Texto íntegro Moción de Censura de VOX contra el Gobierno de coalición comunista de Sánchez e Iglesias

Lasvocesdelpueblo
FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 29.09.2020. Ignacio Garriga Vas, el diputado de VOX por Barcelona al Congreso de los Diputados, candidato de VOX a las elecciones a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, quien es el encargado de presentar la Moción de Censura de VOX contra el Gobierno de coalición comunista del presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE) y vicepresidente Pablo Manuel Iglesias Turrión (Unidas Podemos), firma la Moción de Censura, junto a sus compañeros Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (c), y Santiago Abascal conde, el candidato de la Moción de Censura de los verdes a la Presidencia del Gobierno del Reino de España y presidente de VOX. «Hoy firmando la Moción de censura contra el peor Gobierno en el peor momento; responsable de la muerte y ruina de miles de compatriotas. Dispuesto a dar voz a millones de españoles», asegura el candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Ignacio garriga Vas. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

Congreso de los Diputados, XIV Legislatura. Madrid, Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020. Grupo Parlamento VOX. A la Mesa del Congreso de los Diputados. Los Diputados que suscriben, pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), tienen el honor de dirigirse a esa Mesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para proponer al Congreso de los Diputados que exija la responsabilidad política del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mediante la adopción de la presente Moción de Censura, que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno de España a D. Santiago Abascal Conde, y se fundamenta en los siguientes motivos:

I. De la constitución del actual Gobierno social comunista mediante fraude al electorado español y su dependencia de las fuerzas políticas separatistas. El Gobierno de España presidido por D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un Gobierno legal pero ilegítimo en la medida en que su conformación ha tenido lugar mediante fraude al electorado español. Este Gobierno social comunista nace de un fraude electoral: el actual Presidente ha conseguido la confianza de los votantes del PSOE y los apoyos necesarios para su investidura incumpliendo las líneas rojas que, durante las sucesivas campañas electorales celebradas durante el año 2019 -y con anterioridad-, prometió al electorado que jamás transgrediría.

Así, el 20 de septiembre de 2019 D. Pedro Sánchez llegó a reconocer en una entrevista en televisión que no dormiría tranquilo en caso de que tuviera que gobernar junto a Unidas Podemos: “El problema de un Gobierno de coalición sería que tenía que haber aceptado que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país fuera del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería presidente del Gobierno, y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos”.

Durante el debate electoral celebrado en televisión apenas una semana antes, D. Pedro Sánchez ya había reconocido tener una “discrepancia de fondo” con el Sr. Pablo Iglesias sobre Cataluña que le impedía llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Manifestaba entonces el actual Presidente del Gobierno: “El señor Iglesias defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir en dos la sociedad catalana. Unidas Podemos defiende que hay presos políticos en España y no puedo aceptar eso.

En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática”. La promesa de no ascender a La Moncloa al régimen comunista y de extrema izquierda que representa Unidas Podemos se había formulado públicamente por D. Pedro Sánchez ya en el año 2014 cuando, en el curso de una entrevista en televisión, prometió que nunca pactaría con el “populismo”: “Ni antes, ni después, el partido socialista va a pactar con el populismo.

El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad”. A partir de dicha entrevista, el líder del PSOE repetiría una y otra vez que no pactaría con el partido liderado por el Sr. Pablo Iglesias: “Ni antes, ni durante, ni después”. Tal es la promesa que trasladó al electorado español cuando, durante los sucesivos procesos electorales celebrados en 2019, pedía el voto a favor del PSOE.

Y tal es la promesa que consciente y deliberadamente quebrantó cuando, luego de las elecciones generales de noviembre de 2019, tan sólo 24 horas después de su celebración, anunció un acuerdo de coalición con Unidas Podemos para conformar una candidatura a la Presidencia del Gobierno de España de la que, pese a lo prometido al electorado, el Sr. Pablo Iglesias y la izquierda radical formarían parte. El Sr. Sánchez Pérez-Castejón mintió. Como mintió cuando prometió a los españoles que nunca permitiría que la gobernabilidad de España descansara en los partidos separatistas que si tienen un denominador común es, precisamente, su odio hacia España. En tal sentido se pronunció en el Congreso de los Diputados el actual Presidente del Gobierno, en el año 2016: «Lo digo claramente. A mí nada más me gustaría que hubiera un Gobierno de izquierdas en este país, pero no engañemos a la gente. No engañemos a la gente. No hay mayoría», afirmaba. «Se refería a una reunión el señor Rajoy entre el PSOE, el grupo de Podemos, En Común-Podemos, las mareas y también Compromís y Unidad Popular. ¿Sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones de derecha o centro-derecha representan 163 escaños, como mínimo.

Yo lo he dicho en privado, y también lo he dicho en público. Y lo digo aquí para que conste en acta: Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas». «Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar», repetía insistentemente el Sr. Pedro Sánchez en una entrevista en la televisión navarra. Una negativa rotunda que el líder socialista reiteró durante los procesos electorales de 2019.

A pesar de ello, el PSOE gobierna en la Comunidad Foral de Navarra gracias a la abstención de EH Bildu, previa concesión, entre otras ignominias, de la expulsión de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de dicho territorio. Y la investidura del Sr. Sánchez como Presidente del Gobierno consiguió los apoyos necesarios gracias también a la abstención en el Congreso de los Diputados de la formación que integra en sus filas a terroristas condenados y es heredera política de la organización terrorista ETA. Desde entonces, la influencia de EH BILDU sobre el Gobierno social comunista y la gobernabilidad de España no ha hecho más que incrementarse “Hoy es el día en el que tras décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca resulta que estamos aquí, condicionando el Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba”, reconocía abiertamente la portavoz de EH BILDU en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de septiembre.

