de Alicante, abarcando a la mayoría de la población que reside en él. Como ya se ha referido, la legislación aplicable en ningún caso obliga a una superficie mínima, simplemente obliga a tener una zona con restricciones y determinadas actuaciones como eliminación de plazas de aparcamiento, carriles bici, etc. El diseño por el que ha optado el gobierno municipal es altamente restrictivo y, por ende, incurre en un exceso innecesario e injustificado en las restricciones de acceso a gran parte de la ciudad a los vehículos considerados contaminantes. No solo se trata de una norma injusta y elaborada en base a una falsedad como es la denominada «emergencia climática» sino que, además, su ejecución en la ciudad de Alicante será desproporcionada y una de las más restrictivas, por medidas y por superficie afectada, de España.
A mayor abundamiento y siendo algo esencial, hemos de referirnos a la consideración de que ni la citada Ley ni el Real Decreto que la desarrolla imponen ningún tipo de sanción a los municipios que incumplan con el mandato legal por lo que no se estaría en riesgo de sufrir consecuencia jurídica o económica alguna para el Ayuntamiento de Alicante.
SEXTO.- Inexistencia de niveles de contaminación que justifiquen la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante. A pregunta realizada por el grupo político que suscribe en la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre del año 2021 acerca de la Zona de Bajas Emisiones, el concejal delegado del área de Medio Ambiente, D. Manuel Villar, aseguró que en Alicante «no tenemos problemas de contaminación». Teniendo en cuenta dicha afirmación, aún se hace mucho más difícil la justificación de la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Alicante y mucho menos la proyectada por el equipo de gobierno municipal con una superficie afectada desproporcionada y que no solo restringe libertades individuales sino que conllevará un elevado y negativo impacto para vecinos, autónomos y pequeños empresarios.
SÉPTIMO.- Conclusiones. Desde el Grupo Político Vox Alicante consideramos de extrema gravedad la implantación de la Zona de Bajas Emisiones del equipo de gobierno municipal, siendo contrario a cualquier tipo de restricción de libertades y ataque a la viabilidad económica de familias y negocios como son aquellas que se llevan a cabo para «luchar contra la emergencia climática». Este postulado, de afianzado corte ideológico, está causando graves prejuicios a los españoles y, por ende, también a los alicantinos. Las políticas energéticas de cierre de centrales nucleares, la prohibición de exploración y extracción de combustibles fósiles, minerales o gas natural y la denominada «fiscalidad verde» es causante de gran parte del proceso inflacionista que mantiene a las familias y empresas españolas en crisis por el constante aumento de los precios de la energía, las materias primas y el transporte.
La Zona de Bajas Emisiones de Alicante es otra medida más de esta política ruinosa y que hipoteca el presente y el futuro de los ciudadanos. El hecho de prohibir circular con coches considerados como «contaminantes» por los mismos que han diseñado de forma falaz la teoría de la «emergencia climática» es un ataque a la libertad individual y, como se ha reiterado en diversas ocasiones, supone un quebranto económico y social. La realidad es que quien pueda permitirse la adquisición de un coche híbrido o eléctrico podrá transitar y trabajar con normalidad en Alicante y quien no quiera o no pueda gastarse una cantidad que ronda los 40.000 euros será considerado como un «mal ciudadano» y deberá cambiar su día a día para no ser multado, adaptándose a los postulados de la Agenda 2030 que favorece a los más ricos en detrimento de las clases medias y trabajadoras. A nadie se le escapa que es inviable que lo que hoy se hace con un coche, en la mayoría de las ocasiones, no se puede realizar con el transporte público, en patinete o en bicicleta.
Además de suponer una imposición injustica y perjudicial, la Zona de Bajas Emisiones de Alicante es inviable por existir en el núcleo urbano un importante déficit de aparcamientos públicos que sustituyan la prohibición de estacionar en la calle -por prohibición de circulación o por la eliminación de plazas de aparcamiento en vía pública. Cualquier alicantino puede comprobar que tanto en horario de mañana como en fin de semana -agravándose en gran medida en temporada alta turística y Navidad- los aparcamientos públicos están llenos. Este hecho agravará aún más la caída del consumo en el comercio y en la hostelería del centro de la ciudad, trasladándose parte de los clientes potenciales a otras zonas como las grandes áreas comerciales que quedan todas fuera de regulación e, incluso, a otros municipios colindantes.