TEXTO PDF. Madrid, 29.09.2020

La traición absoluta del actual PSOE a las Víctimas del terrorismo y a su Memoria se ha consumado con la derogación de la política penitenciaria de dispersión de los terroristas que cumplen penas de prisión, siendo así que, como reconociera el Ministro del Interior en sede parlamentaria el pasado 9 de septiembre, a dicha fecha, el actual Gobierno social comunista ha acercado a cárceles próximas al País Vasco o ha concedido progresiones de grado a 90 etarras condenados (en 2019 el total de la población reclusa etarra que cumplía penas en cárceles españolas era de 220). Con posterioridad, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, se ha ordenado el acercamiento de otros 5 etarras (entre ellos, quien fuera condenada por el asesinato, en noviembre de 2000, del ex Ministro socialista Ernest Lluch, Lierni Armendáriz, que ha sido privilegiada, adicionalmente, con una progresión de grado penitenciario) por lo que el número total de etarras beneficiados por el actual Gobierno social comunista asciende a 95 en la actualidad. Los pactos de investidura incluyeron la inmediata transferencia al Gobierno vasco de la competencia en materia penitenciaria lo que comportará, de no remediarse, una amnistía encubierta y una inmediata excarcelación de la población reclusa etarra que cumple condena en la actualidad. En un gesto inédito de un Presidente del Gobierno, el Sr. Sánchez se pronunció en el Senado el pasado 8 de septiembre sobre el suicidio de un preso etarra en la prisión donostiarra de Martutene, a quien se refirió como “preso vasco” (asumiendo la terminología empleada por el PNV y la autodenominada “Izquierda Abertzale” para victimizar al colectivo etarra intentando hacer ver que el motivo de su encarcelamiento no son sus acciones terroristas sino su condición de ciudadanos vascos) en los siguientes términos: «Lamento profundamente su muerte».

EH BILDU elogió lo que calificó de “paso simbólico” del Presidente Sánchez con tales manifestaciones públicas. «Los líderes independentistas no son de fiar». Palabras que también dedicó el Sr. Sánchez durante los procesos electorales de 2019 al separatismo. Comenzó su último debate electoral, previo a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, asegurando que «no es no y nunca es nunca» en referencia a que nunca pactaría con el separatismo. También afirmó categóricamente refiriéndose al ex Presidente de la Generalidad catalana, Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia: “Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la justicia”. Sin embargo, el Sr. Sánchez acabó postrado ante el golpismo catalán para conseguir que las 13 abstenciones de ERC le permitieran también llegar a La Moncloa.

El precio de su apoyo fue permitir la consumación del golpe de Estado que, 2 años atrás, se había perpetrado en Cataluña. El Sr. Sánchez ha rendido nuestro Estado de Derecho mediante (i) el retorcimiento del posicionamiento técnico de la Abogacía del Estado en el conocido como juicio del “procés” sustanciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se saldó con el cese de quien había sido Abogado del Estado-Jefe en el Departamento penal de la Abogacía General del Estado durante los últimos 20 años por negarse a rebajar, pese a las presiones de la entonces Ministra de Justicia y hoy Fiscal General del Estado, la calificación delictiva de los hechos enjuiciados; (ii) la absoluta inacción frente a la Administración penitenciaria catalana pese al otorgamiento de privilegios penitenciarios ilegales a los golpistas condenados que ha motivado su inmediata excarcelación; (iii) la reapertura de las “embajadas” catalanas en el exterior; (iv) el incumplimiento de su promesa de promover las acciones necesarias para que el prófugo Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia española y a quien, lejos de perseguir, ha beneficiado, poniendo a su disposición la televisión de todos los españoles, TVE, como un altavoz privilegiado, en una entrevista realizada el pasado lunes, 28 de septiembre, en la que el prófugo llegó a acusar a S.M. el Rey de ponerse al frente de un “golpe de Estado” en 2017; (v) la permisividad frente a un Presidente de la Generalidad catalana inhabilitado (cuya condena por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de ayer, 28 de septiembre); (vi) el anuncio por parte del Ministro de Justicia, en sede parlamentaria, el pasado 23 de septiembre, de la inmediata tramitación de los indultos de los golpistas condenados en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado; (vii) la anunciada reforma del Código Penal español para rebajar las penas anejas al delito de sedición que, si bien se ha justificado por la Portavoz parlamentaria del Grupo socialista, la Sra. Adriana Lastra, el pasado 25 de septiembre en el curso de una entrevista en televisión, en que “tenemos un Código Penal que tiene 200 años y que, por lo tanto, hay que modernizar y renovar estos delitos y hacerlos acordes a la sociedad del siglo XXI”, responde a una nueva concesión al golpismo catalán con la finalidad de beneficiar a los golpistas condenados en el juicio del “procés” y facilitar el regreso a España del prófugo Puigdemont, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (añadiremos que el Código Penal español actualmente vigente fue aprobado en el año 1995 y, por tanto, no tiene una antigüedad de 200 años); y, como reivindicación esencial, (viii) la constitución de la mal denominada “Mesa de diálogo” con los separatistas catalanes, en plano de igualdad con el Gobierno de España, con presencia de un “mediador”, y la amnistía de los golpistas condenados y la “autodeterminación” de Cataluña entre los aspectos a debatir por exigencia de ERC (aceptada por el Sr. Pedro Sánchez). El Sr. Sánchez Pérez-Castejón mintió.

Y por ello el actual Gobierno social comunista es un Gobierno legal -en la medida en que se ha constituido siguiendo todos los trámites constitucionales y legales- pero ilegítimo.

II. De la gestión criminal de la pandemia de enfermedad por coronavirus. La COVID-19 es una pandemia que se ha extendido a nivel mundial a lo largo del año 2020, afectando a todos los países, pero cuyos resultados han sido muy diversos según la gestión desarrollada por los diferentes Gobiernos. Y entre ellos, España, pese a ser el país que ha adoptado las medidas más restrictivas para combatir el virus, lidera los rankings mundiales de los efectos catastróficos del coronavirus sobre la población y la economía nacional.

De manera particular, bajo la responsabilidad directa del Gobierno social comunista luego de la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional y su designación como Mando único desde el 14 de marzo:

1. España es líder en sanitarios contagiados: 61.537 sanitarios contagiados según datos del 23 de septiembre de 2020. Unos profesionales a quienes se envió a una auténtica guerra sanitaria sin más armas que bolsas de basura para cubrirse.

2. Récord de ancianos fallecidos en residencias: 20.319 ancianos con diagnóstico o síntomas de coronavirus según datos publicados por los medios de comunicación a fecha 27 de septiembre de 2020 (no disponemos de la cifra exacta porque el Gobierno se niega a proporcionarla). Unos ancianos que, según hemos conocido con posterioridad por declaraciones de la Patronal de las residencias, fueron deliberadamente abandonados durante el Mando único asumido por el Gobierno de España, bajo la responsabilidad directa del Vicepresidente Segundo del Gobierno, el Sr. Iglesias. “Pedimos medicinas para los ancianos y nos dieron morfina y sedación”.

3. Miles de víctimas mortales como consecuencia del coronavirus deliberadamente ocultas por el Gobierno presidido por el Sr. Pedro Sánchez. Mientras el Gobierno reconoce de manera oficial, a la fecha, 31.232 fallecidos por la COVID-19, el exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia supera ya las 56.000 personas en España. 25.000 fallecidos a quienes el Gobierno social comunista niega su condición de víctimas de la COVID.

4. Ausencia de un plan para la vuelta al colegio de los estudiantes españoles en el mes de septiembre. La Ministra del ramo, la Sra. Isabel Celaá, se ha limitado a reiterar desde el mes de julio que la vuelta al colegio de los escolares españoles es irrenunciable, pero ha descargado en las Comunidades Autónomas su ejecución concreta. Es un Gobierno ausente que, con una intencionada dejación de sus funciones, ha abandonado a los más de 8.000.000 de alumnos menores que retornaban a las aulas en el mes de septiembre.

5. Encuesta de Población Activa (EPA): Según datos de la EPA del segundo trimestre de 2020, hay 55.000 parados más (un total de 3.368.000 parados) y más de un millón de empleos destruidos. La tasa de paro se sitúa en el 15,33%. El dato de paro registrado durante estos tres meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012. El descenso de la ocupación ha superado todos los registros históricos de la EPA, incluidos de los de la crisis de 2008.

6. En el mes de agosto (últimos datos publicados por los medios de comunicación dado que el Gobierno no facilita cifras oficiales), más de 150.000 trabajadores en ERTE seguían sin cobrar la prestación, según los gestores administrativos. El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos advertía en junio de 2020 que más de 240.000 empresas habrán cerrado en España antes de finalizar el año y 52.000 convertirán los ERTEs en EREs, según la encuesta realizada entre sus colegiados. A 48 horas de la finalización del plazo de vigencia de los ERTEs (30 de septiembre), el acuerdo con los agentes sociales sobre su prórroga y las condiciones de la misma seguía sin haberse alcanzado, situando a la economía nacional en un escenario de total inseguridad.

7. La economía nacional sufre la mayor recesión mundial. La debacle sufrida por la economía española en el segundo trimestre del año 2020, con un descenso interanual del 21,5% y una caída histórica del PIB del 17,8%, no solo es la mayor de su historia en tiempos de paz, sino que también la sitúa como la más castigada del mundo, de acuerdo con los datos internacionales recogidos por Bloomberg a fecha de agosto de 2020. Con la fuerte contracción del PIB en el segundo trimestre, España entra en recesión técnica. Hasta ahora la mayor contracción anual del PIB era la del segundo trimestre de 2009, cuando la economía española bajó un 4,4% interanual, según la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo, INE) y que arranca en 1970.

8. Las colas del hambre: Los bancos de alimentos afirman que “están desbordados en toda España”. En el mes de mayo de 2020 el Gobierno municipal de Madrid presentó un estudio que revela que: “El 38% de los hogares de la ciudad de Madrid ha visto reducidos sus ingresos por la crisis, y en un 9% de los hogares la disminución ha sido superior al 50%”.

9. Política irresponsable en materia de inmigración ilegal. La actuación del Gobierno en materia de inmigración ilegal se ha caracterizado por la irresponsabilidad. En un momento en que las fronteras se encontraban cerradas y limitadas al tráfico legal de personas, no ha sucedido lo mismo con respecto del flujo migratorio ilegal que invade nuestras costas día tras día.

El Gobierno es cómplice de una invasión migratoria silenciosa que, en cifras del último informe del Ministerio del Interior elaborado con datos de hasta el 31 de agosto de 2020, registran un total de 13.796 inmigrantes que han accedido a España de manera ilegal. Son un 26% menos con respecto al año anterior, aunque lo significativo ha sido un aumento extraordinario de embarcaciones con respecto a las cifras del año pasado (37,4% adicional), con 830 embarcaciones hasta el 31 de agosto. Esto ha supuesto un aumento de la presión logística que obedece a factores de rutas migratorias internacionales y aumento de la presión por parte de Estados como Argelia. Casi la mitad de los ilegales parten de las costas argelinas en lo que va de año. El Gobierno social comunista ha sido irresponsable no sólo por permitir la entrada de inmigrantes ilegales a nuestras costas, sino por alentar las llegadas fomentando el efecto llamada con sus políticas y mensajes de inclusión permanentes.

El Gobierno, además, se ha caracterizado por una nula capacidad diplomática en términos de negociaciones con los Estados origen de inmigrantes ilegales, puesto que no ha logrado que Estados como Argelia, Marruecos y Mauritania lleguen a controlar las salidas de sus fronteras, en un claro ejercicio de extorsión a España con presiones migratorias asfixiantes. Un país como España está siendo extorsionado por países del tercer mundo y no se hace nada para impedirlo.

El Gobierno, además, ha sido escandalosamente irresponsable con respecto a la Salud Pública. En un momento de pandemia en que se encontraban cerradas nuestras fronteras para cualquier flujo salvo para la inmigración ilegal, el Gobierno ha permitido las entradas de inmigrantes ilegales, y ha puesto en libertad a los recién llegados a las 24/48 horas sin realizar pruebas de contagio en muchísimas ocasiones, y permitiendo y facilitando desplazamientos interprovinciales en un momento en que ni los propios españoles podían cruzar la línea entre sus provincias. Además, y de manera sangrante, el Gobierno no ha protegido a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni al personal de Salvamento Marítimo, pues al inicio de la pandemia no les facilitaba ningún tipo de material de protección para las recepciones. A día de hoy, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  siguen abandonados por el Gobierno y siguen jugándose su salud y la de sus familias en cada intervención diaria, pues no se les facilita la realización de test de manera frecuente ni se garantiza su salud en el desempeño de sus funciones.

El Gobierno ha sido irresponsable porque ha procedido al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (se ha ordenado su reapertura a finales de este mes, gracias a la presión ejercida por VOX, de manera coordinada, en los Ayuntamientos, en los Parlamentos regionales, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo).