El Proyecto de Presupuesto General que mediante el presente escrito se pretende devolver al equipo de gobierno municipal está encaminado a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y esta es, quizá, la decisión política más importante a la que se enfrenta la ciudad en las últimas décadas por el alto impacto social y económico que va a tener sobre la vida de los alicantinos. Desde el Grupo Político Vox Alicante nos oponemos firmemente a la implantación de estas restricciones contrarias a los intereses de los alicantinos y nuestra obligación principal es la defensa de los mismos. Estos presupuestos son los presupuestos del «Alicante Central» del Partido Popular y Ciudadanos y su implantación viene a refrendar las disparatadas teorías de los «gurús climáticos» por las que se afirma que el ciudadano medio, trabajador y con un coche normal -la antigüedad media del parque móvil nacional ronda los 13 años- es el culpable de la existencia de huracanes, volcanes, terremotos e inundaciones y, en último término, la extinción de la especie humana y la desaparición del planeta Tierra y que, por ello, debe sucumbir y renunciar a la libertad de circulación por la que es su ciudad, Alicante, que carece de contaminación, y cuyo mantenimiento sufraga vía impuestos. Por todo lo expuesto, desde Vox nos oponemos a cualquier medida tendente a la búsqueda de la ruina de Alicante y de los alicantinos y, por ello, nos oponemos a este proyecto de presupuestos.
II. Inexistencia de reducción real de la presión fiscal que sufren los alicantinos.
Los alicantinos, al igual que el resto de españoles, están sufriendo las consecuencias de las nefastas políticas económicas y sociales del Gobierno de Pedro Sánchez. Este, aprovechando la pandemia de covid 19, aplicó dos estados de alarma declarados inconstitucionales por dos sentencias del Tribunal Constitucional de los meses de julio y octubre de 2021, respectivamente, tras sendos recursos de inconstitucionalidad de Vox. Estos estados de alarma supusieron el cierre arbitrario durante meses de prácticamente toda la actividad económica de la Nación, cortando radicalmente la fuente de ingresos de millones de familias españolas y, lo que es si cabe más grave, sin otorgarles ningún tipo de indemnización por ello.
La crisis económica iniciada con esa gestión ha venido agravándose de forma grave y continua lo que ha dado lugar a una inflación que ha llegado a situarse por encima del 10% y que actualmente continua con la asfixiante cifra del 6%. Esto conlleva un aumento de los precios insoportable para las familias en productos esenciales como la alimentación, la energía, la ropa o el combustible, entre otros.
Es en estos momentos de crisis para las familias, autónomos y pequeños empresarios cuando las administraciones públicas deben redoblar los esfuerzos en reducir la presión fiscal sobre ellos además de afrontar la consecuente eliminación del gasto político prescindible, facilitando la tranquilidad de los alicantinos y la prestación de los servicios públicos necesarios.
Sin embargo, este proyecto de presupuestos no asume esta obligación de las administraciones públicas y no se refleja en él ningún esfuerzo especial de la institución que favorezca el día a día de los alicantinos en estos momentos de zozobra e incertidumbre en tantos hogares y pequeños negocios.
En base a ello, podemos hacer referencia a los siguientes elementos:
PRIMERO.- Mantenimiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El 20 de abril de 2022 tuvo lugar la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, «plusvalía municipal») por la que se modifica el método de cálculo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por Sentencia de fecha 26 de octubre de 2021 y su sustitución por el aprobado por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Se ha de recordar que esta modificación se aprobó por 27 votos a favor y los 2 en contra de los concejales que suscriben.
Esta modificación fue impulsada por el equipo de gobierno municipal, compuesto por los grupos del Partido Popular y Ciudadanos y ello resulta sorprendente ya que fue el propio Partido Popular -al igual que Vox- quien, en el mes de enero de 2022 y aprovechando la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, propuso en el Congreso de los Diputados la eliminación del impuesto de plusvalía municipal con el argumento de que «la voluntad de esta rebaja fiscal, que deberá extenderse a otras figuras de nuestro marco tributario, es la de avanzar hacia un entramado impositivo menos intenso, que beneficie al conjunto de los ciudadanos y, muy particularmente, a aquellos con rentas más bajas».
El artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que enumera los impuestos obligatorios y potestativos para los ayuntamientos, incluyendo la plusvalía municipal en esta segunda categoría. Por tanto, en este proyecto de presupuestos se aplica la previsión de unos ingresos provenientes del impuesto de la plusvalía municipal que existe por voluntad del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Compromís y Podemos, grupos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Alicante que votaron a favor de tal modificación. No existe, por tanto, obligación legal alguna que impone la existencia de este impuesto que es injusto y claramente confiscatorio.