Con la excusa de la imposibilidad de realizar repatriaciones a los Estados de origen se ha procedido al cierre de tales centros, aunque al mismo tiempo se han estado improvisando Centros de Atención Temporal con tiendas de campaña o desalojando albergues en algunos a puntos de España, como Víznar (municipio granadino de menos de 1.000 habitantes con un elevado porcentaje de población española de riesgo), lugares de los que ha habido fugas frecuentes de los extranjeros recién llegados, en muchos casos de personas positivas o en cuarentena. Andalucía ha sido la peor parada con 5.600 llegadas, aunque la presión migratoria sobre Canarias es absolutamente asfixiante y ha supuesto un aumento del 600% en llegadas con respecto del año anterior.

El CETI de Melilla ha sufrido uno de los espectáculos más lamentables con el motín del pasado mes de agosto que dejó 9 agentes heridos y además culminó con una inaceptable cesión por parte del Gobierno presidido por el Sr. Pedro Sánchez a las pretensiones y extorsión de los amotinados, facilitando su traslado a la península tal y como se reclamaba por parte de los internos. Por último, no se han tomado medidas de ningún tipo para impedir que ONGs que trafican abiertamente con seres humanos hayan continuado su actividad tanto en el Mediterráneo, como en las aguas entre Mauritania, Marruecos y las Islas Canarias.

10. La mentira como instrumento de supervivencia. El actual Gobierno social comunista no solo se alzó a La Moncloa a lomos de la mentira sino que ha hecho de la mentira su seña de identidad como un instrumento de supervivencia en el poder. Esta falta de transparencia se ha puesto en evidencia, singularmente, durante la gestión de la pandemia motivada por la COVID-19.

Así, a la ya mencionada ocultación intencionada del número real de fallecidos por coronavirus, se añade la misma ocultación del peligro real del virus en sus orígenes –disponía de informes de febrero de 2020 y sabía en marzo que habría un aumento exponencial de casos. El 31 de enero el Sr. Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y Portavoz del Ejecutivo durante la pandemia, señaló que “España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado”.

El 23 de febrero se atrevía a afirmar, mintiendo deliberadamente a la ciudadanía, que “En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad”. Añadiendo el 4 de marzo que “No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus”. El Gobierno mantuvo oculta la información de la que ya disponía, incumpliendo las recomendaciones de finales de febrero de la OMS y de principios de marzo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, para poder celebrar su manifestación ideológica convocada el 8M; y, apenas 24 horas después de su celebración, es cuando el Gobierno lanzó una alerta pública sobre la gravedad de la pandemia y comenzó a adoptar medidas, pero el contagio ya había alcanzado cotas muy peligrosas y la expansión del virus era, como se demostró, imparable. Más de 120.000 personas se concentraron solo en Madrid, sin medidas de seguridad y “Sin miedo al coronavirus”, como podía leerse en algunas de las pancartas que se exhibieron ese día (también “Prefiero que me mate el coronavirus al machismo”). Cinco días después de la concentración los hospitales de la Comunidad de Madrid ya habían multiplicado por cuatro el número de ingresos por coronavirus.

Entre las múltiples evidencias de la intencionada ocultación de información por parte del Gobierno presidido por el Sr. Sánchez, particularmente ilustrativas fueron las palabras de la Ministra de Igualdad, la Sra. Irene Montero, difundidas por un televisión vasca. Así, el 9 de marzo, al día siguiente de la manifestación por el Día de la Mujer que ella misma promovió desde el Ministerio de Igualdad, la Sra. Montero reconoció que la fuerte bajada en la participación en las marchas se debió al coronavirus. «No lo voy a decir porque no lo voy a decir. Quiero ser muy prudente, creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena, muy basada en los datos médicos. Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay».

En la conversación off the record con la periodista, la Sra. Montero admite que había países europeos que ya estaban tomando medidas «superdrásticas» y que a pesar de ello «la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada». «Pero en verdad creo que sí. La cosa es, si tienes síntomas no te muevas mucho….». Y, refiriéndose ya a la propia manifestación, llega a decir que «esto es ya cierre del ministerio». «Porque la gente todo el rato: ‘Un beso ministra, ¿te puedo dar un beso?». «Bueno, dicen el coronavirus, pero da igual, muac muac. Y con la niña: ‘Hola, bonita, cómo estás’… Y es como, la mano no. Justo la mano no»», relataba representando lo que ocurría en la marcha y lo que ella misma pensaba sobre la falta de distancia social. Tres días después de esas palabras, se anunciaba que la Ministra de Igualdad había dado positivo por coronavirus. Las mentiras del Gobierno social comunista durante la gestión de la pandemia han sido groseras y de una gravedad extrema: desde el número de tests PCR realizados a la población española, pasando por la no recomendación gubernamental del uso de mascarillas (“No es necesario que la población use mascarillas”, afirmaba el Sr. Fernando Simón en abril de 2020) que, con posterioridad, el mismo Sr. Fernando Simón reconoció que fue debida no a razones sanitarias sino a la incapacidad del Gobierno de proveer a la población del citado material sanitario (“No pedimos mascarillas porque había escasez”, reconoció el Sr. Fernando Simón en mayo de 2020). Mención especial merece el bulo gubernamental sobre el supuesto “comité de expertos” que asesoraba al Gobierno en la desescalada y que ha acabado conociéndose que era otra mentira del Ejecutivo (así se reconoció por el Ministerio de Sanidad en un oficio remitido al Defensor del Pueblo). Durante semanas el Gobierno se resistió, de manera reiterada, a facilitar la identidad de los expertos que, supuestamente, estaban decidiendo qué territorios de España pasaban a una fase u otra en la conocida como “desescalada” del confinamiento total. El Sr. Fernando Simón se negó a revelar la identidad de los expertos que componían este equipo alegando que lo hacía para que no fuesen “objeto de presiones”: “No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad”. Ni hubo Comité, ni hubo expertos.

La desescalada se acordó por el Gobierno de España no en atención a criterios sanitarios sino atendiendo a criterios políticos como singularmente se puso de manifiesto en el trato privilegiado que se otorgó al Gobierno vasco en la toma de decisiones según se iba necesitando su apoyo en el Congreso de los Diputados para las prórrogas sucesivas del estado de alarma decretado.

España encabeza todos los rankings de muerte, ruina y número de contagiados por causa de coronavirus. Y, en estas circunstancias dramáticas, el Gobierno de España más sobredimensionado y caro de la Democracia decidió irse en pleno de vacaciones durante el mes de agosto. A las puertas de una segunda ola de contagios, en la que ya nos encontramos inmersos, y de la que el actual Presidente del Gobierno se ha mantenido ajeno por completo mientras disfrutaba de unas suntuosas vacaciones en el Palacio de La Mareta de Lanzarote y en la finca de las Marismillas en Doñana por tiempo superior al que disfrutó en el año 2019, cuando tuvo que emplear parte del periodo estival en intentar cosechar los apoyos necesarios que evitaran la repetición de los comicios. Un prolongado período de descanso que el Ejecutivo ha podido disfrutar gracias al bloqueo en el Congreso de los Diputados, a través de la mayoría social comunista del PSOE y Unidas Podemos, de la petición que el Grupo Parlamentario VOX vino reiterando desde el pasado mes de mayo de habilitar los meses de julio y agosto para poder celebrar Sesiones plenarias extraordinarias.

El pasado mes de julio el Presidente del Gobierno afirmaba públicamente durante un acto electoral en Galicia: “Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva… Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle. Hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.

Hay que recuperar la economía. Hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.” España, hoy, dos meses después de dichas declaraciones, encabeza la segunda ola de expansión de la pandemia en Europa. Somos el país con más contagios desde el verano y también el que notifica más ingresos hospitalarios y más fallecidos. El Ministerio de Sanidad reconoce 2.800 fallecidos oficiales desde julio, pese a que el INE registra un exceso de mortalidad de 8.600 personas. En estas circunstancias dramáticas, el Gobierno
social comunista antepone sus intereses políticos en la toma de decisiones.

A la ya mencionada dejación absoluta de funciones desde que el pasado 21 de junio cesaran los efectos del estado de alarma, situando sobre las Comunidades Autónomas toda la responsabilidad en la lucha contra una pandemia que no entiende de fronteras, se suma, singularmente, el desprecio hacia la vida, la salud y la economía de los españoles que el Gobierno muestra cuando, al margen de criterios sanitarios, exige unas medidas diferenciadas según los territorios, en base, exclusivamente, a motivaciones políticas.

Alentando los partidos en el Gobierno los desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid y atacando públicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, con enorme profesionalidad y proporcionalidad, se vieron obligados a intervenir el pasado 24 de septiembre para proteger la Asamblea de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, ante los ataques de los violentos antisistema que se habían congregado a su alrededor. La intervención policial concluyó con 4 detenidos vinculados con grupos de extrema izquierda y 6 personas heridas, entre ellos 4 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía.

III. De la degeneración democrática y el asalto a los contrapoderes llamados a limitar al Poder Ejecutivo. El actual Gobierno social comunista no tiene un proyecto de país. Tiene un proyecto de poder. Y ese proyecto pasa por imponer en España un cambio de Régimen que exige someter –y neutralizar- a todos y cada uno de los contrapoderes que están llamados a frenar al Poder Ejecutivo.

Durante la gestión de la pandemia fuimos testigos de cómo el Gobierno presidido por el Sr. Pedro Sánchez aprovechaba la crisis sanitaria para consumar un golpe institucional en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de marzo, 5 días después de decretarse el estado de alarma en todo el territorio nacional. No era la primera embestida del actual Gobierno social comunista a nuestra Democracia porque, con anterioridad, vimos caer centenarias Instituciones que en nuestro Estado de Derecho están llamadas a defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Pero sí encontró en la pandemia un aliado inesperado en su objetivo de transformación de nuestro modelo de sociedad para implementar en España un cambio de Régimen que nos aproxima al modelo chavista venezolano que inspira, en particular, al Sr. Pablo Iglesias. Primero fue la Abogacía del Estado. Doblegada políticamente por el Ejecutivo y convertida en la Abogacía del Gobierno. Llegó a ser la Abogacía de ERC y, el Sr. Gabriel Rufián, el Portavoz que anunciaba sus dictámenes.

Se producía en su seno una purga de todos aquellos servidores públicos leales al Estado –que no a los intereses partidistas del Gobierno. Entre ellos, quien fuera la Abogada del Estado-Jefe en el Ministerio de Hacienda, cuya intervención como perito en el juicio del “procés” fue decisiva para conseguir la condena de los golpistas catalanes por malversación. Su cese, después de 17 años en el cargo, se ejecutó el pasado mes de febrero, el mismo día en que se constituía la Mesa de la traición entre el Gobierno de España y el desleal Gobierno de la Generalidad de Cataluña, con su Presidente inhabilitado (hoy ya mediante Sentencia firme del Tribunal Supremo) a la cabeza. A continuación, llegó el asalto al Ministerio Fiscal y, por ende, el primer envite al Poder Judicial dentro del cual se encuentra integrado y cuya independencia está llamado a proteger.

“La Fiscalía, ¿de quién depende?”. “¿De quién depende?”. “Sí, sí, depende del Gobierno”. “Pues ya está”. En tales términos se pronunciaba literalmente el Sr. Pedro Sánchez en el curso de una entrevista en radio apenas unos días antes de la celebración de las elecciones generales de noviembre de 2019. Y, con ello, mostraba su más absoluto desprecio hacia nuestra Democracia representativa.

Una vez electo Presidente del Gobierno, el nombramiento de la Sra. Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, hasta el día anterior Ministra socialista de Justicia, otorgó al Gobierno un control de la Justicia desde su mismo corazón y, como así se ha evidenciado con posterioridad, una garantía de impunidad en su acción criminal. Si el pasado mes de mayo la Fiscal General afirmaba en una entrevista que se iba a “investigar todo” sobre la gestión de la pandemia porque “las víctimas son una prioridad”, el pasado 14 de septiembre el Ministerio Público proponía al Tribunal Supremo la inadmisión de plano de las 51 querellas interpuestas contra el Gobierno presidido por el Sr. Pedro Sánchez por su gestión criminal. VOX anunció, y así ha ejecutado, que recurriría el nombramiento de la Sra. Dolores Delgado ante el Tribunal Supremo.