En lo que respecta a los ingresos previstos por la plusvalía municipal, se ha presupuestado para el ejercicio 2023 una cuantía de 10.100.000,00 euros, es decir, 400.000,00 euros más que la cantidad prevista en el presupuesto general del ejercicio 2022 (+4,12%). Desde el Grupo Político Vox no podemos sino rechazar la existencia de un impuesto calificado por el propio Partido Popular como «injusto» pero que, sin embargo, ha blindado modificando el método de cálculo e incrementando la previsión de ingresos del mismo.
SEGUNDO.- Rechazo de la iniciativa de Vox para la reducción al mínimo legal el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. A diferencia de lo que ocurre con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el artículo 59.1 de la Ley de Haciendas Locales determina que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (en adelante, «impuesto de circulación») es un impuesto de carácter obligatorio para los ayuntamientos. Sin embargo, el artículo 95 de la misma Ley que regula la cuota tributaria del impuesto determina que se aplicará un importe mínimo en función del tipo de vehículo y la potencia y que los ayuntamientos podrán aumentar dichos importes aplicando un coeficiente multiplicador que en ningún caso pueda ser superior a 2. Se ha de reseñar que el coeficiente medio que se aplica en el Ayuntamiento de Alicante ronda el 1.6, es decir, prácticamente el total del margen de discrecionalidad municipal que permite la Ley.
Teniendo en cuenta esto, el grupo político que suscribe tramitó, conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno, propuesta normativa para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el sentido de eliminar el coeficiente aplicado por la misma para la cuota tributaria. Ello se realizó en un contexto -que hoy perdura- de subida inasumible del precio de la gasolina y del diésel y que llegó a situarse durante meses por encima de los 2,10 €/l. y con el objetivo de aliviar la presión fiscal y de precios que sufren los propietarios de vehículos cada vez que repostan combustible. La propuesta normativa, tras ser admitida a trámite por la Junta de Gobierno Local, fue rechazada en Comisión de Hacienda y posteriormente en Pleno por 27 votos en contra y 2 votos a favor -los dos concejales del grupo proponente-.
El hecho de que en el proyecto de presupuestos no se contemple reducción fiscal alguna en el impuesto de circulación y que se mantenga la plusvalía municipal, ambos impuestos que afectan a la generalidad de los alicantinos con independencia de su renta, dista mucho de la postura del Grupo Político Vox acerca de la necesidad de seguir reduciendo la presión fiscal que padecen los ciudadanos. De hecho, a pesar de estar inmersos en una situación de crisis económica, no se contempla ninguna reducción fiscal en ningún tipo de tributos. Este grupo, a lo largo de todo el mandato, ha votado a favor de todas aquellas propuestas de reducción fiscal impulsadas por el equipo de gobierno municipal y entendemos que a lo largo de 2022 y en la confección del presente proyecto de presupuestos se ha perdido una oportunidad de aliviar, en la medida de lo posible, las dificultades económicas por las que pasan tantas familias en Alicante.
TERCERO.- Aumento injustificado en la previsión de ingresos en tasas y en multas y sanciones. Tal y como se detalla en la página 8 del Informe de Intervención que se adjunta en el expediente del Proyecto de Presupuesto General, nos encontramos, respecto a determinados ingresos, un aumento considerable sin que se aporte justificación alguna. Dentro de este hecho, cabe destacar el gran aumento de la previsión de ingresos por “otras multas y sanciones”, que se incrementa en 270.000 euros, esto es, un 27,02% sobre la media de los derechos reconocidos en los últimos tres ejercicios.
Al igual que sucede con los impuestos, las tasas tampoco sufren reducción alguna en la previsión de ingresos. Es más, el importe global de ingresos por tasas pasa a ser de 45.953.933,02€, esto es, un 8,89% más de recaudación. Entre los aumentos que marcan este incremento se puede destacar que los ingresos por “tasa por servicios de auto-grua” crece un 20,57% y que «otras multas y sanciones» aumenta en términos absolutos un 48,21%.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Político Vox Alicante solicitamos que el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y de la Plantilla del Personal del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos del año 2023 sea devuelto al equipo de gobierno municipal para su reelaboración teniendo en cuenta lo expuesto en el presente escrito.
Fdo. D. Mario Ortolá Martínez, Portavoz Grupo Político Vox Alicante
Fdo. D. José Juan Bonet Durá, Concejal Grupo Político Vox Alicante