Los ataques se perpetraron también contra el Instituto Armado a quien el Sr. Pedro Sánchez llegó a calificar en sede parlamentaria, en el mes de junio de 2020, de “policía patriótica”. A lo largo de estos meses hemos conocido indignos ceses de servidores públicos en el seno de la Guardia Civil por advertir sobre la falta de fondos reservados en el seno de la Unidad Central Operativa para combatir la corrupción o negarse a informar a los Mandos políticos de las investigaciones judiciales en curso, ejecutados por un Ministro del Interior que ha abandonado a todos los Colectivos de servidores públicos que dependen de su Ministerio (singularmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios de Centros Penitenciarios) y que pasará a la posteridad por su actuación al servicio de las mafias de trata de seres humanos y de los proetarras. Advertía ahora hace un año el Presidente de VOX y hoy candidato a la Presidencia del Gobierno de España, el Sr. Santiago Abascal Conde, que derrocar la Monarquía es uno de los objetivos del actual Gobierno social comunista, además de destruir la reconciliación de los españoles y reescribir la Historia, y que la profanación de la tumba del General Franco era tan solo la excusa.

El jaque al Rey se anunciaba por Unidas Podemos durante el confinamiento en la “España de los Balcones”, que dividieron, a través de sus infames caceroladas. “Hay que avanzar y construir alianzas para avanzar hacia un horizonte republicano, tiene que ser una tarea política fundamental de Podemos en los próximos tiempos”, proclamaba el Vicepresidente Segundo en un acto político celebrado el pasado 19 de septiembre. Y ello porque el Rey es, precisamente, el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, según expresa nuestra Constitución española, y las ansias desmedidas de poder del Sr. Pedro Sánchez le hacen aprovechar los movimientos antisistema de Unidas Podemos para colmar sus aspiraciones de erigirse en el Jefe del Estado.

El último acto de deslealtad constitucional ha tenido lugar el pasado 25 de septiembre cuando, por primera vez desde que S.M. el Rey Felipe VI asumiera la Jefatura del Estado, no ha podido presidir el acto solemne de entrega de los despachos a los nuevos jueces de la 69 promoción. Por un infame veto del Gobierno que, si en un primer momento filtraron a los medios que resultaba debido a – injustificables- razones de seguridad, y con posterioridad intentaron achacar falsamente a la voluntad de S.M. el Rey –quien, en un acto de cortesía y normalidad institucional trasladó mediante llamada telefónica al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que “Me hubiera gustado estar en Barcelona”-, se ha acabado reconociendo por el Ministro de Justicia en el día de ayer, 28 de septiembre, que fue debido a una nueva concesión ilegítima por parte del Gobierno de España al separatismo catalán (“motivos de convivencia” ha invocado el Ministro). Los ataques a la Corona que se han producido desde el pasado viernes por parte de miembros del Ejecutivo ahondan en la “crisis constituyente” que este Gobierno social comunista está provocando intencionadamente y que fue reconocida por el mismo Ministro de Justicia en sede parlamentaria el pasado 10 de junio.

En sendas publicaciones en sus redes sociales afirmaban el Sr. Pablo Iglesias y el Sr. Alberto Garzón el pasado 25 de septiembre: “Respeto institucional significa neutralidad política de la Jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales”. “La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible.” Ataques públicos que también han sido ejecutados por parte de miembros de la misma Mesa del Congreso de los Diputados, con la permisividad de su Presidenta, la Sra. Meritxell Batet, a través del Secretario Primero de la Mesa, el Sr. Gerardo Pisarello, quien, en esa misma fecha, afirmaba en sus redes sociales: “Esta llamada no autorizada políticamente de Felipe VI es un acto abierto de desobediencia constitucional, inaceptable en una Monarquía sometida al principio democrático. Por este camino, serán la prepotencia y la ineptitud de los Borbones las que precipitarán su fin”. Hasta tal punto ha llegado la deriva totalitaria de este Gobierno social comunista que, en el día de ayer, 28 de septiembre, Unidas Podemos anunció una iniciativa parlamentaria para que se impida por Ley que el Rey pueda dar discursos sin el aval del Gobierno.

Con la llegada de la COVID-19 y el estado de alarma, el actual Gobierno social comunista encontró su oportunidad para asestar el golpe definitivo a nuestra Democracia, imponer su agenda ideológica y hacer rapiña de la miseria que estaba asolando a España. Primero blindaron al Sr. Pablo Iglesias en la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia a través de uno de los Reales Decretos-Leyes de medidas de lucha contra el coronavirus.

VOX anunció, y así ha ejecutado, que recurriría su nombramiento ante el Tribunal Constitucional. Apenas 5 días después de decretarse el estado de alarma, el Gobierno presidido por el Sr. Pedro Sánchez aprovechaba la crisis sanitaria para consumar un golpe institucional en el Congreso de los Diputados, de la mano de su Presidenta, la Sra. Meritxell Batet, ordenando la paralización de toda la actividad parlamentaria, incluida, por tanto, la actividad de la oposición de control del Ejecutivo social comunista, con flagrante vulneración del artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Por primera vez en la historia reciente de nuestra Democracia se había silenciado la voz del pueblo español expresada en las Cortes Generales. VOX anunció, y así ha ejecutado, que recurriría ante el Tribunal Constitucional la mordaza impuesta al Congreso. El asalto se ha extendido a otras Instituciones Públicas como el CIS o RTVE, que se han visto despojados de todo su prestigio, rigor y neutralidad. Cabe recordar el barómetro especial sobre la COVID-19 publicado en el mes de abril de 2020 en el que el CIS preguntaba a la ciudadanía si se debía limitar la libertad de información de los medios de comunicación para evitar la propagación de bulos (“¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”). Finalmente no fue necesario amordazarlos porque lo que hizo el actual Gobierno social comunista fue sobornarlos, incluyendo en uno de los Reales Decretos-Leyes de medidas de lucha contra el coronavirus una subvención por importe de 15.000.000 euros, a los que ahora se sumarán 100.000.000 euros adicionales en publicidad institucional.

IV. Del inconstitucional cercenamiento de los derechos y libertades del pueblo español. VOX fue el primer partido político que, ante la gravedad de la extensión de la pandemia, exigió al Gobierno de España asumir un Mando único y declarar el estado de alarma. Concretamente, así se exigió públicamente por el Presidente de VOX y hoy candidato a la Presidencia del Gobierno de España, el Sr. Santiago Abascal Conde, el pasado 10 de marzo.

Informes posteriores revelaron que, de haberse declarado el estado de alarma no el 14 de marzo sino una semana antes, España habría evitado un 62% de casos de coronavirus. Ante la grave situación creada por la pandemia causada por la COVID-19, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias que contribuyeran a preservar la salud y seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, a la excepcionalidad de la situación, en un Estado de Derecho, sólo podía hacérsele frente dentro de los mecanismos constitucionales y no al margen de los mismos. Únicamente reafirmando la primacía de la Constitución, como manifestación originaria de la soberanía nacional, saldría nuestra Democracia fortalecida de esta crisis. En efecto, resulta claro que en el estado de alarma el Gobierno no puede hacer cualquier cosa, sino que ha de ceñirse a las medidas permitidas para dicho estado por el bloque de la constitucionalidad. Singularmente, respetar la prohibición constitucional de suspender derechos fundamentales con ocasión de la declaración del estado de alarma.

Y es absolutamente incontestable que el Gobierno, a través de los sucesivos Reales Decretos que prorrogaron el estado de alarma decretado, se excedió notoriamente de aquellas medidas permitidas, infringiendo la Constitución española y vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos a quienes acabó confinando en un estado de excepción encubierto en el que, uno a uno, les fue arrebatando los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos constitucionalmente en los artículos 16, 19, 17, 21, 25, y 27, junto a los derechos previstos en los artículos 35 y 38, todos ellos, de nuestro Texto fundamental. VOX anunció, y así ha ejecutado, que procedería a su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

V. De la corrupción vinculada a narcodictaduras y regímenes totalitarios. El pasado mes de agosto conocíamos la imputación de Unidas Podemos y parte de sus dirigentes políticos por presunta financiación ilegal. Desde entonces, así el Presidente del Gobierno, el Sr. Pedro Sánchez, como el mismo Vicepresidente Segundo, el Sr. Pablo Iglesias, se han negado a ofrecer las cumplidas explicaciones que son debidas a la ciudadanía. Mucho menos se han adoptado las obligadas medidas de regeneración democrática que pasarían por una dimisión en bloque de los miembros del Gobierno en coalición que pertenecen al partido imputado. Decía en el Congreso de los Diputados el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno durante el discurso pronunciado en la moción de censura presentada contra el Gobierno presidido por el Sr. Mariano Rajoy, el Sr. Pedro Sánchez, en el mes de mayo de 2018, que: “Esta moción, señorías, ustedes lo saben bien, nace de la propia Constitución como mecanismo lógico de censura y de exigencia de responsabilidades políticas de este Parlamento a este Gobierno. Por tanto, nace de la incapacidad, señor Rajoy, de su incapacidad para asumir en primera persona las responsabilidades políticas que toda España y la mayoría de esta Cámara le exigen tras el conocimiento de la sentencia de la Gürtel. Responsabilidades políticas que serían automáticas en cualquier democracia homologable a la nuestra”. Para continuar afirmando: “Señorías, La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado. Pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de nuestra democracia, si a la sensación de impunidad y a la lógica por la envergadura de los hechos que están siendo investigados, la lógica respuesta lenta de la Justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos. La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad. La sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública el pasado 24 de mayo, sobre el Caso Gürtel, y más aún la ausencia de respuesta del poder Ejecutivo que pretende ponerse de perfil, de nuevo, una vez más, ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la Justicia, no admitiría –como he dicho antes- más salida que la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra. Por esta razón, y en este punto, quiero subrayar que quien activa esta moción de censura es hoy el presidente del Gobierno de España”.

El Sr. Sánchez Pérez-Castejón mintió. Porque los hechos posteriores han demostrado que la lucha contra la corrupción nunca fue ni es su objetivo. Sólo así se entiende que el hoy Presidente del Gobierno critique la corrupción cuando afecta a un partido de la oposición, el Partido Popular, y la oculte cuando quien se ve gravemente salpicado es su socio de gobierno, Unidas Podemos. Hasta el punto de impedir, con su mayoría en el Congreso de los Diputados, que pueda darse curso a una Comisión de investigación sobre hechos tan graves.

Un veto que la Portavoz del Grupo socialista en el Congreso de los Diputados, la Sra. Adriana Lastra, justificaba en la Junta de Portavoces, celebrada el pasado 8 de septiembre, en el hecho de que todas las denuncias que se han presentado contra Unidas Podemos por financiación irregular han sido archivadas –decía-, añadiendo que la formación política imputada ha dado ya múltiples explicaciones en relación con la cuestión de fondo y se ha puesto a disposición de la justicia en el marco de la investigación abierta en sede judicial. Como sólo así se entiende que cuando se conoce la condena del caso más grave de corrupción que ha conocido nuestra Democracia, el conocido como “caso ERE”, con 679.412.179,09 euros de dinero público defraudado, dinero público que estaba destinado a ayudar a empresas en dificultades y parados, y que fue malversado por el Gobierno socialista andaluz durante 10 años, lejos de condenarlo, las palabras del actual Presidente del Gobierno no fueran de rechazo ni para retractarse del apoyo público que había trasladado a dos de los principales implicados, hoy condenados, los ex Presidentes andaluces, los Sres. Griñán y Chaves. Tanto el Partido Popular como el PSOE se han visto salpicados, a lo largo de su historia, por casos de financiación ilegal. Lo más grave en el caso de la financiación ilegal de Unidas Podemos que está siendo investigada por la Justicia no es su ilegalidad, sino que se trata de un partido financiado por narcodictaduras y regímenes totalitarios que buscan desestabilizar Naciones como la nuestra.

Detrás también está el Foro de Sao Paulo y organizaciones recientes como el Grupo de Puebla, de la que son miembros la Sra. Irene Montero y el ex Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, junto con Evo Morales y Rafael Correa, entre otros (ambos con causas judiciales y sospechas fundadas de financiación a Unidas Podemos). La gravedad en el caso de la financiación ilegal de Unidas Podemos que investiga la Justicia radica en que están patrocinados por criminales.

Y mientras Unidas Podemos y, más específicamente, el Sr. Pablo Iglesias, basó la campaña electoral de abril de 2019 en un victimismo fingido que le situaba en el centro de una supuesta trama orquestada por las “cloacas del Estado y mediáticas”, hoy todas las informaciones judiciales que vamos conociendo apuntan a que, en realidad, es Unidad Podemos quien representa las auténticas cloacas. Pero sólo al actual Presidente del Gobierno y al PSOE cabe atribuirle la responsabilidad de su ascenso a La Moncloa. Porque sí se podía saber.

VI. De la quiebra de la concordia nacional y la deslegitimación de la Transición española. El pasado 15 de septiembre el Gobierno social comunista aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (en lo sucesivo, LMD), haciendo suyo el texto registrado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero, y avanzando en la quiebra de la concordia nacional y la deslegitimación de la Transición española que ya se inició con la aprobación por el Gobierno presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero de la Ley ideológica de Memoria Histórica en el año 2007. La LMD arrasa varios de los derechos fundamentales que definen a una democracia.

Destruye la libertad de pensamiento, investigación, expresión y cátedra: el Estado se arroga la definición de la Verdad histórica y su imposición totalitaria a la sociedad, desde las aulas escolares a los medios de comunicación. Vulnera la libertad de asociación, reservándose la competencia de disolver asociaciones que “hagan apología de la dictadura”. Atenta contra la libertad religiosa, pues se baraja la desacralización del Valle de los Caídos y la voladura de la mayor cruz del mundo. Si la supresión de la posibilidad misma de debate historiográfico es ya inaceptable, en este caso lo es más porque el Gobierno impone una versión maniquea de lo sucedido entre 1931 y 1978. La sociedad española se dividió en los años 30 en dos mitades, que lucharon a muerte en una guerra fratricida entre 1936 y 1939. En la Transición suscitamos la admiración del mundo por la magnanimidad con que nos perdonamos los crímenes respectivos.

El ex Presidente Zapatero reactivó el cainismo histórico para extraer un mezquino rédito político; ahora, el Presidente Sánchez profundiza en la reapertura de heridas, demonizando a media España. Pues se trata de eso: de identificar eternamente a la España de izquierdas con la libertad y la democracia, y a la de derechas con el crimen y el fascismo. De dividir a los españoles en buenos y malos; de declarar conmemorables solo a un tipo de víctimas, mientras se borra de la Historia a las otras. Muertos de primera y de segunda.

La LMD deslegitima a la Transición, despreciada como enjuague blanqueador del franquismo, y busca las bases morales de nuestra democracia en la Segunda República. Esta ley se inspira de hecho en normas –de triste recuerdo- de aquella época. La Vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado de “reencontrarnos con una historia brillante en las libertades”. ¿Se refiere a la Ley de Defensa de la República (1931) que penalizaba “la apología del régimen monárquico” (como ahora se penalizará la defensa del franquismo)? ¿O a la Constitución de 1931, que ordenó “la disolución de todas las órdenes religiosas que constituyan un peligro (¡?) para la seguridad del Estado” (como ahora se disolverá a los benedictinos del Valle)? La LMD instituirá el 8 de mayo como “Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio y el Fascismo”. Solo las víctimas de un bando merecen homenaje.

¿Por qué no sigue la Resolución del Parlamento Europeo de Septiembre 2019 que en su punto 5 pide a los Estados “hacer una evaluación clara de los crímenes perpetrados por los regímenes comunistas y nazi”, y recomienda la celebración del 23 de agosto como Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo)? VOX defiende la Libertad y que la Historia sea incumbencia de los historiadores, no de los políticos. Pero, si nos obligan, habrá que hablar de todo.

De cómo una izquierda en rápida bolchevización hizo descarrilar en los años 30 a la Segunda República, mediante la quema de conventos ya en mayo de 1931 y la definitiva ruptura de la baraja democrática en 1934, cuando la izquierda se levantó en armas -con 1.400 muertos en 26 provincias (y con Indalecio Prieto allegando armas en el buque “Turquesa”)- contra la victoria de la derecha en las elecciones de 1933. Y después, adulterando las actas de las elecciones de febrero de 1936 para establecer un Gobierno que se inhibiría de la revolución en marcha en la calle.

El Gobierno sectario ya retiró todos los honores a personajes de la derecha 1931-78. Pero sigue ahí la estatua de Largo Caballero, “el Lenin español”, que declaró: “Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder”, y escribió en Claridad: “Si triunfan [electoralmente] las derechas, tendremos que ir a la Guerra Civil”.

Y que presidió en 1936-37 el Gobierno bajo cuya jurisdicción se consumó el asesinato de decenas de miles de españoles –precedidos a veces de torturas por el delito de ir a misa o ser de derechas. La LMD anulará el juicio a Companys: así podrá borrarse de la Historia su responsabilidad, como presidente de la Generalitat, en la ejecución de 8.129 de catalanes en 1936-39 (entre ellas, Sara Jordá en 1938, que ayudaba a fugitivos del Terror rojo a pasar a Francia: cuando su hija pidió su indulto, Companys contestó: “para los traidores no hay piedad”). Y conservará sus calles La Pasionaria, que amenazó de muerte en las Cortes a Gil Robles y Calvo Sotelo (“Vd. ha hablado hoy por última vez”), como confirmó Josep Tarradellas mucho después. VOX ha anunciado, y puede prometer que cumplirá, que tan pronto se apruebe la LMD procederá a su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

Llegados a este punto, y a modo de epílogo, ningún otro Gobierno en Democracia ha acumulado tantos motivos para que su responsabilidad política sea exigida a través del instrumento constitucionalmente previsto, cual es la moción de censura. Nos encontramos ante el peor Gobierno, en el peor momento posible. Pero como en ningún sitio está escrito que España esté indefectiblemente condenada, hoy, los Diputados suscribientes, dan un paso al frente. Hay una alternativa. Devolvamos la voz al pueblo español y la esperanza de recuperar el presente y el futuro arrebatado por el actual Gobierno social comunista.

Por todo lo expuesto, y acompañando a este escrito la expresa aceptación como candidato a la Presidencia del Gobierno de España de D. Santiago Abascal Conde, que suscribe este documento, es por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, los Diputados suscribientes tenemos el honor de solicitar de la Mesa que admita este escrito para que, por el Congreso de los Diputados, se pueda exigir la responsabilidad política del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón mediante la adopción de la presente Moción de Censura.

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